La política es el mundo de los gestos. Nada mejor para comprobar esta afirmación que analizar lo sucedido estos días en Barcelona, donde los gestos han ocupado el centro de la escena y el debate público. Los gestos delatan intenciones y esperemos que -frente a agoreros, alarmistas y catastrofistas- los que se han prodigado estos días sirvan por lo menos para encauzar la vía del diálogo institucional.
Uno de estos gestos ha consistido en la expedición el pasado viernes 21 de diciembre por parte de la ministra de Justicia (Dolores Delgado) de la Declaración de reparación y reconocimiento personal en favor de Lluís Companys, así como su toma de conocimiento por el Consejo de Ministros celebrado ese mismo día. Esta Declaración se basa en los artículos 3 y 4 de la Ley 52/2007 (conocida como ley de memoria histórica), los cuales establecen: en primer término, el carácter ilegítimo e injusto de los tribunales, sentencias y condenas dictadas en vulneración de derechos humanos; y, en segundo término, el derecho de quienes fueron condenados por sentencias dictadas por tales tribunales franquistas a obtener una declaración personal de reparación y reconocimiento. Una declaración que, como señala la propia ley, no tiene efecto jurídico alguno, dado que ni supone la anulación de la condena ni es título para una indemnización económica. Se trata de una declaración que contiene un reproche político y moral, pero no jurídico, y que da lugar a una reparación más simbólica que real. Pero los símbolos, al igual que los gestos, también delatan intenciones.
En el caso de Companys, la Declaración recientemente expedida viene a sumarse a la que ya se expidió en su favor en el año 2009. Fue entonces Francisco Caamaño, ministro de Justicia de un Gobierno también socialista, quien entregó con toda solemnidad (otro gesto) a Maria Lluïsa Gally, nieta de Companys, una Declaración de reparación y reconocimiento personal en favor de quien fue presidente de la Generalitat fusilado en octubre de 1940.
El de ahora es un gesto más, sí, pero repetido, al no haber diferencia alguna entre la Declaración de 2009 y la expedida en 2018, dado que el instrumento es el mismo. La normativa en que se basa, la misma; y los efectos, los mismos. Si la repetición se debe a desconocimiento por parte del Gobierno de esta antigua Declaración ya expedida y entregada a la familia de Companys, o a la necesidad de insistir en el gesto dadas las circunstancias políticas y todo lo que supone la figura de Companys en Catalunya, es algo que quedará en el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. En todo caso, sí sorprende la reiteración, por mucha importancia política que tengan gestos como este o el de denominar Josep Tarradellas (otro hombre) al aeropuerto de Barcelona.
Pero la sorpresa es mayor si se atiende a lo sucedido durante todo este tiempo con este mecanismo de reparación previsto en la ley de 2007. Desde un principio contó con el rechazo de víctimas y asociaciones de memoria, dado que su demanda se centraba en conseguir la nulidad de todas aquellas sentencias y demás resoluciones producto del entramado pseudojudicial con el que el franquismo quiso «blanquear» su brutal e indiscriminada represión. Prueba de este rechazo es que hasta la fecha la cifra de declaraciones expedidas no llega a dos mil, la cual es ciertamente baja si se tiene en cuenta el ingente número de personas víctimas de estas farsas judiciales.
Además, la existencia de esta declaración tampoco ha servido para que el Tribunal Supremo anule -vía recurso de revisión- dichas sentencias. En todos los recursos interpuestos hasta la fecha, el alto tribunal siempre ha rechazado tal posibilidad. En el caso objeto de estas líneas, en abril de 2010 la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo inadmitió -alineado con las tesis del entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Cumpido- el recurso presentado por la Generalitat y el Parlament de Catalunya. No fue diferente la resolución de otros casos ante el mismo tribunal, como por ejemplo el presentado poco tiempo después por las familiares del poeta comunista Miguel Hernández. Y así con toda una lista de casos que comienza a ser abultada.
De ahí que, a pesar de su innegable simbolismo, el (repetido) gesto Companys pueda generar una cierta perplejidad. Máxime cuando en este mismo Consejo de Ministros se ha utilizado este mismo mecanismo -la declaración de ilegitimidad e injusticia del art. 3 de la ley de 2007- para ‘reparar’ las sanciones a siete académicos (más hombres) de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, los cuales fueron cesados y les fueron retiradas sus medallas por motivos políticos durante la dictadura. Que haya que reparar a estas víctimas es innegable; que la reparación consista básicamente en crear una comisión de trabajo que tenga por objeto declarar ‘injustas’ e ‘ilegítimas’ sus sanciones es a todas luces insuficiente.
Por tanto, en lo que a la memoria democrática se refiere, la conclusión de lo sucedido en el pasado Consejo de Ministros se resume en la utilización de un mecanismo de reparación prácticamente olvidado, rechazado por el movimiento memorialista, ineficaz para reparar a las víctimas y cuya sustitución por medidas dirigidas a conseguir la nulidad de tales sentencias ha sido recomendada hasta por diferentes organismos del sistema de Naciones Unidas.
Entonces, la duda que se plantea ahora es si el recurso a este instrumento de la declaración de reparación ha sido una cuestión puntual, limitada al caso Companys y al de los siete académicos como cobertura de aquel, o si, por el contrario, a partir de ahora se va a generalizar su uso como fórmula de reparación a las víctimas de similares sentencias, sanciones y condenas. De ser esta la opción, resultaría incompatible no solo con el sentir general de la reforma de la ley de 2007 que se está tramitando en el Parlamento, sino incluso con la propia posición que el PSOE ha sostenido en los últimos tiempos sobre el tema de la nulidad de las sentencias franquistas. No hace tanto tiempo, estando en la oposición, el grupo parlamentario socialista presentó una proposición de ley para la reforma de la ley de memoria histórica, en cuyo art. 4 se contemplaba una declaración de nulidad de los tribunales y sentencias franquistas. ¿Significa este (repetido) gesto Companys la renuncia a la nulidad y la vuelta a la posición de 2007? Convendría un gesto que nos aclarase la duda.
Rafael Escudero Alday
Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid
