Utilizar el sistema fiscal como medio para incentivar cambios positivos en los comportamiento de cara a reducir los impactos ambientales. Con esta premisa se ha presentado el informe Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible. En él, las cinco mayores organizaciones ecologistas de España (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife y WWF), proponen al Gobierno de Pedro Sánchez 30 medidas de fiscalidad ecológica, entre las que se encuentran reformas de impuestos ya existentes para incorporar criterios ambientales, y la creación de 13 nuevos tributos “que incentiven o penalicen determinadas actividades, conducta y decisiones de los agentes económicos según su impacto ambiental”.
Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra ha resaltado, durante la presentación del mencionado informe en Madrid, que “España se encuentra a la cola de Europa en ecofiscalidad” y por ello es necesario que el Ejecutivo, adopte estas medidas. “Es un Gobierno que se ha definido como ecologista y por ello tenemos esperanza en que sí se pueda confrontar con las empresas este nuevo modelo”, ha explicado Ruibal.
Entre los impuestos a reformar se encuentra la imposición sobre los hidrocarburos. Las organizaciones piden equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina: “No hay duda de que el diesel es más contaminante que la gasolina y, sin embargo, tiene un 23% menos de impuestos”, ha denunciado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. Según ha destacado, “solo el anuncio de esta posibilidad ha provocado una reducción del consumo” de este combustible. Se eximiría de esta subida al gasóleo utilizado para usos agrícolas, pesquero, ganadero o para actividades de silvicultura.
Se hace mención en el texto a impuestos como el de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre la electricidad y sobre la energía nuclear. La intención en todos los casos es gravar las actividades más nocivas y apoyar aquellas más cuidadosas con el medio. Por ello piden por ejemplo, “establecer beneficios fiscales en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para incentivar la conservación de fincas de elevado interés natural” o, por el contrario, “gravar el uso del agua y la carga contaminante vertida a aguas superficiales o subterráneas”. “Queremos facilitar acuerdos entre el propietario de fincas de especial importancia en cuanto a biodiversidad y las ONGs para garantizar una gestión que cuide esa naturaleza”, ha resaltado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF.
También se recoge la reestructuración de impuestos más generales como es el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto de Sociedades, introduciendo criterios ecológicos a la hora de gravar o bonificar su aplicación. De esta forma, por ejemplo, los alimentos ecológicos o los pañales reutilizables pasarían a tener un IVA superreducido (del 4%) y el transporte aéreo y ciertos productos alimentarios con bajo nivel nutricional verían incrementado su precio mediante la aplicación de una IVA del 21%. “No pedimos ninguna barbaridad. Es lo que sucede en la mayor parte de los países europeos. Los buenos hábitos y servicios deberían bonificarse y aquellos más contaminantes deberían penalizarse”, ha pedido Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO Birdlife.
No obstante, las medidas propuestas no solo se dirigen al gobierno central sino también a las administraciones autonómicas y locales. “Proponemos una revisión sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para que se incluya el uso de las renovables como elemento de deducción en la cuota del IBI”, ha pedido Mario Rodríguez, director de Greenpeace, durante la rueda de prensa.
Creación de nuevos impuestos
Además reformular determinados impuestos ya existentes, las cinco organizaciones ecologistas piden la creación de hasta 13 nuevos tipos impositivos. Entre ellos se encuentran desde impuestos sobre el vertido y la incineración de residuos, sobre sustancias de elevado nivel de preocupación, sobre actividades extractivas mineras hasta tributos sobre la caza, el esquí alpino o la ganadería intensiva.
Según denuncian, España es el país europeo que más plaguicidas utiliza. Es por ello que solicitan un aumento de entre el 10 y el 15% en el precio. “En Suecia consiguieron una disminución 20% en el uso de fertilizantes químicos solo con 2 años de puesta en marcha de la subida del precio”, ha recalcado Paco Segura.
Acabar con las desigualdades
Esta ha sido una de las premisas de las cinco organizaciones ecologistas. Por ello establecen diferencias impositivas de acuerdo con la capacidad económica de los actores. “La aplicación debe hacerse de forma cuidadosa no realizando subidas de impuestos a las bravas e incentivando la desigualdad social”, ha remarcado Blanca Ruibal en referencia a las maniobras del gobierno de Emmanuel Macron en Francia y las protestas de los chalecos amarillos.
Según aseguran, es imposible cuantificar el montante total de fondos que podría obtenerse mediante la aplicación de estas 30 medidas. Sin embargo, han remarcado que el fin último no es recaudar más fondos sino incentivar el cambio de modelo. “Hasta ahora el medio ambiente no ha importado nada. Es el momento de tomarse en serio esto y avanzar a la transición. Esperamos que ahora pueda llevarse a cabo con un gobierno que ha hecho bandera de esto”, ha finalizado Juan Carlos del Olmo.