Feminisimo | Sociedad

El genocidio que no cesa

Esta es la primera parte de un capítulo del libro 'Todas' (Libros.com). En los próximos días publicaremos 'Las víctimas olvidadas' y 'Violar para exterminar', de la misma autora.

Comentarios
  1. El Ministro de Justicia Juan García Oliver, de acuerdo con el Consejo de Ministros, razonaba en la introducción del decreto de 1937, la necesidad de adaptar las leyes civiles a la Constitución de la Segunda República española de 1931, “porque así lo exige la revolución jurídica operada en nuestro país, incompatible con los arcaicos privilegios que las leyes conceden y otorgan por razones de sexo”. El Ministro destacaba que la igualdad de derecho del varón y de la mujer debe ser absoluta, sin otros limites que las diferencias impuestas por la Naturaleza. “La mujer, dentro del matrimonio ha de ser una verdadera compañera, y dentro y fuera del matrimonio ha de poder desempeñar las mismas funciones civiles que el varón”. Terminaba expresando que “toda sombra de autoridad marital, de restricción y aun de privilegios de uno u otro sexo es absolutamente incompatible con la dignidad que igualmente ostentan y que la ordenación jurídica debe consagrar”. (Gaceta de la República – Núm. 35, del 4 de Febrero de 1937).
    La situación social de la mujer no había variado en España al iniciarse el siglo XX con respecto a la segunda mitad del siglo anterior. Las mujeres seguían careciendo de derechos legales y se encontraban sumidas en la incultura y el analfabetismo. En 1900, el 66% de las mujeres eran analfabetas frente al 47,5% de los hombres. A pesar de que las mujeres de clase baja formaban en 1930 el 14% de la población activa, se veían claramente discriminadas en su salario, cobrando hasta un 48% menos que los varones que ejercían el mismo puesto laboral. Además, las mujeres estaban obligadas a realizar las tareas domésticas.
    La Guerra y el régimen franquista cortaron las alas al ideal de igualdad entre sexos. La labor social y política de la mujer durante la dictadura fue desterrada. En los territorios ocupados, se prohibió la coeducación (1936), el matrimonio civil (marzo de 1938) y el divorcio (septiembre de 1938). Se establecieron penas para el aborto y el adulterio, y la prostitución fue de nuevo legalizada. En definitiva, se restableció el papel tradicional de la mujer. (Portal Libertario OACA). La derogación de los derechos femeninos bajo el gobierno de Franco llegó a tal punto que, aun en 1975, la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora estaba prohibida.
    No hay mayor violencia social que la desigualdad. No hay mayor crimen que los que se cometen contra quienes sufren desigualdad, que son los más vulnerables. En el caso de las mujeres, se dan las dos circunstancias: sufren desigualdad social y son victimas de la violencia machista, que es terrorismo. Si la República tuvo la sensibilidad de reconocer la igualdad en derechos civiles, hoy seguimos reivindicando la igualdad real y efectiva. Hay que conseguir la igualdad en derechos ciudadanos, sociales, laborales y los de cualquier otra condición.
    Dicen las mujeres ?y yo con ellas? que no van a permitir ningún retroceso en sus derechos, porque los derechos de las mujeres no se negocian, ¡ni un paso atrás en igualdad!”
    Victor Arrogante.
    https://laicismo.org/igualdad-de-derechos-civiles-en-la-segunda-republica/

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