Falta de concreción y ambición. Esto es lo que, según varios colectivos y organizaciones ecologistas, caracteriza a los objetivos y las medidas en materia climática presentadas esta semana por Pedro Sánchez en la propuesta abierta del PSOE para formar gobierno.
En el tercer punto de este programa, llamado Emergencia climática, transición ecológica de la economía, agricultura y pesca, un total de 49 medidas mencionan aspectos como la declaración de emergencia climática, la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la descarbonización de la economía o la actualización de la Ley de Costas, entre otras. Pero faltan «detalles, cifras y fechas» y, cuando sí las hay, «se echa de menos una mayor ambición», explica David Howell, responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife, a La Marea.
Una opinión que comparten desde otras organizaciones, como Ecologistas en Acción. «La situación es de auténtica emergencia: no se puede ir a medias tintas, hay que plantearse objetivos concretos», apunta Paco Segura, uno de los coordinadores estatales de esta entidad que, junto a SEO/BirdLife, Greenpeace, Amigos de la Tierra y WWF, asistió a una reunión con Pedro Sánchez y Teresa Ribera, la ministra en funciones para la Transición Ecológica, el pasado agosto.
Allí, las cinco principales organizaciones ecologistas de España y colectivos activistas, como Extinction Rebellion Spain, Teachers for Future o Complutenses X el Clima, pidieron a Sánchez y Ribera una mayor contundencia a la hora de abordar la crisis climática. De las 20 propuestas que estas entidades trasladaron a Sánchez, Ecologistas en Acción denuncia que solo se han incluido dos en la propuesta del PSOE. La que se ha recogido con mayor contundencia es la de la declaración de la emergencia climática en España, algo que también reclaman los grupos activistas. Sin embargo, el documento no detalla en qué consistiría exactamente esta medida.
Desde Extinction Rebellion Spain sostienen a La Marea que «las propuestas programáticas están muy lejos de cumplir nuestra segunda demanda: reducir a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025″. Por su parte, Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace, resalta, en este sentido, que desde el Gobierno en funciones hablen de emergencia climática «cuando, con este documento, en absoluto la abordan realmente». «La emergencia climática no es un eslogan: es una situación que exige medidas valientes y ambiciosas, ya que con esto no llegamos a cumplir el Acuerdo de París», continúa Rodríguez, quien explica que no han quedado reflejadas las 69 medidas que presentaron desde Greenpeace al PSOE y al resto de partidos antes de las últimas elecciones generales.
Objetivos de reducción de emisiones insuficientes
Si bien en la presentación del documento, el punto 256 incluía la prohibición, a partir de 2040, de la venta de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, poco después el PSOE reculaba. Finalmente, en este apartado puede leerse lo siguiente: «En desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, adoptaremos las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km».
Sobre esta cuestión, Paco Segura explica que «si pretenden, como proponen en su documento, que en 2050 haya cero emisiones netas no se pueden vender vehículos contaminantes todavía en 2040». «¿Cómo es posible que un país tan vulnerable a los efectos del calentamiento global como es España tenga tanta dependencia a los coches que consumen combustibles fósiles?», se pregunta retóricamente David Howell y pone énfasis sobre la urgencia de reducir las emisiones con planes más ambiciosos: «El IPCC lo ha dejado bien claro, el aumento de 1,5ºC en la temperatura global supondría para España aumentos en los picos de las olas de calor, además de otras respuestas meteorológicas como sequías, escasez de agua y problemas de incendios forestales».
Y, en todo, caso «aunque se prohibiera el consumo de diésel en 2040, tampoco valdría: en 2028 se debería cumplir el escenario de no superar los 1,5ºC de la temperatura global», matiza Mario Rodríguez. En este sentido, según explica Segura, «se calcula que hace falta reducir las emisiones anuales entre un 7 y un 10 por ciento para intentar que no aumente la temperatura, con objetivos que deberán ser cada año más ambiciosos».
