Mientras que la población en España crece lentamente, la cantidad de superficie artificial –aquellos suelos que no son ni agrícolas, ni forestales, ni naturales– aumenta con mayor rapidez. A este desequilibrio se le conoce como expansión urbana descontrolada y sus efectos van más allá de las consecuencias medioambientales que también produce. Entre 2001 y 2007, la cantidad de suelo artificial creada supuso más de seis veces el crecimiento poblacional. Además de este dato, el estudio Sostenibilidad local. Una aproximación urbana y rural, elaborado en la UPV, destaca algunas cifras que clarifican este fenómeno: entre 1987 y el año 2000, las áreas artificiales –que deciden en gran medida las políticas urbanísticas–aumentaron casi un 30% en España.
La Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid son las que más incrementaron su suelo urbano en aquella época. Según el mismo informe, esta última es la que mayor porcentaje de superficie artificial tiene, con un 12%. Si bien la tendencia está en el incremento, ciudades como Lugo, Teruel, Cuenca y Pontevedra redujeron su superficie artificial entre 1987 y 2000. Al otro lado de la balanza están ciudades más grandes, como Murcia y Alicante, que crecieron más de 50 metros cuadrados por habitante durante este periodo. Durante los 90, esta expansión urbana descontrolada se dio principalmente en las ciudades y, en los últimos años, el foco ha estado en las periferias. Además, en las grandes capitales como Madrid y, sobre todo, Barcelona, y en algunas ciudades sometidas a actividad turística intensa como Málaga y Palma de Mallorca, o de tradición especial como San Sebastián, la carestía de la vivienda es uno de los principales problemas. Según el Observatorio de la Sostenibilidad en España, la vivienda protegida es casi residual en todas las ciudades, con importantes tasas de viviendas vacías en Ávila, Lugo, Ourense por el envejecimiento y la pérdida poblacional
No obstante, el proceso de urbanización ha sido especialmente importante en el litoral español, como analizan Ana Tudela y Antonio Delgado en Playa Burbuja: Un viaje al reino de los señores del ladrillo. Según la investigación, entre 1987 y 2011 se construyeron dos hectáreas diarias en los primeros 500 metros del litoral: «El estallido de la burbuja dejó un paisaje de guerra de obras paralizadas, daños al medioambiente y corrupción». Según el Observatorio de la Sostenibilidad en España, el 27,8% de los 7.898 kilómetros de línea de costa está urbanizado, un incremento del 33% en 24 años.
Regenerar un barrio con sus habitantes
Preguntar a quienes viven en una zona cuál es su percepción sobre ese lugar es a menudo la mejor forma de valorar su habitabilidad. Esta es la estrategia que siguen desde Paisaje Transversal, un equipo especializado en arquitectura y urbanismo que trabaja en procesos de transformación urbana desde la participación, la ecología y la creatividad. A través de sus Indicadores Participativos (INPAR), establecen una conexión entre las valoraciones técnicas sobre un espacio y las opiniones ciudadanas. “Los INPAR nos permiten analizar un lugar junto a la gente para ver cómo está funcionando desde el punto de vista de la sostenibilidad”, resume Pilar Díaz Rodríguez, arquitecta y socia fundadora de Paisaje Transversal. Así, cuantifican parámetros ambientales, sociales, funcionales y económicos -que tienen una representatividad profesional dentro del sector- de un determinado barrio y los contrastan con la percepción de sus habitantes. “Es una forma de que la sostenibilidad se haga efectiva: siempre recogemos la opinión de los diferentes agentes, también de quienes componen el tejido político y técnico, para ver qué está sucediendo en un territorio en concreto”, desarrolla Díaz Rodríguez. Uno de sus proyectos con mayor continuidad ha sido el barrio de Sant Miquel de Olot, en Girona, que comenzó en 2014 con un planteamiento de cambio a ocho años vista. Los habitantes, tanto menores como adultos, ofrecieron su perspectiva en cuestiones de identidad, espacio público, movilidad y actividad del barrio.
La experiencia es totalmente distinta a la denunciada por la Asociación de Vecinos de Majadahonda (Madrid), donde el Ayuntamiento (PP) acaba de ceder 6.000 metros cuadrados de suelo público por un periodo de 75 años para construir una iglesia. «En un municipio que ya cuenta con cinco», sostiene la asociación, que señala en un informe que Majadahonda, feudo del PP, ha sufrido en las últimas tres décadas un incremento de su población debido al boom inmobiliario–de 30.000 habitantes a 72.000–, pero escasísimas inversiones en infraestructuras públicas.