En España, la pobreza severa afecta a 2,5 millones de personas en la actualidad y un cuarto de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) que toma como referencia datos de Eurostat y el INE. Mientras, la presión tributaria en este país está cinco puntos por debajo de la media de la Unión Europea. La crisis de la COVID-19 ha puesto en jaque a una sociedad ya de por sí depauperada tras la recesión de 2008, que se cebó con los más débiles.
Ante esta situación, el Gobierno de coalición ha anunciado la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, llegará a un millón de hogares, es decir, a unos tres millones de personas. Los detalles son todavía desconocidos pero la propuesta ya ha sido tanto alabada como criticada desde diferentes sectores.
A finales de febrero, algunas semanas antes, Oxfam Intermón lanzaba una propuesta de Renta Garantizada (RG) que permitiría, con 6.400 millones de euros al año (el 0,55% del PIB), sacar a cuatro millones de personas de la pobreza severa. Según Liliana Marcos, coautora del informe, la propuesta del Gobierno parece guardar algunas similitudes con esta RG. También diferencias.
“Hemos hecho una propuesta con unos principios que se deberían cumplir sí o sí porque lo hacen más eficaz y permiten dar una mayor cobertura”, explica Marcos. Así, desde Oxfam consideran que esta renta debería ser ilimitada en el tiempo y también un ingreso subjetivo, es decir, que se mantenga sin depender de unos fondos concretos.
Estas condiciones, según los apuntes que se han hecho en los últimos días desde la vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, parecen contemplarse en el futuro IMV. La organización también reclama que la tramitación sea sencilla, que cuente con una ventana única y que los servicios sociales de los municipios den cobertura. “Todavía no está claro pero en este punto también parece que coincidiremos con el Gobierno”, matiza la coautora del informe. Otro de los principios propuestos por Oxfam es que el Ingreso Mínimo Vital no esté condicionado a no tener ningún tipo de ingreso, ya que de lo contrario “estás fomentando la economía sumergida”.
En otros puntos, la propuesta del Gobierno y la de Oxfam Intermón difieren. Por un lado, creen que el IMV no debe estar condicionado a la participación de los receptores en planes de inclusión, ni laborales ni de ningún tipo: “Con un paro estructural del 14%, esto es innecesario; el derecho a la inclusión social y el derecho a la renta tienen que ir por separado”, defienden en un momento en el que la última Encuesta de Población Activa arroja una cifra de personas desempleadas que supera los 3.500.000 parados. Un dato que, sin embargo, no recoge todavía los peores efectos de esta crisis. Finalmente, aseguran que la renta debe llegar también a las personas migrantes que se encuentran en situación irregular, aunque lo primordial es que estas dejen de estarlo: “No tiene sentido que la misma persona que no les deja trabajar les dé una ayuda”.
Con todo esto, y a pesar de las discrepancias en la relación de esta ayuda con las que ya ofrecen algunas comunidades autónomas, desde la organización ven con buenos ojos esta medida. “Nosotros creemos que el Estado del bienestar se construye poco a poco. Y, al estar las transferencias de renta tan poco desarrolladas en nuestro país, esto es un paso estupendo. Solo podremos alcanzar la Renta Básica Universal si ahora damos este paso”, celebran.
Esta RBU es la que defienden desde la Red Renta Básica, un ingreso que recibirían todos los ciudadanos y ciudadanas de un Estado por el mero hecho de serlo. Una asignación monetaria pública incondicional que permitiría a la población alcanzar un grado de libertad de elección inexistente hasta ahora. David Casassas, vicepresidente de la organización, ha elaborado un Consultorio de Urgencia sobre Renta Básica en La Marea para conocer mejor esta propuesta que, al contrario que lo que va a instaurar el Gobierno, “no es una renta para pobres”.
Ese carácter de renta de inserción es algo que tampoco gusta a ATTAC España, que se ha mostrado crítica con la propuesta del Gobierno de coalición, al considerar que las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez son “quizá bienintencionadas pero insuficientes y en cierta forma engañosas”. Aunque desde la organización aseguran llevar “más de 10 años defendiendo una Renta Básica Universal para toda la población”, proponen una Renta Básica de Cuarentena (RBc) como medida puente para alcanzar la RBU.
La RBc consistiría en “un ingreso en condiciones dignas” de unos 800 euros mensuales para las personas mayores de 18 años y de 300 euros para los menores. Esta renta la recibirían de oficio todos los ciudadanos y ciudadanas españoles, aunque algunas tendrán que devolverla al hacer la declaración de la Renta correspondiente a 2020 si sus ingresos han superado los 30.000 euros.