En la misma línea, José Ferreras, activista del movimiento Fridays For Future en España —colectivo que declinó reunirse con Sánchez y Ribera en agosto al considerar que no quieren convertirse «en un instrumento mediático en la formación de un gobierno»— opina que «no se puede cambiar una medida tan importante como esa en un momento en el que deben ir cerrándose fechas para terminar con la venta de vehículos que consumen combustible fósiles». Países como Austria y Noruega ya han planteado dejar de vender coches que resulten contaminantes entre 2020 y 2025 y otros como Irlanda o Dinamarca han fijado su fin para 2030.
Faltan medidas sobre biodiversidad y políticas de adaptación
Según las organizaciones consultadas, otro de los problemas que encuentran al documento es la falta de compromiso con la biodiversidad. Aunque sí se mencionan, sin entrar en detalles, aspectos como la ampliación de la red de espacios protegidos, un Plan de Acción contra las especies exóticas invasoras y la creación de un Consejo para la Seguridad Ambiental, para el coordinador de campañas de Ecologistas en Acción, Théo Oberhuber, «no se incluye ni se hace mención a que España tiene el compromiso de detener la pérdida de biodiversidad en 2020 —según la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea—; tener en cuenta esta cuestión implicaría proponer medidas específicas que no se han mencionado».
Entre los temas ausentes, David Howell también destaca «un elemento muy importante de la gestión forestal: los sumideros de carbono y el trabajo que el gobierno debe hacer junto a las comunidades autónomas para asegurar su conservación». Los sumideros de carbono son depósitos que absorben el carbono de la atmósfera, contribuyendo a reducir la cantidad de CO2 del aire. Según el responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife, «saber qué va a hacer España con sus sumideros naturales es fundamental para ir a por el objetivo de cero emisiones netas, pero el PSOE no habla en ningún momento de una política de sumideros».
«Hay otro elemento que no figura», continúa Howell, «y es la adaptación a todos los riesgos que conlleva la crisis climática para muchas facetas de la vida y el medio ambiente en España, donde tenemos sectores tan importantes como la agricultura o el turismo, que son enormemente vulnerables a los impactos directos del cambio climático».
Precisamente, este miércoles, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) publicó un informe en el que alerta de la «cascada de impactos del cambio climático en los agroecosistemas y la producción de cultivos», en especial en las regiones del sur de Europa.
La ausencia de la gestión del agua
Al tratarse de un documento para la negociación de investidura, desde Greenpeace esperan que algunas medidas se concreten con mayor ambición de cara a una posible legislatura. Su director ejecutivo señala, por ejemplo, que quien gobierne deberá tener presente la cuestión del agua: «Será uno de los grandes debates en un contexto de emergencia climática: reorientar la política del agua y de qué forma. Esto es algo que ahora no se aborda».
En resumen, para Mario Rodríguez, «estamos en alerta y también con algo de frustración: vemos que las cuestiones socioambientales están en la agenda política y se asumen los esloganes sobre la emergencia climática pero esto se tiene que traducir en medidas concretas. Tenemos mucho trabajo por delante».
Mención a la educación ambiental
El documento socialista también recoge en su segundo punto una de las principales demandas de especialistas en educación ambiental. Se trata, tal y como apunta el apartado 247, en la revisión, actualización y desarrollo del Libro Blanco de la Educación Ambiental.
Desde el movimiento Educación Ambiental EA26, presentes también durante la ronda de contactos que mantuvo Pedro Sánchez con la sociedad civil en agosto, consideran «un avance» la medida «tras 20 años de su publicación». Pero matizan: «solo es el principio», siendo clave en este sentido la declaración de emergencia climática.
Para EA26, las exigencias a las que deberá hacer frente el nuevo gobierno en materia de educación ambiental -y que no se reflejan en el documento- son la Estrategia Estatal de Educación Ambiental, «uno de los marcos referenciales para la acción de gobierno de todos los ministerios», y «la creación de un comisionado climático multidisciplinar».
