Toño Cienfuegos conversa con Nieves de Lera
El sumario con el que el juez Baltasar Garzón intentó juzgar en 2008 los crímenes del franquismo –por primera vez en la historia y sin éxito–, recogía que en España siguen desaparecidas, al menos, 114.000 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Se estima que la inmensa mayoría se encuentra en las más de 2.383 fosas que hay repartidas por todo el país, según el fichero del Ministerio de Justicia –que no ha sido actualizado desde 2011–. De estas, solo han sido exhumadas unas 350, de las que se han recuperado unos 6.200 cuerpos, según Emilio Silva, presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica . Una anormalidad de tal magnitud que ha convertido a España en el segundo país del mundo con más fosas comunes, solo por detrás de Camboya.
“Esto para mí no se diferencia en nada de cualquier crimen ocurrido hace unos meses: han sido secuestrados, maniatados en muchos casos, cambiados de lugar para que no se les pueda encontrar –y prolongar así el sufrimiento de sus conocidos–, y asesinados de un disparo en la cabeza. En realidad, sí que hay una diferencia: estos asesinatos tenían una función ejemplarizante para que la gente supiese lo que les podía pasar también a ellos”. No lo dice cualquiera. Ángel Rodríguez ha sido policía de investigación criminal durante quince años, hasta que las amenazas de la banda terrorista ETA fueron tan acuciantes que tuvo que abandonar Euskadi, el lugar donde había nacido, y su trabajo, para refugiarse en el extranjero. Tras trabajar cinco años en la seguridad privada, y después de que ETA firmara el alto el fuego en 2011, pudo retornar a su tierra para seguir con una brillante carrera por la que le siguen contratando para encontrar con su pastor alemán cuerpos como el de Marta del Castillo –el mediático asesinato machista de una adolescente en Sevilla–, dar formaciones a cuerpos policiales sobre el adiestramiento canino, y convertirse en uno de los voluntarios de Aranzadi , la fundación vasca referente a nivel mundial en la exhumación de fosas comunes que se ha hecho cargo de esta excavación.
Tras cinco años recuperando desaparecidos de medio centenar de fosas del franquismo, Rodríguez sigue viviéndolo con incredulidad. “No es normal que ochenta años después seamos un grupo de voluntarios los que estemos haciendo esto, y que si no lo hiciéramos, no lo haría nadie. Aquí nadie quiere reabrir heridas, como dicen determinados sectores. En ninguna fosa he escuchado a nadie pedir venganza, ni una sola vez: quieren dignidad, saber dónde están sus familiares y enterrarlos”.
Enterrar a su ser querido donde quieran los familiares, no donde quisieron los asesinos. Ésa es la aspiración esencial que produce que allá donde se abre una fosa, empiecen a llegar personas que llevan años errando por donde alguien les dijo que podía estar un antepasado cuyo homicidio quebró la historia familiar. Así es como alrededor de esta zanja abierta en un recóndito paraje asturiano, donde arqueólogos y forenses limpian hasta traer de vuelta nuestra historia reciente, se va creando una atmósfera de duelo colectivo, en el que se van congregando personas desconocidas que se saludan, abrazan y consuelan con la intimidad que les da saberse herederas de un dolor que, en la mayoría de los casos, ya no podrán calmar ni aliviar a los que más querían, a sus madres y padres, a los hijos de los asesinados. Son, en su mayoría, los nietos y nietas quienes libran esta batalla contra el olvido.
Así es como Toño Naves Cienfuegos anima a que se acerque a la fosa al hombre que con actitud tímida acaba de aparecer: Luis Alberto Mamés Delgado, al que alguien le dijo que quizás, que quién sabe, que mire a ver si su abuelo está en esa fosa que están abriendo en Pajares, porque se dice, se rumorea, que la gente ahí enterrada fue sacada en camión de la misma cárcel en la que fue encarcelado Manuel Delgado Delgado, jefe de la Policía Local de la aldea Cabañaquinta, de Bello, padre de cinco hijos, el mayor con once años; 36 años en el momento de su desaparición.
Toño tranquiliza a Luis, le explica que es un proceso largo, que le avisarán para tomar sus pruebas de ADN, que los resultados se dilatarán meses. Toño lleva diez años trabajando incansablemente con sus hermanos y primos para este momento, desde que su madre, María Luisa, muriese y decidieran cumplir con el deseo que la mujer no se había atrevido a verbalizar hasta sus últimos años de vida, treinta años después de que llegase la democracia a España: que le gustaría, si fuese posible, que su padre –aquel que cuando fue detenido en 1937 en la cocina de su casa le dijo: “No te preocupes guapina, que mañana vuelvo”– que él, que nunca volvió, descansara en el cementerio junto a su madre. Fin del deseo.
El mismo que comparten miles de personas en este país, el mismo que miembros del Partido Popular y Ciudadanos –que siguen sin condenar el franquismo– consideran una forma de reabrir viejas heridas, el mismo deseo por el que miembros de la Asociación Española por la Recuperación de la Memoria Histórica recibieron amenazas de muerte por grupos neonazis cuando se aprobó la Ley de la Memoria Histórica en 2007; la misma ley que nació deficiente y para la que el gobierno del Partido Popular de los últimos siete años no ha destinado ni un euro de sus presupuestos.
Luis Cienfuegos, el hombre al que sus nietos buscan en esta fosa, era originario de la aldea de Parana, en el concejo asturiano de Aller, tierra donde se era afortunado en aquellos tiempos si se tenía dos vacas. Él tenía una. Afiliado a Izquierda Republicana, secretario en el pueblo de la Federación de Trabajadores de la Tierra del sindicato UGT, lucha como miliciano republicano contra los golpistas hasta el 8 de abril de 1937, cuando es dado de baja por inútil por el Tribunal Médico Militar. Tiene entonces 42 años y pasa a trabajar en el Ayuntamiento de Aller como comunero, una figura encargada de cobrar los impuestos de las mercancías que cruzaban concejos: vacas, algo de comida, poco más.
Unos meses después, cuando las tropas franquistas toman esta región, a finales de octubre, empieza la limpia. Como ocurrió en el resto del país, grupos de falangistas, revanchistas y militares van casa por casa deteniendo a muchos de los que se mantuvieron fieles a la legalidad. Luis y otros vecinos son llevados al Ayuntamiento de la cercana localidad de Moreda, convertido en prisión, donde según los testimonios recogidos por la familia, fue “interrogado y torturado”. Lo habitual. Allí pasa, según dos investigaciones historiográficas, unos cuatro días antes de ser subido a un camión junto a otra veintena de hombres para ser trasladado, supuestamente, a la prisión de León. Nunca llegaron. Tras recorrer 32 kilómetros de curvas al amanecer, casi en lo más alto del Puerto de Pajares –que separa Asturias de Castilla y León–, son bajados maniatados del camión y obligados a ascender hasta el lugar donde ahora nos encontramos, según confesó ya de anciano Celesto García, un niño entonces que lo vio todo escondido tras un peñasco y que reconoció a Luis Cienfuegos por ser originario de un pueblo cercano.
“Lo que allí sucedió fue atroz. Había dos grupos de personas, uno de diez y otro, un poco más apartado, de doce. Hombres jóvenes que, atados de pies y manos, a tiros los asesinaron. Y una vez que dejaron de disparar, con cuchillos, machetes y navajas les cortaron los rostros desfigurándolos para que así no pudiesen ser reconocidos con facilidad”, leemos en la declaración que realizó para la Asociación de la Memoria Histórica de Lena –donde se encuentra Pajares– y que completó acompañando a los nietos de Cienfuegos al lugar donde estarían las dos fosas.
Según Celesto, él mismo se lo hizo saber al maestro del pueblo, que, acompañado de un grupo de sus alumnos, fue clandestinamente al día siguiente de los hechos a inhumar a los finados. El hermano pequeño de uno de aquellos muchachos acompañaría también a los nietos de Cienfuegos en 2014 para señalar la zona de la fosa, aunque pidió que se guardara su anonimato pese a tener en aquel momento más de 90 años y que España llevara más de 35 en democracia. El silencio sigue pesando sobre esta cuestión en los pueblos, en muchas familias y hasta en el Parlamento del Estado español. Ambos testimonios se confirman ahora, con la apertura de esta primera fosa, donde han sido hallados doce cuerpos gracias al empeño inagotable de esta familia y pese a la inacción de las instituciones públicas.
