Isidoro Albarreal, miembro de Ecologistas en Acción, lleva más de una década denunciando en los medios de comunicación y en los tribunales la mina Cobre Las Cruces –del grupo canadiense First Quantum–, en la provincia de Sevilla, a unos 10 kilómetros de Aznalcóllar. De fondo, siempre la misma acusación: el sistema creado para no dañar el acuífero bajo el que está el mineral –la condición con la que había sido aprobado el proyecto– falla. Esta semana, como tantas veces, Albarreal acude a la entrevista con papeles en la mano. Unos corresponden a la sentencia que condenó a tres directivos de la mina: un año y tres meses de cárcel para cada uno de ellos, inhabilitación durante un año e indemnización al Estado con 43.688 euros por los daños generados por la contaminación y con 249.521 por los daños generados por la detracción ilegal de aguas. El juzgado acordó la suspensión de la pena de cárcel al ser la única condena de los acusados. Los otros papeles recogen una reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la multa de 1,2 millones impuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por detraer ilegalmente aguas subterráneas.
«A nosotros nos ha sorprendido mucho este derrumbe porque no ha habido lluvias torrenciales, ni movimientos sísmicos… Y nos cuesta mucho creer que haya sido de pronto. Ellos tienen inclinómetros, piezómetros que miden el nivel de agua subterránea. Y es sorprendente que no le haya pillado a ningún trabajador. Yo creo que se dieron cuenta y, por sentido común, desalojaron”, comienza diciendo sobre el nuevo capítulo de esta historia: un deslizamiento de tierra en un talud de la corta el pasado 23 de enero. En un comunicado, la compañía informó de que había activado de manera inmediata los procedimientos de seguridad y medioambientales establecidos para evacuar la zona y aislar el incidente. «Igualmente se ha informado de manera inmediata y transparente a las administraciones competentes, con las que se mantiene una comunicación constante», añadió en la nota.
La Junta de Andalucía ha decidido suspender provisionalmente los trabajos de explotación durante seis meses dada la «magnitud» del incidente: “Compromete gravemente la seguridad de los trabajos, de las instalaciones y de los trabajadores”, explica la Administración. Además, la mina deberá elaborar un informe preliminar donde se reflejen las posibles causas, las labores proyectadas para salvaguardar la seguridad de las personas, bienes y derechos, la integridad de la superficie, la conservación del recurso y de las instalaciones, y posibles afecciones al resto de elementos del complejo minero, dominio público hidráulico y al medio ambiente. “Y ya hemos denunciado también la pérdida de agua por una galería subterránea que han hecho”, avisa Albarreal.
En resumen: ¿qué ha ocurrido en los últimos diez años?
La primera vez se suspendió en mayo de 2008 y el reinicio fue en abril de 2009, justo en el último consejo de la Junta con Manuel Chaves, que se fue con Zapatero de ministro. Desde el principio avisamos y denunciamos que se estaba detrayendo más agua de la que se reinyectaba. El juicio fue en septiembre de 2016, ocho años después, y fueron condenados tres directivos por contaminación del acuífero y detracción ilegal de aguas: el consejero delegado, la directora de minas y el director de medio ambiente. Pero es que todavía hoy el acuífero no ha parado de perder agua, como confirman los informes bimensuales del hidrogeólogo residente. Esa mina no se ha debido autorizar nunca, así de claro, porque tiene un acuífero encima. Tiene la particularidad de que el mineral está justo debajo de un acuífero.
¿Qué papel cumple ese hidrogeólogo?
Es una figura que está muy bien. Trabaja para la Administración pero su gasto lo paga la empresa. Nos gustaría que se implantara más en los grandes proyectos porque uno de los grandes problemas es la falta de control. Nosotros cada año hemos presentado una denuncia con los seis informes bimensuales, que dicen que se pierde del orden de un millón o 1,2 millones de metros cúbicos de agua sin autorización.
