Chus García, Periodista
Juan Hernández Zubizarreta sostiene que “no se puede mirar a otro lado cuando los derechos humanos se están vaciando, cuando en plena COVID-19 asistimos a una ofensiva que mercantiliza la vida a escala global y nos enfrentamos a una crisis civilizatoria”. Por eso, para él “los balcones son el principio de una solidaridad que debemos mantener y potenciar después del aislamiento”
La cuestión es qué vamos a hacer, qué capacidad real de movimiento vamos a tener y quién va a decidir los límites de nuestra libertad personal y colectiva.
Para responder a algunas de las preguntas que nos hacemos en estos días de confinamiento, dolor e incertidumbre, pero también de esperanza y ayuda mutua, recurrimos a algunas de las voces que siempre han estado ahí peleando por poner a las personas en el centro, del lado de las más vulnerables y silenciadas.
Juan Hernández Zubizarreta es doctor en Derecho y profesor del Departamento de Derecho de la Empresa en la Universidad del País Vasco, miembro de Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional), de OMAL (Observatorio de Multinacionales de América Latina) y autor de diversos libros y artículos sobre empresas transnacionales, derechos humanos, responsabilidad social corporativa y crisis de nuestros sistemas jurídicos.
¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo llevas el confinamiento?
Estoy bien, gracias. Es una situación muy desconcertante, pero personalmente no me puedo quejar.
Desde el punto de vista del derecho empresarial ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de las medidas adoptadas para frenar la pandemia?
Se deben proteger de manera general y universal los derechos de las personas en mayor riesgo y en peor situación. La alimentación, la vivienda, la salud, la educación, los cuidados, la seguridad, los servicios esenciales… se deben garantizar a todas las personas, sean de donde sean y tengan la situación administrativa que tengan.
Tras la situación de urgencia nos vamos a topar con una profunda crisis, lo que requiere revisar las medidas adoptadas y consolidar todas aquellas que protejan a los sectores más desfavorecidos. La crisis no va a golpear a todas las personas por igual. Esto requerirá aprobar nuevas normas -como la renta de garantía de ingresos- y derogar otras muchas, por ejemplo, el artículo 135 de la Constitución Española que da prioridad absoluta al pago de la deuda y a poner límites al déficit y a la deuda pública.
Todo ello debe ir acompañado de un aumento en el gasto público con control democrático sobre el destino del mismo y orientado a salvar a las personas, no a las grandes corporaciones.
La otra cara de la moneda implica actuar sobre los ingresos. La desigualdad no puede aceptarse como un principio inamovible, que parece estar incrustado en la jerarquía de normas y que coloniza los derechos colectivos. Requiere modificar las políticas fiscales –impuesto sobre la riqueza desde una lógica de progresividad, impuesto de sociedades, suspensión de tasas e impuestos para los sectores más desfavorecidos…–, prohibir los ERTE en grandes empresas con beneficios, obligar a que las empresas energéticas sufraguen el gasto de las facturas a quien no pueda pagarlas, exigir que la banca asuma pérdidas económicas y devuelva a la sociedad el rescate impagado…
Es decir, caminar hacia unas relaciones sociales y económicas donde ni la propiedad privada, ni la mercantilización de la vida, sean principios esenciales.
¿Qué está pasando con el capitalismo?
El capitalismo atraviesa desde hace tiempo una profunda crisis, que se puede resumir en un inmenso excedente financiero con escasas expectativas de reproducción, y, por otro lado, en la incuestionable merma física en la que opera el sistema.
“Todos los sueños de la globalización no caben en un planeta profundamente dañado”
El capitalismo, que ha rebasado con creces los límites biofísicos del planeta, se transforma en puro expolio territorial. A la vez, el sistema financiero especula con la propia existencia y dispone de un poder que le permite expropiar lo que ya existe. En realidad, todos los sueños de la globalización no caben en un planeta profundamente dañado, y como dice el economista José Manuel Naredo, avanzamos hacia una catástrofe silenciosa, que, me temo, cada vez es menos silenciosa.
El coronavirus está actuando como disparador de la verdadera crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Cae en terreno abonado. Sin duda, la crisis sanitaria se va a utilizar para fortalecer a las élites y profundizar en la desigualdad.
¿Y los derechos humanos?
El debate actual sobre los derechos es que vivimos una ofensiva mercantilizadora a escala global, en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se exacerban. Se instaura así un modelo donde las grandes empresas amplían exponencialmente su poder.
Estas ponen en cuestión la propia democracia liberal-representativa, y aspiran a un gobierno corporativo de facto, vía la privatización y de las instituciones democráticas. El resultado es una progresiva destrucción de la soberanía popular y la captura de países y territorios como si formasen parte de la organización interna de las grandes corporaciones.
En este marco, las personas se están convirtiendo en una mercancía más, y por tanto, susceptibles de ser desechadas. Se agudiza de este modo la asimetría normativa que protege los derechos de las corporaciones transnacionales y el capital financiero, con reglas de obligado cumplimiento y con tribunales privados que aplican las mismas con una eficacia absoluta.
Mientras tanto, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comités encargados de su aplicación, y la impunidad de los gobiernos ante el incumplimiento de los textos convertidos en simple retórica.
El coronavirus ha puesto encima de la mesa el debate entre la salud como derecho universal o como objeto de negocio.
Y también ha dejado muy claro que la búsqueda de la vacuna extrema la competencia entre países y empresas en lugar de la cooperación, es decir, prima el lucro frente al derecho humano a la salud. Las patentes están en el vértice jurídico de la jerarquía normativa.
No podemos olvidar que la disputa por la escasez de materiales y fuentes de energía es uno de los conflictos más graves en la crisis actual de acumulación y de crecimiento económico.
¿Podríamos considerar algunas de las medidas que se están tomando para frenar el contagio por COVID-19 como necropolítica?
Las instituciones y los gobiernos de la Unión Europea están dejando morir a las personas racializadas y pobres en el Mediterráneo. Los dirigentes se arrogan el derecho a decidir quién tiene importancia y quién no, quién es fácilmente sustituible y quién no. La muerte y la destrucción de seres humanos se ha convertido en núcleo esencial del sistema.
En la gestión del coronavirus nos encontramos con situaciones tremendas, como la de personas encarceladas, migrantes sin papeles, campos de concentración de personas refugiadas, confinamientos de vendedores de “top manta”… Escenarios de destrucción en vida de muchas personas. Y, por supuesto, las muertes continúan en el mar y las muertes de personas mayores aparecen vinculadas a la privatización de las residencias, al vaciamiento de recursos de la sanidad pública, la reducción de número de camas o de respiradores.
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no podemos aceptar que la eficacia económica sea el único criterio para legislar y valorar los servicios públicos. En la UE parece haberse instalado el cálculo económico frente a los derechos humanos: si no produces, no consumes, generas mucho gasto social… no sirves.
Las fronteras no han frenado el contagio por coronavirus ¿Y ahora qué?
Las fronteras responden, al menos, a dos objetivos. Por un lado, actúan como muros ante la invasión de los que son considerados “bárbaros”, aunque estos sean personas de todas las edades que huyen de la guerra, la miseria, la violencia machista… Por otro lado, actúan como filtro de personas migrantes que son necesarias para cubrir las necesidades del mercado laboral europeo en sectores como la agricultura, los cuidados, la hostelería… Para ello, se toleran limbos jurídicos donde las personas trabajadoras están en situación irregular, ya que resultan muy funcionales al sistema como fórmula para provocar la guerra entre trabajadores y provocar una caída de los salarios.
En estos momentos, la pandemia saca a flote las contradicciones profundas de un sistema económico que necesita mano de obra en la agricultura alemana, francesa, española, y, por otro lado, maltrata y explota a migrantes en los invernaderos de Almería. Por eso, la regularización de las personas migrantes en una crisis sanitaria tan profunda resulta imprescindible.
Si aquí la pandemia ya nos ha desbordado, ¿qué puede pasar en lugares del planeta donde los sistemas sanitarios y las condiciones de vida no permiten un confinamiento como el nuestro ni las hospitalizaciones y la asistencia médica que tenemos aquí?
Nos vamos a encontrar con la muerte de miles de personas. No podemos mirar hacia otro lado o alegar que tenemos muchas dificultades económicas en nuestros países. El neocolonialismo tiene forma de empresas transnacionales europeas y reglas de comercio e inversiones que provocan que el flujo de dinero de los países ricos hacia los países pobres sea infinitamente menor al establecido en sentido inverso. La UE tiene la obligación política de involucrarse en la solución la crisis sanitaria en todos esos países empobrecidos.
“No podemos mirar hacia otro lado”
Además los tratados internacionales consideran la salud como un derecho universal e instrumentan la cooperación internacional para combatir las pandemias como una obligación moral de los países enriquecidos hacia los países empobrecidos.
La desigualdad que el modelo genera, se maquilla con la idea de estabilidad, de seguridad para garantizar que los recursos mundiales llegan a los países ricos y para garantizar los flujos financieros, pero no garantiza la protección y seguridad de los derechos humanos. Las élites van a imponer prácticas cada vez más violentas y extremas contra las mayorías sociales y la transición entre explotación, expulsión y necropolítica va a funcionar como vasos comunicantes. Pretenden imponer esta lógica global, aunque con intensidades muy diferentes. Pero los desplazamientos forzados son imparables.
Desde el punto de vista de los cuidados y los derechos ¿Cómo ves las medidas tomadas por el Gobierno para frenar la pandemia?
El patriarcado también marca su propia impronta sobre los derechos humanos, y como apunta Amaia Pérez Orozco “la vida se resuelve mediante los trabajos que no existen, realizados en los ámbitos que no son económicos y por personas que no son sujetos políticos”. Es decir, el trabajo comunitario no valorado, el implementado en el interior de los hogares o los cuidados de las personas que los Estados no atienden, son algunos ejemplos de cómo se ignoran los elementos imprescindibles para el mantenimiento de la vida cotidiana.
Con la crisis del coronavirus se comprueba que trabajos considerados muy secundarios desde el poder político y económico, son esenciales para la vida cotidiana. Los cuidados, la limpieza, las empleadas de hogar, las trabajadoras de supermercados, son trabajos que llevan adelante mujeres y en muchos casos migrantes. También se constata que trabajos que desarrollan los miembros de los consejos de administración de empresas multinacionales no sirven al interés general. Más allá de las medidas concretas adoptadas, sí parece imprescindible que se atienda de manera inmediata la regularización de miles de mujeres migrantes expulsadas de las relaciones laborales.
“Se constata que trabajos de los consejos de administración de empresas multinacionales no sirven al interés general”
La Ley Mordaza ya ha restringido, y mucho, las libertades de la ciudadanía en los últimos años. ¿Podemos resistir el estado de alarma pacíficamente mucho tiempo o habrá que asumir una respuesta violenta antes o después?
El sistema capitalista es estructuralmente muy violento y, además, utiliza la pedagogía de la sumisión como forma de trasladar los valores hegemónicos de dominación de las élites a la mayoría de la población: el individualismo, el miedo, la guerra entre pobres, la competitividad, son algunos de ellos. Por ejemplo, en EEUU las autoridades intentan culpabilizar a las personas de la crisis sanitaria por no haber contratado un buen seguro médico privado.
El estado de alarma se mueve en estas arenas movedizas, de ahí que su aprobación por la urgencia sanitaria exija un control escrupuloso de las fuerzas de orden público y una tutela de los derechos de la ciudadanía. Se requiere reactivar mecanismos específicos para la observación de los excesos policiales. Por otro lado, el papel cada vez de más relevante de los militares es un verdadero disparate.
También nos debe preocupar el encadenamiento de medidas recogidas en el estado de alarma, las reguladas en la Ley Mordaza y en otras leyes de excepción, que van a permitir un caldo de cultivo para la criminalización de la disidencia y de la protesta.
Por último, el control de los movimientos de la población, el seguimiento de personas contagiadas o la identificación del riesgo abren espacios de reflexión sobre un nuevo autoritarismo neoliberal y un espacio neofascista.
Hay voces como la del filósofo Luigi Ferrajoli que creen conveniente empezar a trazar una Constitución mundial ¿Lo ve factible?
La inversión de la pirámide jurídica internacional es urgente e imprescindible y se requiere una nueva codificación normativa que exprese claramente que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos –incluido el Derecho Internacional del Trabajo, el Derecho Internacional Ambiental y el derecho a una vida libre de violencia machista– es jerárquicamente superior a las normas de comercio e inversiones, nacionales e internacionales, por su carácter imperativo y como obligaciones erga omnes, es decir, de toda la comunidad internacional y para toda la comunidad internacional.
¿Qué podemos hacer como ciudadanía desde casa?
Potenciar y apoyar todas las iniciativas sociales y vecinales puestas en marcha desde abajo. Asumir que los balcones son el principio de una solidaridad que debemos mantener y potenciar en las fases posteriores del aislamiento. Solidaridad para defender los derechos de las mayorías y para impulsar experiencias autónomas de resistencia y cuidado colectivo. Y no podemos olvidar de ninguna manera que hay personas sin casas, sin balcones, que hay balcones muy pequeños y otros muy grandes. Tenemos que entender que la resistencia exige asumir responsabilidades individuales y colectivas.
A nivel local e incluso personal, ¿qué corazonada tiene? ¿Qué le dice su instinto respecto al futuro cercano?
Que se viene una disputa muy fuerte entre los de abajo y los de arriba, entre gobiernos cómplices de las políticas de austeridad y las mayorías sociales. Entre quienes consideran que de la crisis se sale entre todos y que eso requiere apretarse el cinturón, y entre quienes pensamos que se va a utilizar la crisis sanitaria para mantener y aumentar la riqueza de las élites. Viene una fase de confrontación.
¿Hay hueco para el optimismo pese a todo?
No hay que tener miedo a valorar esta situación como muy complicada. A sentir cierta tristeza y desconcierto. El optimismo vacío no nos lleva a ningún sitio. Hay que analizar otros períodos históricos, otras crisis… junto a las diferentes experiencias de resistencia. Habrá que transitar de las luchas obreras a las resistencias de las comunidades indígenas, y de los movimientos sociales como el ecologista y el feminista a la autogestión en las fábricas recuperadas.
A partir de ahí, tenemos que transformar la tristeza en un cierto optimismo, que nos permita recomponer resistencias y afrontar nuevas etapas de confrontación.
Un sueño tuyo personal que crees que vas a ver realizado gracias a esta situación excepcional…
Creo que ninguno. Yo me muevo más entre mi felicidad cotidiana y la pesadumbre que me provocan “los muertos de mi felicidad”.
