La vicepresidenta del Gobierno en funciones y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, compareció ayer en el Pleno del Congreso después de que la Diputación Permanente aprobara con los votos de PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, ERC, el PNV y el Grupo Mixto una sesión extraordinaria para que explicase las actuaciones del Ejecutivo en relación con los últimos acontecimientos del Open Arms.
Pero la vicepresidenta decidió aprovechar la oportunidad para repasar la política migratoria que el gobierno de Sánchez ha desarrollado durante estos 14 meses. Y lo hizo con un discurso escrito para contentar a todos, lo que sabemos es imposible, máxime cuando se trata de uno de los asuntos que más polariza el arco parlamentario. Y sobre todo, cuando para ello asumes –y, por tanto, legitimas– los planteamientos que han convertido al Mediterráneo en una fosa común, donde habrían muerto ahogadas al menos 35.000 personas migrantes en los últimos treinta años. Calvo presentó con acierto la política migratoria como una política de Estado, pero erró cuando añadió: “Porque en esta política de protección de derechos humanos, porque hablamos de personas, también se conjuga, nada más y nada menos, que la política de seguridad de nuestro país”. Y justo ahí, tras poner todo el peso de su discurso en la seguridad, hizo la primera pausa para ser arropada por un cerrado aplauso de la bancada socialista.
Calvo construyó su discurso en torno al binomio migración-seguridad, suscribiendo así el marco teórico desarrollado por la Unión Europea en las últimas décadas por el que las migraciones no son un fenómeno socio-político y económico o una cuestión humanitaria, sino fundamentalmente una cuestión de seguridad y de defensa, conceptos ambos que, por tanto, conciben a las personas migrantes como una amenaza y un peligro para nuestras sociedades. Una aproximación belicista al fenómeno de la migración que ha sido el caldo de cultivo de los discursos xenófobos y racistas que han dado alas en los últimos años a los movimientos populistas neofascistas en el continente europeo. Primero hacía falta el negocio de la xenofobia, como definió Claire Rodier al entramado económico que se ha dispuesto para hacernos sentir miedo de ‘los otros’, para que después fueran creíbles los Abascales y Lepenes. Calvo abrazaba este marco discursivo cuando, citada para hablar del incumplimiento del derecho internacional en el que incurrió el exministro de Interior, Mateo Salvini, al impedir atracar en los puertos italianos al barco de rescate de Proactiva, dedica buena parte de su intervención a hablar de seguridad y medidas para asegurar la convivencia.
Calvo parecía más preocupada por apaciguar las críticas de las derechas y los temores de una parte de la población, que ha sido intoxicada por el discurso diario de una parte de los medios de comunicación de presentar a las personas migrantes como delincuentes, abusadores de las ayudas públicas y corruptores de nuestra cultura, que en explicar por qué hemos llegado a este momento de la historia en el que para salvar vidas hay que pedir permiso. Para ello, hizo hincapié en el empeño de su gobierno por “ordenar la inmigración”, un concepto basado en la concepción de las personas extranjeras de países empobrecidos como, exclusivamente, mano de obra.
Y, claro, no podía faltar el tercer elemento de esta aproximación deshumanizada de las migraciones: tras la seguridad y el orden, las mafias. Las mafias son la cortina de humo que la Unión Europea y sus gobiernos llevan utilizando décadas para trasladar su responsabilidad en las muertes de migrantes a un ente difuso y bajo el que caben casi todos los actores que participan en las migraciones procedentes de países esquilmados. Cualquier neófito en las cuestiones migratorias sabe que las llamadas mafias –complejas redes, formales e informales, que prestan servicios para alcanzar el país de destino– son el resultado directo de las políticas de cierre de fronteras, una decisión adoptada a principios de los 90 por los países de la UE, que fuerza a la mano de obra que requieren sus economías a endeudarse cada vez más para emprender el viaje a través de estas estructuras que les permiten ejercer su derecho a la libre circulación –reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos–, a exponer a sus vidas a mayores riesgos ante la militarización de las fronteras y a aceptar un creciente grado de explotación para ser competitivos frente el nuevo precariado de la población autóctona. El juego redondo del neoliberalismo que necesita carne de cañón desechable, explotable, deportable. Y todo esto, la señora Calvo lo resume con el término ‘las mafias’, como lo hacen Casado, Rivera o Abascal.
Calvo fue convocada al Parlamento para dar explicaciones sobre lo ocurrido con el Open Arms y decidió hablar de todo para no hablar de nada. Porque no se puede hablar de política migratoria sin hablar de la Ley de Extranjería que convierte la vida de las personas migrantes en un estado de apartheid que puede durar, como por fin supo el grueso de la población con la aún impune muerte de Mame Mbaye en 2018, más de quince años. Porque no se puede hablar de derechos humanos y omitir los Centros de Internamiento de Emigrantes, los Centros de Estancia Temporal de Ceuta y Melilla, y la situación que se vive en muchos centros de menores. Porque no se puede hablar de las mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual sin admitir que nuestro gobierno actúa de lobby ante la UE para que financie a Marruecos e impida por todos los medios llegar a territorio español. Porque no se puede alabar el trabajo de Salvamento Marítimo sin abordar los recortes que llevan sufriendo en el último año y su paulatina sustitución y militarización a manos de la Guardia Civil y el Frontex. Porque no se puede criticar que el mismo día que el presidente Sánchez ofreció el puerto de Algeciras al Open Arms, Salvamento Marítimo rescatase a 187 personas, pero que los periodistas no pusiéramos ahí el foco mediático, cuando tenemos vetado el acceso a sus operativos y a los puertos en los que desembarcan. Porque no se puede, en definitiva, ir al Congreso a hablar de por qué rescatar vidas se ha convertido en un delito, que puede pagarse con multas de hasta 900.000 euros, y terminar alabando que un barco de la Armada vaya a traer a España a 15 personas de Italia. Movilizar un barco de guerra para quince personas. Eso no es un discurso a la altura de una política de Estado. Por muchas veces que repitiese seguridad, orden y mafias.