“Lo principal es la universalidad –defienden desde ATTAC– porque lo que se propone ahora es otra de esas rentas mínimas de inserción que ya hemos visto que son insuficientes y solo llegan a una mínima parte de la población que lo necesita”.
Y mientras una parte de la izquierda critica la medida por considerarla insuficiente, parte de la derecha ve con buenos ojos algunos aspectos de la renta propuesta por el Ejecutivo. El ex ministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro se ha mostrado favorable a implementarla, aunque recalcando que “se tiene que hacer bien”.
Luis de Guindos, exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, también asegura valorar de forma positiva un ingreso de este tipo, aunque de carácter “temporal”, mientras dure la crisis, y no permanente. Algo parecido ha propuesto el expresidente José María Aznar en un artículo en FAES. Desde otros sectores de la derecha, sin embargo, han vuelto a intentar establecer paralelismos entre España y Venezuela a raíz de la propuesta del IMV.
Los números
En su informe, Oxfam Intermón proponía una prestación por hogar equivalente al 30% del salario medio, es decir, una renta de unos 590 euros mensuales, con complementos según los menores a cargo. La asignación es todavía uno de los “flecos” de la propuesta del Gobierno, aunque según las informaciones publicadas, se espera que fluctúe entre los 500 y los 950 euros según las situaciones específicas, y no se podrá combinar con otras ayudas que el Ejecutivo haya puesto en marcha desde la declaración del estado de alarma.
Y, la pregunta más obvia: ¿cómo se paga todo esto? La propuesta presentada por Oxfam estaba cuantificada y, según sus cálculos, mediante una reforma impositiva se pueden recaudar 8.000 millones de euros. “La mitad de este aumento (un 51%) se originaría en el impuesto de sociedades, mientras que los cambios en el impuesto al patrimonio aportarían el 35% y el 15% restante saldría del IRPF, de gravar las rentas del capital”, especifican.
Respecto al Impuesto de Sociedades, Íñigo Macías, coautor del informe, denuncia que tras las exenciones por doble tributación se “esconden cifras escandalosas” y, en promedio, el tipo efectivo de las multinacionales españolas más grandes en el exterior fue del 12,6%, más de 12 puntos por debajo del tipo fijado por ley. Acabar con estos desajustes supondría unos ingresos de más de 4.000 millones de euros, según los cálculos de Oxfam.
En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, corregir las anomalías como “las bonificaciones de las comunidades autónomas, la elusión, la evasión a través de paraísos fiscales o las exenciones” permitiría una recaudación de 2.200 millones de euros de forma adicional. “Por último, también el IRPF requiere ajustes”, explican en el informe. En este caso, piden acabar con problemas “como la baja progresividad o el trato preferente de las rentas del capital frente a las del trabajo que pagan un tipo mayor” para conseguir otros 1.130 millones de euros.
En el caso de la Renta Básica de Cuarentena que defiende ATTAC, esta “debería nutrirse de un Fondo Paliativo de solidaridad europeo de nueva creación” a partir del artículo 122.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. “Pero si como es previsible no se crease en tiempo y forma ese Fondo europeo, el Gobierno deberá destinar los recursos necesarios de su propio presupuesto para financiar la RBc”, proponen desde la organización, haciendo uso de los 200.000 millones de euros anunciados por el presidente Pedro Sánchez. De la misma forma, hacen hincapié en la necesidad de “una actuación fiscal de emergencia y de un Pacto de Estado contra el fraude fiscal”.
En el caso de la Renta Básica Universal, desde la Red Renta Básica llevan años perfilando una propuesta económica. Tal y como explica David Casassas, el ingreso “tiene que ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida”, por lo que en España sería de unos 700 u 800 euros. Con esta propuesta se dejarían de pagar todos los subsidios inferiores.
Casassas asegura que como demuestran estudios como el de Arcarons, Raventós y Torrens, “se puede financiar una renta básica igual al umbral de la pobreza sin detraer ni un euro del gasto público actual” gracias a una reforma del IRPF que lo haga más progresivo, además de mediante otros impuestos como el impuesto sobre el patrimonio, sucesiones, impuesto de sociedades, Tasa Tobin, Tasa Google, o luchando contra el fraude fiscal y asemejarnos a los niveles de presión fiscal europeos.
