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COP 24: La normativa del Acuerdo de París, explicada

Los Estados lograron armar el esqueleto de un acuerdo en París. Al decidir cómo implementar y monitorizar el tratado, la COP 24 añadirá carne y dientes al texto. Es por eso que muchas personas han descrito esta ronda de negociaciones como la más importante de la ONU desde París.

La líder de la sección de cambio climático de la ONU, durante la apertura de la ceremonia. Foto: Oficina del Primer Ministro de Polonia/Flickr. (Dominio Público)

Natalie Sauer

06 diciembre 2018 Una lectura de 5 minutos

Después de tres años de conversaciones, los delegados han llegado a Katowice, Polonia, para alcanzar un acuerdo sobre el llamado reglamento del Acuerdo de París.

Lo conforman las líneas maestras que definirán cómo se implementa y se contabiliza la acción climática durante las próximas décadas. ¿Alguna pregunta?

¿No hay ya un acuerdo? ¿Por qué siguen negociando?

Los Estados lograron armar el esqueleto de un acuerdo en París. Al decidir cómo implementar y monitorizar el tratado, los delegados y delegadas de la COP 24 añadirán carne y dientes al texto.

Es por eso que muchas personas han descrito esta ronda de negociaciones como la más importante de la ONU desde París. En palabras David Waskow, director de Iniciativa Climática en el Instituto Mundial de los Recursos (WRI), es “el momento de insuflar vida a todas las dimensiones del Acuerdo de París”.

¿Cuántas normas necesita el Acuerdo de París?

No hay un número exacto. Sabemos, sin embargo, que todas las negociaciones previas que han conducido a esta conferencia han desembocado en un borrador de 200 páginas, y que las personas encargadas de la negociación elaborarán normas en torno a nueve temas generales.

Entre estos están las líneas maestras sobre cómo articular y monitorizar los compromisos climáticos de cada país o, en jerga de la ONU, las contribuciones determinadas nacionalmente (NDC en sus siglas en inglés). También se elaborarán reglas sobre cómo alcanzar las metas nacionales ayudando a otros países a reducir sus emisiones, o cómo comunicar las iniciativas nacionales de adaptación al cambio climático.

Sobre la mesa también estarán normas sobre cómo informar sobre las finanzas relacionadas con la acción climática y cómo equipar a países al desarrollo con tecnología que les permita combatir el cambio climático. Finalmente, ya hay una gran sección dedicada a hacer de los informes más transparentes y definir los procesos de revisión, como el balance mundial o el comité de cumplimiento.

Hasta el momento se ha gastado más tinta en mecanismos internacionales de compensación que en ningún otro asunto (67 páginas por 45 páginas de transparencia).

¿Algún ejemplo de alguna de estas líneas maestras?

¿Sabías que los compromisos nacionales se han establecido, hasta ahora, para 2025 o 2030? ¿O que la manera en que estos compromisos se articulaban variaban de un país a otro? El país, por ejemplo, podía dar objetivos de reducción de carbono en toda la economía, mientras que potros trataban de reducir las emisiones por sectores.

Pues al menos una de las líneas maestras de París se dedicará a estandarizar el formato de los NDCs. Esto ayudará a hacer que la implementación del Acuerdo sea más transparente a lo largo del tiempo, y facilite que cada país confíe en los esfuerzos de los demás. Si se asegura a los estados que los demás están aportando su parte de acción climática, a su vez se preparará el terreno para un ambición mayor.

¿Cuáles son las mayores dificultades?

Una normativa exitosa será aquella que asegure que la implementación del Acuerdo de París está a la vista de todo el mundo, sin dejar espacio a los tramposos.

Por consiguiente, se puede esperar que algunos países ofrezcan resistencia a un régimen de mayor transparencia. No todo el mundo dará saltos de alegría con la idea de sacar sus trapos sucios a airear. Además, la transparencia cuesta dinero. Muchos países en desarrollo preferirían invertir en acción climática tangible (por ejemplo, generadores eólicos o centrales hidroeléctricas) que en recoger, almacenar y analizar datos.

A cambio de una mayor transparencia, los países en desarrollo esperan recibir asistencia financiera de los Estados ricos. Particgularmente los países pobres buscarán clarificar qué ayudas tendrán a su disposición a largo plazo. Este es uno de los puntos en los que las negociaciones podrían calentarse: muchos países donantes se muestran reacios a adquirir compromisos claros a largo plazo, ya que a sus tesorerías no les gusta tener que reservar fondos.

Muchos de los debates sobre la normativa pondrán el foco en cómo se revisa la acción climática. El Artículo 15, por ejemplo, establece los cimientos del llamado mecanismo de aplicación y cumplimiento, lo que esencialmente es un comité de 12 personas expertas encargadas de ayudar a los miembros a cumplir el acuerdo. Queda por definir cómo intervendría el comité, y podría ir desde ayudar a los estados miembro a alcanzar sus objetivos o monitorizar sus avances, hasta castigar a los rezagados. O una mezcla de las tres.

De igual manera, la representación de cada país discutirá la influencia del balance global, una cumbre que permitirá a los países informar de sus progresos a la comunidad internacional cada cinco años. El Instituto Mundial de los Recursos ha pedido que las personas negociadoras reduzcan los objetivos potencialmente abstractos, como la adaptación al cambio climático, por objetivos más tangibles, como temperatura, resiliencia o metas financieras, con la intención de fortalecer el proceso de revisión.

¿Serán las normas iguales para todos los países?

No. Aunque es de esperar que los procesos de revisión se agudicen para todos, las declaraciones de los países desarrollados seguirán debiendo ser mayores que las de los países en desarrollo, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR en sus siglas en inglés).

Desde la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en 1992, este principio de la ONU significa que los países ricos tienen el deber de liderar los esfuerzos climáticos, así como de prestar asistencia a los que están en desarrollo, dada su riqueza y su contribución histórica al cambio climático. El Acuerdo de París añadió la línea “considerando las distintas circunstancias nacionales” a la CBDR, lo que difuminó la frontera entre las naciones desarrolladas y en desarrollo.

La manera en que esto se desarrolle en la normativa es una cuestión de profunda tensión política. La UE y los Estados Unidos están de acuerdo en permitir “flexibilidad” para que los países más pequeños y pobres puedan cumplir estándares menos rigurosos, pero no para grandes economías emergentes como China. Estas últimas, en cambio, se agarran a una definición binaria de desarrollados y en desarrollo que se estableció en lo 90, y han pedido normas distintas para países ricos y pobres.

¿Cómo afectaría el resultado a la contaminación global por carbono?

Sería complicado, si no directamente imposible, cuantificar el impacto en carbono de la normativa. Como decíamos, lo único claro es que reglas más fuertes conllevan mayores rendiciones de cuentas, lo que a su vez crea las condiciones adecuadas para que los países confíen los unos en los otros y aumente la ambición.

Este artículo se publicó originalmente en Climate Home News. Traducido por Santiago Sáez.

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Comentarios

Chorche dice:

09/12/2018 a las 21:25

La solución es bien sencilla y la tiene la ciudadanía. Eso sí, una ciudadanía consciente, responsable, no manipulable.
QUE CONSUMA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES, QUE NO ALIMENTE AL CAPITALISMO VORAZ Y ANIQUILADOR, CONSUMIENDO POR CONSUMIR, que adquiera productos locales siempre que sea posible, que viva de manera sencilla, que cultive la cultura, la sabiduría interior, la amistad, la reflexión, el contacto con la sabia naturaleza, la cooperación, que luche por causas justas;
se sentirá mucho mejor y se olvidará de las compras y del consumismo innecesario.

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