* Teresa Fernández Paredes es asesora en derechos humanos para Latinoamérica de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
La pesadilla comenzó cuando iba a comprar azulejos junto a su marido y su hermano y la policía de Torreón, una ciudad en el noroeste de México, les detuvo y obligó a acompañarlos a dependencias policiales. Lo que les dijeron que sería un simple control rutinario, se convirtió en 14 horas de torturas ininterrumpidas. Desde que llegaron, distintos policías empezaron a agredirlos violentamente. A Mónica la desnudaron y violaron una y otra vez, entre varios de los policías que se encontraban allí, obligando también a su hermano y a su pareja a verlo. A causa de las heridas, su marido moría unas horas después de que comenzasen los actos de tortura. Ella fue forzada –bajo la amenaza de hacer daño a sus cuatro hijos pequeños y a su madre– a firmar una declaración auto-inculpándose por delitos que no cometió y que la llevaron a la prisión donde se encuentra todavía a día hoy.
Desafortunadamente no podemos decir que se trate de un caso aislado, todo lo contrario, es el triste reflejo de una situación generalizada en México. La discriminación estructural contra las mujeres, una misoginia tolerada que permea todos los sectores de la sociedad y un desconocimiento –o falta de voluntad de conocer- de las formas específicas en que las mujeres son torturadas y violentadas, son algunas de las causas que permiten que hechos como este se repitan a diario. De hecho, el Centro Prodh, representante legal de Mónica, ha tenido conocimiento de más de 110 casos de mujeres sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual en manos del Estado y con causas penales abiertas contra ellas iniciadas a partir de confesiones forzadas.
Este caso es, por tanto,
emblemático de una situación que, como todas aquellas que afectan única o
desproporcionadamente a las mujeres, está fuertemente invisibilizada.
La Organización Mundial contra la
Tortura (OMCT) lleva ya tiempo haciéndole seguimiento a Mónica. Hace un año
enviábamos una carta cerrada instando a la jueza de la causa a tomar en cuenta
los estándares internacionales en materia de tortura. El pasado 23 de enero,
volvíamos a interesarnos por la situación, esta vez preparando un amicus
curiae (un informe experto de una tercera parte interesada en el
procedimiento) exponiendo las obligaciones estatales en casos de tortura sexual
y el deber de no utilizar como prueba las declaraciones tomadas a partir de la
tortura.
Lo que me gustaría reseñar, es
que hablamos de tortura sexual en este amicus porque es importante mencionarla
con todas sus letras, visibilizar esta forma de violencia de género que afecta
desproporcionalmente a las mujeres. También advertir de la gravedad de que sea
cometida por agentes del Estado y mucho más de que lo sea en total impunidad.
Y es que la tortura tiene género. Esto quiere decir que, a la hora de infringir violencia en una persona, esta no se realiza de manera aleatoria, sino que se tienen muy en cuenta las concepciones de los cuerpos, los órganos sexuales y la sexualidad de hombres y mujeres en un contexto determinado para hacer el causar el mayor daño y sufrimiento posible. En el caso de las mujeres, esto ha tenido lugar de manera generalizada haciendo uso de la violación y otras formas de violencia sexual (desnudez forzada, tocamientos y manoseos, etcétera) como forma de demostrar poder sobre la mujer, humillarla y deshumanizarla, frente a sí misma y frente a su familia o comunidad, tal y como le pasó a Mónica, al utilizar su cuerpo como medio para herir también a los miembros de su familia.
Sin embargo, la tortura sexual continúa siendo uno de los crímenes menos procesados tanto en contextos nacionales como internacionales. ¿Por qué? Porque tiende a justificarse, trivializarse o directamente negarse. De manera muy preocupante, Niguel S. Rodley, uno de los Relatores Especiales contra la Tortura de Naciones Unidas, ya reconocía que “cuando la violación o la agresión sexual contra una mujer constituye un método de tortura, las posibilidades de que el torturador actúe con impunidad suelen ser proporcionadamente mayores que en el caso de otros métodos de tortura”.
¿Qué podemos hacer frente a
esto? El uso del derecho es una herramienta útil para avanzar los derechos
de las mujeres sobre todo cuando se usa de manera estratégica para sumar
esfuerzos que permitan ir más allá del caso en particular y poner el foco en la
existencia de una situación generalizada de abusos.
Este litigio del Centro Prodh, apoyado por las acciones realizadas desde la OMCT y otras organizaciones, son un ejemplo de ello. Se ha buscado sacar el caso de la sala de vistas en Torreón y llevar la historia de Mónica y la problemática general a otros espacios y otros países. Con ello se pretende por un lado, visibilizar y sensibilizar sobre lo que está ocurriendo y mostrar la profunda preocupación que eso genera pero, además, fortalecer el litigio en la medida de lo posible.
Y es que el sexismo existe en
todo el mundo. Como resultado, las voces de las mujeres han sido
tradicionalmente silenciadas. En todo el mundo, los sistemas de justicia
(muchos de los cuales están llenos de hombres y/o mujeres privilegiadas) a
menudo no escuchan las experiencias vividas por las mujeres, especialmente
aquellas más vulnerables por su edad, estatus socioeconómico, etnia etc… Como
resultado, no las entienden y deciden los casos basándose en conceptos
erróneos, prejuicios y estereotipos de género. Incluso cuando las mujeres
superan todos los obstáculos sociales y económicos para llegar ante los
tribunales y tienen la oportunidad de articular sus necesidades ante ellos, los
estereotipos de género actúan como una barrera y los jueces no pueden (o no
quieren en muchos casos) escuchar sus necesidades.
Y aquí viene el importante papel
de aquellas personas que defienden los derechos humanos: estar atentos para
garantizar que no se impida el acceso a la justicia en casos como este de
tortura sexual, y desafiar los estereotipos judiciales en cada caso de
violencia de género en el que trabajen. Es decir, incidir para que los jueces
sean capaces de escuchar las voces de las mujeres y de enmarcarlas en las
violaciones de los derechos humanos, como la tortura.
Esperamos que la historia Mónica se convierta en una experiencia exitosa de cómo un juez pudo ponerse sus “gafas moradas” y juzgó en consecuencia desde una perspectiva de género e incluyente. Porque lo que es claro es que cada vez somos una comunidad más fuerte y grande de organizaciones y personas que no vamos a seguir tolerando que se ninguneen los derechos de las mujeres. La justicia si queremos que sea justa, tiene que ser una justicia de género e iremos, paso a paso, buscando pequeñas victorias en distintas partes del mundo hasta que un día podamos decir que vivimos en un mundo justo, donde las mujeres pueden vivir libres de violencias y tortura.
*Quiero aprovechar para agradecer a todas las organizaciones que apoyaron la presentación de este amicus: Redress; Robert F. Kennedy Human Rights; TRIAL International Washington Office on Latin America (WOLA); Women´s Link Worldwide; Alianza Iniciativa de Mujeres Colombiana por la Paz; APRODEH; CPTRT; CCJ; COMISEDH; COFADEH; COFAVIC; CODEHUPY; Corporación Humanas; FCSPP; MTM, Observatorio Ciudadano y Xumek, y a todas aquellas que trabajan día a día porque la tortura sexual deje de ser una práctica habitual frente a las mujeres.
