La pandemia de COVID-19 posibilitó lo que se había planteado como imposible desde las instituciones gubernamentales durante más de dos décadas: el vaciamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros. “Hablamos de vaciamiento y no de cierre porque no había una orden generalizada de poner en libertad a las personas ni de cerrar los CIE, sino que se fueron analizando individualmente los casos dependiendo de las posibilidades de deportación, y según pasaban los días y no las había, fueron quedando en libertad”, explica Adrián Vives, portavoz de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el fin de las deportaciones CIEs NO.
Por ello, como han declarado a La Marea fuentes del Ministerio de Interior, una vez que acabe el estado de alarma el 21 de junio, “los futuros ingresos, tal y como establece la normativa, están supeditados a que haya una perspectiva real de retorno”. Es decir, el encarcelamiento de personas migrantes que no han cometido ningún delito, sino que se encuentran en situación administrativa irregular –una falta similar al impago de una multa– se reanudará en función de la posibilidad de deportarles a su país. La finalidad para la que oficialmente se crearon estos centros pero que durante la mayor parte de su existencia, hasta 2017 en concreto, encerraban a personas que en un 70% de los casos eran puestas en libertad tras pasar hasta 60 días entre sus muros.
A partir de finales de ese año, el Gobierno cambió el perfil de sus internos, centrándose en marroquíes y argelinos, con cuyos países el Ejecutivo mantiene acuerdos de readmisión. Por ello, en 2018, fueron expulsadas el 58,33% de las personas internadas en CIE, según datos del último informe del Servicio Jesuita a Migrantes –el de 2019 se hará público en julio–.
Desde la plataforma CIEs NO, que aglutina a ONG, asociaciones y movimientos sociales de todo el Estado español, temen que el Gobierno reanude las deportaciones “en cuanto puedan, teniendo en cuenta que en plena pandemia, intentó negociar la de 600 personas procedentes de Túnez que estaban en el CETI de Melilla. Finalmente no se llevó a cabo, no sabemos si por las protestas que protagonizaron ellas mismas, por toda la movilización que hubo en contra… o por qué», alerta Vives, especialmente vinculado con la situación del CIE de Zapadores, en Valencia, sobre el que este lunes publicaron un informe en el que denunciaban severas vulneraciones de derechos fundamentales cometidas supuestamente durante los dos últimos años.
Igualmente, exigían al Estado español que aclarase la muerte en julio de 2019 de Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 años que “acababa de sufrir una brutal paliza y, estando convaleciente, lo metieron solo en una celda de aislamiento para ‘protegerlo de sus agresores’, según la policía. Una hora antes de quitarse la vida denunció los dolores que sufría, pero nadie hizo caso”, subrayan en el documento.
Asimismo, recogen que a lo largo del más de millar de visitas que han realizado en este periodo, han documentado en esta “cárcel racista” las denuncias de unos 50 internos por trato intimidatorio, degradante o racista, el encierro de, al menos, 12 víctimas de trata y 11 menores, así como dos enfermos enfermas de VIH.
Liberados, pero aún en riesgo de expulsión
Casi 700 personas han sido puestas en libertad a lo largo de los meses del estado de alarma. Las que contaban con domicilio propio o redes de apoyo, volvieron a sus lugares de residencia habitual. Aquellas que no, como las que son internadas en estos centros tras llegar en patera o por vía aérea, fueron trasladadas a recursos de distintas ONG. Sobre ellas sigue pesando la orden de expulsión, por lo que pueden volver a ser detenidas en cualquier momento y devueltas a su país. “Este es uno de los aspectos que más nos preocupan porque la policía sabe la localización de todas ellas ya que fue esta la que les trasladó”, explica Vives.
Por ello, activistas de esta plataforma han continuado con la labor de acompañamiento que realizaban con sus visitas a los CIE, ahora manteniendo el contacto con las personas migrantes para dar la voz de alerta si vuelven a ser detenidos. “Hubo un reducido grupo de personas a las que le cambiaron la orden cautelar de internamiento en los CIE por la obligación de personarse cada 15 días en una comisaría para firmar. Nos preocupa que en una de esas veces, puedan ser detenidas, internadas o expulsadas”, añade Vives.
La Marea ha preguntado al Ministerio de Interior si antes de reanudar los encarcelamientos en los CIE tiene previsto aplicar las mejoras exigidas por el Defensor del Pueblo en 2018, a través del Mecanismo de Prevención contra la Tortura, que incluían garantizar la atención psicológica y psiquiátrica, la atención y presencia médica 24 horas, la historia clínica informatizada, la realización de analíticas sobre consumo o enfermedades infecto-contagiosas… entre otras cuestiones.
En este sentido, remiten al anuncio que el ministro Fernando Grande-Marlaska realizó en enero de 2019 de que se iban a “reformar todos los Centros de Internamiento de Extranjeros para garantizar un mayor respeto a la dignidad y a los derechos de las personas internadas”. El presupuesto previsto era de más de 33 millones de euros, a ejecutar en el periodo de tres años.
Desde la Campaña CIEs NO sostienen que “no aceptamos más reformas que el cierre definitivo de estos centros porque ninguna reforma va a hacer que se respeten los derechos humanos: los CIE son espacios que estructuralmente violan los derechos fundamentales al privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito, a menores, a víctimas de trata, y en los que se da violencia y maltrato policial… Eso no va a cambiar porque se cambien las infraestructuras. El problema solo se acabará cerrándolos”, concluye Vives.
