CRISTINA ALONSO SAAVEDRA* | Estamos viendo con indignación y estupor cómo se están aplicando políticas económicas encaminadas una vez más a salvar grandes corporaciones –que en términos generales suelen coincidir con las más contaminantes– frente a las personas y la naturaleza. Ejemplos como las medidas tomadas por EEUU y Canadá en plena crisis del coronavirus, donde las primeras empresas a rescatar son las de exploraciones petrolíferas y fracking, nos revelan viejos augurios de cómo enfrentar una crisis económica donde el principal objetivo sea rescatar a las grandes instituciones financieras sin abordar algunas de las bases subyacentes de nuestro sistema económico: nuestro modelo de producción y consumo y la destrucción del medioambiente que lo acompaña, así como la concentración de la riqueza y la falta de control democrático a nivel global y local.
En el caso concreto del Estado español y en lo que al sector energético se refiere, en estos días se han anunciado los dividendos a repartir por las grandes empresas eléctricas y gasísticas, que repartirán este año casi 5.500 millones de euros. La estabilidad que demuestra este sector en un momento de crisis como el actual acompañada además con medidas protectoras del Gobierno con las que se asumirá el déficit de tarifa, nos hacen vislumbrar que no solo los ingresos, sino los beneficios, de estas compañías están asegurados. Además, las grandes empresas eléctricas también están aprovechando otras medidas de apoyo contra la crisis actual como es el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo, donde empresas como Naturgy, Iberdrola o Red eléctrica ya están incluidas.
La situación social sin embargo dista mucho, y lo que estamos viviendo es un aumento de la pobreza energética que tendrá mayores consecuencias una vez pasado el confinamiento. Organizaciones que trabajan en este tema como la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha denunciado las medidas impulsadas por el ejecutivo central como insuficientes. Si bien, la prohibición del corte de suministro durante el estado de alarma es fundamental, siguen sin resolverse los posibles impagos, así como la forma de reducir los costes energéticos para las familias vulnerables y personas afectadas por la COVID-19, y su endeudamiento durante esta crisis.
Y es que el Estado, en estos casos, tan sólo está proponiendo medidas para aplazar pagos, en lo que en la práctica va a acabar suponiendo un aumento de cortes de suministros ante la imposibilidad de poder pagar la deuda generada durante estos meses. Una de las medidas que exigimos desde los colectivos y organizaciones sociales es la gratuidad de estos servicios para las personas más vulnerables, y que el coste lo asuman las compañías eléctricas, nada descabellado viendo el contexto de estas últimas.
Una de las conclusiones surgidas de la situación actual es que hay recursos económicos.
Una de las conclusiones que se pueden extraer, además de que las medidas distan bastante de priorizar la protección social y ambiental, es la evidencia explícita de que hay recursos económicos, y que es posible que los gobiernos asignen recursos para resolver situaciones urgentes, en las que antes estaban atascados en desacuerdos políticos. Los gobiernos deben aprovechar este nivel de cooperación para abordar cuestiones como la emergencia climática de frente, a través de medidas basadas necesariamente en justicia social y ambiental, para que no haya que hacerlo “en modo crisis”.
Las medidas tomadas en crisis anteriores –véase la de 2008– dejó mermados los derechos de una gran parte de la ciudadanía, y una vez más hoy, los que más sufrirán la crisis económica que se avecina volverán ser las personas más vulnerables. Las soluciones propuestas hoy deben salvaguardar los medios de vida de la ciudadanía, así como sus derechos básicos entre los cuales, se encuentra el suministro energético. De hecho, la cobertura de las necesidades humanas básicas, donde se incluyen alimentación y la electricidad en los hogares, junto a la equidad en el reparto de recursos, son los factores más eficientes para mejorar la esperanza y calidad de vida.
Un nuevo equilibrio necesario entre la globalización y la economía local
Una forma muy concreta de avanzar hacia esa sociedad será fortalecer el crecimiento de la energía comunitaria en Europa, invirtiendo y operando con tecnologías de energía limpia. Se ha constatado que las comunidades energéticas refuerzan el bienestar social y económico de su comunidad al tiempo que reducen emisiones de C02 y preservan el medio ambiente. De esta forma se proporciona un modelo económico y socialmente sólido que aborda los desafíos actuales para construir un futuro sostenible y más justo, como así lo demuestran varios ejemplos.
Un estudio alemán revela que el rendimiento para la economía y las comunidades locales es hasta 8 veces mayor si estas instalaciones de producción renovable son propiedad de la ciudadanía local, las comunidades energéticas y otras PYMES. En particular, los ingresos procedentes de la producción local de energía renovable pueden proporcionar una base indispensable para realizar las inversiones necesarias en eficiencia energética en los edificios, y permite la población participar, fortaleciendo así no sólo la economía, sino un modelo social más democrático.
En 1988, Güssing, una pequeña ciudad austriaca no tenía una industria o un negocio comercial significativo. Ahora está prosperando gracias a la transición a los recursos renovables locales. Muy contrario al desempleo, se crearon más de 1.000 puestos de trabajo. Una factura anual de 6 millones de euros por la importación de combustibles fósiles se convirtió en un ingreso de 14 millones de euros por la producción local de energía renovable. Siguiendo el ejemplo, más de 15 regiones de Austria son ahora energéticamente independientes en lo que respecta a la electricidad, la calefacción y/o el transporte.
¿Cómo puede el gobierno de España fortalecer las comunidades energéticas?
El potencial de las comunidades locales ya ha sido reconocido por la UE en el Paquete de Energía Limpia a través de los conceptos de comunidades ciudadanas y de energías renovables. A medida que la UE trabaja en el desarrollo de una legislación de seguimiento en los próximos años, es necesario que se asegure de potenciar verdaderamente a las comunidades locales, por ejemplo, facilitando el acceso a fuentes de financiación, dotándolas de más presupuesto que el actual.
En el caso del Estado Español, se deben asumir las directivas europeas en esta línea y revisar las legislaciones estatales para asegurar su consonancia con éstas. De igual forma es necesario que paralelamente al desarrollo de esta legislación, se asegure de potenciar a las comunidades energéticas, tomando las medidas correspondientes que faciliten un acceso adecuado a la red, el acceso a fuentes de financiación, así como los procesos burocráticos.
Si queremos construir una sociedad verdaderamente resiliente a largo plazo, es necesario hacer estos cambios ahora. En la búsqueda de un cambio de modelo energético necesario, ahora más que nunca, las comunidades energéticas basadas en economías sociales y cooperativa son un elemento clave. No podemos esperar más.
*Cristina Alonso Saavedra es responsable de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra
