“Derecho a decidir”, decían las pancartas en las manifestaciones multitudinarias conocidas como el tren de la libertad, aquella marea que logró frenar la regresiva reforma de Gallardón de la ley de plazos. “Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. […] Los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente Ley en garantía de la salud sexual y reproductiva”, reza la norma vigente.
Esto, la protección y garantía de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral que recoge la citada norma, avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es lo que llevan alegando las clínicas de aborto desde hace días para que el Gobierno permita a las mujeres, durante el estado de alarma, realizar el asesoramiento vía telemática y acudir, de este modo, una única vez a la clínica. Esta fórmula reduciría los riesgos de contagio por COVID-19 y facilitaría las cosas a mujeres que, por el motivo que sea, no quieren que las personas con las que conviven se enteren de que van a interrumpir su embarazo, explican desde la asociación de clínicas acreditadas ACAI.
El Ministerio de Sanidad, de momento, no prevé intervenir en este asunto, que deja en manos de las comunidades autónomas. “Esta posibilidad existe y es competencia de las comunidades autónomas”, responde a través de un email a este medio. “Nosotros seguimos sin tener respuesta del ministerio a nuestra petición. Igual se acaba antes el estado de alarma”, asegura la presidenta de ACAI, Francisca García. Por ahora, Cataluña y Galicia –esta última gobernada por el PP– sí han dado ese paso y han eliminado las visitas presenciales de asesoramiento. “Decir lo que dice el ministerio es una incoherencia –expresa García–. Es competencia de las comunidades autónomas y es una ley del Gobierno. Es decir, si el Gobierno, en esta situación, decreta esta medida como hace en otros ámbitos, queda garantizado ese derecho en condiciones sanitarias adecuadas. Nos parece lamentable que no se le dé importancia”.
Desde el Ministerio de Igualdad aseguran que se están estudiando propuestas y se coordinará todo con Sanidad, que es el ministerio competente, sostienen.
Desde la declaración del estado de alarma, el número de abortos se está manteniendo en general en comparación con la primera quincena del mes de marzo, según los datos facilitados por ACAI. No obstante, en Madrid, la comunidad más afectada por la crisis del coronavirus, la afluencia de mujeres ha descendido en algunos centros entre un 15% y un 20% aproximadamente. La vicepresidenta de ACAI, Eva Rodríguez, explicaba días atrás varios motivos: “Puede deberse a que muchas veces las mujeres no quieren que se enteren en el ámbito familiar, por ejemplo, si son chicas menores que viven con sus padres, o mujeres que no quieren que se entere su hermana o su marido… Ahora mismo las personas tienen menos movilidad para hacer cosas sin que otras personas conozcan lo que hacen. Y probablemente tenga que ver también con que las mujeres crean que no se está haciendo ese servicio”.
La asociación informa de que en las clínicas están utilizando equipos de protección individual, se están espaciando las citas para reducir la presencia simultánea en los mismos espacios y se reduce la presencia de acompañantes. Al mismo tiempo –añade ACAI–, y para facilitar la movilidad de las mujeres y el personal médico y sanitario, se han elaborado documentos válidos jurídicamente que justifican sus desplazamientos.
La situación en Europa
En Europa, según varias organizaciones, las barreras que suponen las leyes restrictivas y los requisitos administrativos están haciendo que el acceso seguro al aborto sea extremadamente difícil. La mayoría de los gobiernos no han aplicado medidas para garantizar ese acceso seguro a los servicios, suministros o información esenciales en materia de salud sexual y reproductiva durante la pandemia, incluido el manejo en el hogar del aborto farmacológico, denuncian Amnistía Internacional, Centre for Reproductive Rights, Human Rights Watch e International Planned Parenthood Federation. Muchos hospitales y clínicas –destacan– han reducido los servicios de salud reproductiva hasta mínimos, o los han cerrado por completo debido, entre otras razones, a la escasez y a las reasignaciones de personal.
Las organizaciones denunciantes explican en una nota de prensa que estas restricciones afectan «desproporcionadamente a las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres con discapacidad, las mujeres gitanas, las mujeres migrantes en situación irregular, las adolescentes, las personas trans o de género no binario, y las mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica y/o sexual o están en riesgo de sufrirla».
Además, inciden en la situación en los países europeos donde el aborto todavía es ilegal o está severamente restringido y en los países donde, debido a diversas barreras como son los procesos administrativos o la negativa a brindar atención sanitaria por creencias privadas, las mujeres a menudo se ven obligadas a viajar al extranjero para acceder a la atención del aborto u obtener por correo fármacos desde proveedores sanitarios que se encuentran en otros países.