Pero la Administración la sancionó en reiteradas ocasiones…
Muchos expedientes sancionadores de la primera época se han declarado nulos porque al devolver la Junta de Andalucía las competencias del Guadalquivir al Estado se perdió todo. La empresa sí ha pagado por la sentencia de 2016, pero muy poco, muy poco. Lo que sí hemos conseguido después es una sentencia firme del Supremo de 1,2 millones de euros. Pero lo importante no es la multa, sino el punto en el que la obliga a que cumpla con lo que desde el principio no ha cumplido. Y hay otra exactamente igual en la mesa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez de 1,4 millones de euros que tiene otra cláusula como esta.
¿Y por qué sigue incumpliendo?
Esa mina nunca se debió autorizar, insisto. Había que elegir entre proteger el acuífero o construir la mina. Yo creo que es imposible que no detraigan agua. Pero es que tampoco están pagando por lo no autorizado. Si lo hicieran con una autorización implicaría un canon por utilización de dominio publico hidráulico.
¿Han hablado ustedes con la empresa en todos estos años?
Curiosamente hace dos o tres meses fueron ellos los que contactaron con nosotros. Primero a través de la Administración, que contactó a su vez con nosotros. Se planteó una reunión tripartita. Nosotros pusimos como única condición reunirnos antes con la Junta y después con ellos. La Administración no dijo ni mú y ya contactaron directamente con nosotros. Se llegó a fijar una reunión. Dijimos que fuera con el consejero delegado y el día antes dijeron que no, que no podían. Y la que contactaba con nosotros era la directora de los Servicios Jurídicos y Relaciones Institucionales Lorena García, a quien acaban de nombrar viceconsejera de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad.
¿Qué esperan del nuevo gobierno (PP-C’s)?
Nada. Bueno, continuidad. La Administración siempre ha dado por buenos los documentos que envía la mina y luego dice que no puede saber si iba a cumplir o no. Se está esquilmando un acuífero que es además reserva estratégica en caso de sequía para Sevilla capital y el Aljarafe. Después de la Expo del 92 hubo unos años de sequía extrema, se quedaron todos los pantanos vacíos y Sevilla tuvo que beber de ese acuífero. Ahora mismo si ocurriera una situación como esa no se podría usar porque, primero, ya tiene poca agua y, segundo, tiene riesgo de contaminación. Lo mismo ha ocurrido también con la galería subterránea que han hecho y que ellos llaman “de investigación”, porque creo que ellos mismos dudan de la estabilidad del terreno. Nosotros ya tenemos puesta otra denuncia por la pérdida de agua por la galería subterránea, que es un añadido al millón de metros cúbicos que pierde el sistema en sí.
¿Nunca han denunciado a la Administración directamente?
Siempre denunciamos conjuntamente a la Administración. Ponemos la denuncia contra la empresa y la Administración que lo permite. Pero a la Fiscalía le cuesta mucho asumir denuncias contra la Administración. Además, a esta empresa la ha puesto siempre la Administración como ejemplo de minería responsable. Y, paradójicamente, cada vez que decimos algo se cumple.
¿Qué cree que va a pasar cuando levanten la suspensión, si es que la levantan?
Una mina por definición es finita. Tiene principio y final. Pero aquí la historia es que se autorizan cosas increíbles. Otro ejemplo es Riotinto, donde, por desgracia, vamos a tener razón una vez más. En esas balsas no cabe la cantidad de residuos que se siguen produciendo. En Cobre Las Cruces por lo menos se ha conseguido una cosa buena respecto a Aználcollar: los residuos son sólidos. En Riotinto no solo no son sólidos sino que había una condición de 50% sólido – 50% líquido y ahora le han hecho una modificación: 30% sólido y 70% líquido. Y lo hacen sabiendo que compromete la estabilidad de las balsas. Como reviente, afecta al río Odiel, a Gibraleón y Huelva. Y con el espigón podría afectar a la costa de Doñana. Pero seguro, seguro, Gibraleón y Huelva.
¿Qué cree que hubiera pasado sin las denuncias constantes de Ecologistas en Acción?
Probablemente ni se hubieran abierto estos expedientes sancionadores aunque hubieran estado los informes del hidrogeólogo.
