Entre el 23 de septiembre y el 10 de noviembre —día de las elecciones generales— una preocupante información llenó las portadas de los diarios, televisiones, radios y medios digitales españoles: en Catalunya un nuevo grupo terrorista de signo independentista estaba a punto de atentar con explosivos. El arresto de nueve independentistas radicales el 23 de septiembre, con entradas a domicilios propias de la guerra contra el narco, había evitado una masacre. Con los días, hubo una intensa lluvia de artículos y exclusivas en las que se daban detalles variopintos, desde una lista de los explosivos que tenían preparados hasta los planes del responsable de comunicaciones del grupo terrorista para asegurar líneas wifi desde bares y pisos francos para no ser interceptado.
Según la versión mediática casi unánime y siempre basada en el relato y filtraciones policiales, el gran plan terrorista era la toma del Parlament el ‘día D’. Había gente “de arriba” que estaba al corriente del tema. Torra y Puigdemont, se comentaba. La entrada sería espectacular: unos pocos hombres sin entrenamiento especializado reducirían a los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, uno a uno. Primero esposarían al jefe de la unidad, así que los subordinados caerían faltos de una cabeza pensante. Una vez dentro del edificio, defenderían el Parlament para que Quim Torra proclamase la República. El encierro en el Parlament y en los pisos francos podría durar días, así que haría falta comida. Algo sencillo pero suficiente como para no bajar la moral de la tropa.
Durante la acción terrorista, fuera del Parlament estaban programadas charlas, con carpas, sillas y trípticos. Ah, importante, también había explosivos. Quizás no para esa acción, o sí, pero había explosivos, o precursores de explosivos, o muchos tipos de explosivos. La operación u operaciones eran un encargo que venía del conocido como CNI catalán, el misterioso ente que extrañamente nunca ha podido detectar el CNI español.
En este relato mortadelofilemoniano se daba categoría de grupo terrorista que preparaba un atentado inminente a una organización muy poco organizada con un supuesto plan bastante delirante, sin material para llevarlo a cabo.
A continuación, presento una recopilación de algunos de los principales titulares que se publicaron y difundieron por las redes sociales en los dos picos informativos sobre la Operación Judas —así la apodó la Guardia Civil—. El primero coincidiendo con la detención de nueve CDR acusados de terrorismo el 23 de septiembre, y el segundo justificado por la revelación de nuevos detalles tras el levantamiento del secreto de sumario —después de semanas de filtraciones a la prensa— en los días previos a las elecciones generales del 10 de noviembre.
Los CDR planeaban ocupar el Parlament una semana y colocar explosivos el “día D” (24 de septiembre, El Confidencial); Objetivo de los CDR: sembrar el caos con una oleada de explosiones el 1-O (27 de septiembre, La Razón); Una hermana de Puigdemont actuó de enlace entre los CDR detenidos y Torra (29 de septiembre, La Razón); El plan de los CDR detenidos para “tomar y defender” el Parlament: pisos francos y ayuda del Govern (6 de noviembre, eldiario.es); La Guardia Civil acusa al ‘CNI catalán’ de financiar con grandes cantidades a los CDR para asaltar el Parlament (6 de noviembre, El Mundo); El papel de los detenidos: preparación de explosivos y ocupar el Parlament (8 de noviembre, El País).
Mes y medio después de las elecciones, las informaciones que recibimos nada tienen que ver con la alarma terrorista que se azuzó entre los meses de septiembre y noviembre del presente año, un periodo con suficiente conflictividad —publicación de la sentencia del Tribunal Supremo con largas penas de cárcel para los líderes catalanes, respuesta popular en las calles de Catalunya, vías de comunicación entre Sánchez y Torra totalmente rotas, repetición de elecciones, auge de la extrema derecha— como para añadir a la ecuación un factor tan preocupante como la creación de un nuevo grupo terrorista.
Ahora parece evidente que no existía la peligrosa organización terrorista preparada para atentar que se nos explicó en septiembre y, sobre todo, a principios de noviembre. A día de hoy, siete de los nueve supuestos terroristas están en libertad bajo fianzas que van de los 5.000 a los 10.000 euros.
Si eran y son tan peligrosos, y además estaban financiados por ‘gente de arriba’ con mucho dinero, ¿cómo se los deja sueltos por cantidades irrisorias? El simple hecho de su libertad provisional nos indica que el relato que compraron de forma acrítica medios de comunicación de casi todos los colores debió ser cuestionado. Siempre es grave alejarse del rigor y de la veracidad en periodismo, pero aún lo es más cuando de lo que se informa es de una amenaza terrorista, en un país que conoce bien el significado de las violencias fratricidas, civiles y militares, que han lastrado nuestra historia contemporánea.
¿A ninguna redacción de prensa diaria le pareció extraño que se levantara el secreto de sumario a pocos días de unas elecciones generales, dado que la información podía utilizarse para vincular una opción política con el terrorismo? ¿A nadie le vinieron a la cabeza los casos del comando Dixan, de Tamara Carrasco o de Alsasua? ¿Nadie se preguntó en qué condiciones estuvieron los detenidos antes de declarar y con qué información contaban los abogados defensores? Nueve días después de las elecciones descubrimos, por ejemplo, que algunos interrogatorios en sede judicial no se hicieron con todas las garantías debidas ya que el juez instructor escondió información esencial a los abogados defensores.
En las mismas fechas en las que el relato policial y judicial se repetía por la mayoría de los medios de comunicación españoles, los abogados defensores ya denunciaban irregularidades en la detención, traslados y régimen penitenciario y subrayaban la nula información con la que contaban sus clientes. Estas manifestaciones solo tuvieron cierto peso en algunos medios de comunicación catalanes. La realidad actual es que la Audiencia Nacional ha rebajado las pretensiones de la Guardia Civil y de la Fiscalía y ha ido abriendo la puerta de la cárcel a la mayoría de los integrantes del supuesto grupo terrorista.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, usó con intereses políticos y electorales las informaciones sobre la existencia de un complot terrorista independentista invitando a Quim Torra a condenar una violencia que no había tenido lugar. “El señor Torra lo tiene muy fácil. Si no quiere que al independentismo se lo relacione con cualquier tipo de acción violenta, lo que tiene que hacer precisamente es denunciar, y criticar, y condenar cualquier tipo de potencial uso de la violencia por parte de cualquier grupo vinculado con el independentismo”, declaró Sánchez el 25 de septiembre, dos días después de la detención de los nueve supuestos terroristas.
El entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, publicó este mensaje en Twitter: “¿A esto se refería Torra cuando pedía a los comandos separatistas que apretaran? ¿A que apretaran el detonador de la Goma 2? España no puede soportar un presidente autonómico que trabaja cada día para destruir al Estado, romper la convivencia y legitimar la violencia. #155YA”.
Pablo Casado, líder del Partido Popular, reaccionaba a las detenciones felicitando a la Guardia Civil: “Mi reconocimiento a la Guardia Civil por esta operación en Cataluña contra los CDR que planeaban acciones terroristas. La fortaleza del Estado de Derecho prevalece siempre en favor de la paz y la convivencia que queremos el conjunto de los españoles”. Por su parte, Vox fue más allá, publicando gráficos en sus redes sociales en los que se compartía el siguiente eslogan: “Los CDR son un grupo terrorista”, en la línea de las peticiones de Vox ante el Consejo de Europa para que los CDR fueran considerados como un grupo terrorista. La estrategia de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, a pesar de las diferencias, tenía una característica en común: vinculaban de forma más o menos directa independentismo y terrorismo. Asociaban estos dos términos.
A falta de responder muchísimas preguntas sobre las intenciones de algunos de los detenidos, su situación personal y psicológica, sobre las mentiras que se han publicado y el origen de las filtraciones ilegales, sobre la presunta existencia de un grupo secreto llamado ‘CNI catalán’, sobre el conocimiento o desconocimiento de los líderes catalanes del supuesto plan para tomar el Parlament, o sobre la normalidad con la que la prensa puede crear una alarma terrorista, una única certeza surge entre tanto ruido: la mayoría de informaciones publicadas entre el 23 de septiembre y el 9 de noviembre de 2019 sobre el caso de los supuestos terroristas CDR generaron un estado de alarma y un estado de opinión sin base real que, estigmatizando una opción política legal y legítima, condicionaron la recta final de la campaña electoral y, por ende, la propia votación.
Las pruebas de que hay temas y estrategias de Estado que deben ser aceptados de forma acrítica, al menos durante momentos considerados de emergencia nacional, para preservar un bien superior -en este caso, la unidad de España- parecen evidentes. El caso de los peligrosos CDR terroristas, siete de los cuales están ahora mismo fuera de la prisión después de un esperpento policial, judicial y mediático -con el duro trauma y estigma que supone para los acusados y sus familias lo vivido- es un ejemplo más de una conducta policial, judicial, política y mediática que debería hacernos replantear a más de un periodista cómo reproducir la versión oficial cuando hay dudas razonables de su veracidad o bien antecedentes que minan la confianza de algunas fuentes que sabemos están dispuestas a confundir o exagerar por, en este caso, razones de Estado.
