Uno de sus principales objetivos es estar presentes en todos los consejos de la mujer de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, de momento, para llevar hasta los espacios de coordinación y decisión las denuncias de las mujeres que han sufrido en primera persona esta violencia. Su primera reivindicación es “la figura de una sindicatura de agravios o defensora del pueblo específica para violencia machista”, señalan las portavoces Chelo Álvarez y Marta Guerrero, “que atienda todas nuestras quejas”, fundamentadas en malas prácticas de cada institución.
La violencia institucional es un concepto que esconde graves perjuicios para las mujeres víctimas de violencia machista y sus familias. Los fallos del sistema judicial y en general de prevención, atención y protección ponen en riesgo vidas humanas y añaden enorme sufrimiento a las mujeres y su entorno. “Estamos muy cansadas, hartas de gritar, entre otros, que un maltratador no es un buen padre” explican. “Estamos hartas de esperar respuestas a una situación que merece medidas urgentes y efectivas. Demasiados años ya esperando el desarrollo de la ley que nos ha de defender, de soportar programas que lejos de apoyar una salida real y efectiva, nos revictimizan o nos tratan como a personas menores de edad infractoras -como ocurre en las casas de acogida-”, denuncian.
El Consejo de Mujeres Resilientes es una plataforma autonómica que aspira a crecer, y trabaja en conexión con víctimas de todo el Estado español y un foro internacional de mujeres víctimas de violencias machistas. Este Consejo señala “la escasez de recursos, la necesidad de fuerzas de seguridad del Estado sensibilizadas y formadas en violencia de género, la falta de juzgados especializados en violencia machista que atiendan todo el territorio y un turno de oficio competente y exclusivo”.
Las portavoces advierten que tienen previsto documentar de forma sistemática todas las agresiones que identifiquen y consideren violencia institucional, para exponerlas y denunciarlas. Alertan de situaciones como que las mujeres “tengan que declarar varias veces sobre la agresión, o tener que hacerlo sin disponer de biombos que les permitan evitar el contacto visual con el agresor”. Álvarez y Guerrero denuncian la “persistencia en los Puntos de Encuentro de una práctica absolutamente desautorizada legal y terapéuticamente en casos de violencia de género como es la mediación entre víctimas y agresores; el uso de etiquetas como ‘no colabora’ en informes de víctimas a las que se solicita que ejerzan una función facilitadora de las relaciones, por ejemplo, de sus hijos e hijas con el agresor” de modo que se sigue atribuyendo a las mujeres un rol de conciliadoras, propio de una concepción patriarcal que deposita sobre las mujeres la responsabilidad del buen desarrollo de las relaciones agresor-menores y disculpa a los agresores.
El Consejo revela que “se producen fallos en el procedimiento de encriptamiento de datos en las solicitudes de las víctimas en el Servicio Valenciano de Empleo, de modo que se vulnera la confidencialidad necesaria para evitar la localización de las víctimas” y han detectado que “si una mujer cambia de facultativo en el sistema sanitario no se activan las llamadas de atención que advierten de que se trata de una víctima o el hecho de que la lentitud de los procedimientos administrativos y judiciales ocasionen que haya mujeres que, para no incumplir una sentencia, puedan pasar meses o incluso años llevando a sus hijos a los puntos de encuentro a visitas en las que el padre agresor no comparece pero tampoco se interrumpe el régimen de visitas”.
En referencia a la magnitud de los servicios externalizados, privatizados, denuncian “el negocio que se está haciendo con los pocos recursos existentes” con la mayor parte de la atención a víctimas en manos de empresas multiservicio o “el hecho de que nuestros hijos e hijas sigan pasando por Puntos de Encuentro Familiar donde se les obliga a estar con el maltratador”.
Destacan además que muchas de las mujeres que forman parte de este Consejo, “somos mujeres formadas en muy distintas disciplinas, a las que habitualmente se nos trata como enfermas o incapaces, se nos sugiere rehabilitación o se nos acusa de Síndrome de Alienación Parental, pese a estar clínica y judicialmente desautorizado”, apuntan.
El Consejo exige cambios efectivos en cuestiones como que “los agresores con orden de alejamiento conozcan en que domicilio reside la víctima pero la víctima no disponga de la misma información sobre su agresor o que sean las mujeres las que tengan que vivir escoltadas por un o una agente de la Guardia Civil en lugar de ser los agresores, quienes han cometido un delito, los que vean limitada su libertad y vivan bajo vigilancia».