Un ‘crowdfunding’ para destapar un crimen de lesa humanidad Para llegar a este momento, los hermanos Luis –trabajador público del Instituto Nacional de Estadística– y Toño Naves Cienfuegos –enfermero– han tenido que convertirse en expertos no solo en exhumaciones, sino también en comunicación online , en gestiones administrativas y en microfinanciación. En 2010, tras tener conocimiento de que su abuelo podía estar en esta zona de Pajares a través de dos libros sobre la represión franquista en Asturias, acudieron al Juzgado de Lena para denunciar su desaparición, ateniéndose a la Ley de la Memoria Histórica, aprobada tres años antes. No la admitieron acogiéndose a que los delitos estaban prescritos y a la Ley de Amnistía, aprobada durante la Transición.
No desisten y, en 2013, el arqueólogo Antxoka Martínez, implicado desde el inicio en esta búsqueda desinteresadamente, encuentra con su magnetómetro balas y casquillos “dispuestos en lo que claramente fue la línea de fusilamiento. También cuatro cartuchos de balas sin usar, lo que evidencia que algunos de los que dispararon no debían ser muy expertos o no tenían muchas ganas de tirar. En los alrededores de esta primera fosa encontramos restos de 80 balas, y dos de 9 milímetros, las que se utilizaban en armas cortas para los tiros de gracia. En la zona de la otra fosa, a unos doscientos metros, localizamos 14 disparos, lo que coincide con los patrones de ejecuciones individuales”, explica antes de proceder a una descripción técnica del tipo de armas alemanas usadas por el bando franquista durante la contienda. Unos conocimientos balísticos en los que este experto en la Edad del Hierro se ha formado académicamente para incorporar al estudio de esta fosa la línea de fusilamiento, una rareza en el ámbito de la memoria histórica española. “Matar a una persona –y más a una distancia de apenas tres metros, como es en este caso– no es fácil, por lo que es posible que los asesinos tuvieran cuestiones personales con los que ejecutaron en el otro grupo”, explica el también director de la exhumación.
Sin embargo, en esta segunda fase tampoco encontraron la fosa, por lo que en 2014 la familia Cienfuegos pagó unos 600 euros por los servicios de una exploración geofísica a la Universidad de Oviedo. El radar identificó una zona donde podía haber habido movimientos de tierra, la misma que señalaría poco más tarde el anciano que de niño había asistido al enterramiento junto al maestro y que pidió guardar el anonimato. Los familiares y el arqueólogo Martínez hacen una cata en el terreno, encuentran un fémur y varios huesos tarsianos. Estudios médicos confirman que son humanos y de unos 70 años de antigüedad. Vuelven a enterrarlos porque manipular restos humanos sin permiso es ilegal y porque querían seguir estrictamente los protocolos internacionales para salvaguardar las pruebas de lo que constituiría un crimen contra la humanidad.
Es entonces cuando la familia Cienfuegos se persona como parte de la querella contra el franquismo presentada en Argentina –el último recurso que les quedó a los familiares ante la inacción en España–; registran la desaparición de su abuelo en el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Alto Comisionado de la ONU y lanzan una campaña de micromecenazgo para afrontar los gastos derivados de la exhumación, muy inferiores al coste real, puesto que el equipo de Aranzadi, dirigido por el reconocido médico forense Paco Exteberria –presente en la exhumación e integrante de grupos internacionales como los que investigan la desaparición de los estudiantes mexicanos de Ayotzinapa o el genocidio saharaui a manos de Marruecos– lo hace altruistamente. Recaudaron 7.930 euros de 137 cofinanciadores. “El crowdfunding era también un test para medir el interés por este tema y nos ha sorprendido positivamente”, explica Luis Cienfuegos.
Resulta paradójico que los dos partidos políticos que han contribuido a través de las corporaciones locales de los dos ayuntamientos de la zona, PSOE e Izquierda Unida, no dispongan de partidas en los presupuestos generales para las exhumaciones desde el gobierno regional, en el que son aliados.
Se acaba el tiempo “Era importante exhumar ya porque es un terreno muy ácido en el que los huesos no durarían mucho más”, explica el arqueólogo Martínez. Cuando el equipo de voluntarios de Aranzadi y los familiares empezaron a cavar el sábado 2 de junio, apareció una manguera –nada envejecida– de regadío. Alguien no hace mucho tiempo abrió una zanja para llevar el agua para el ganado a los prados más altos sin imaginar que a cincuenta centímetros de profundidad estaban los esqueletos de doce hombres.
“Los muchachos que los enterraron tuvieron que hacerlo muy rápido, por temor a ser descubiertos. De hecho, los cuerpos están más amontonados en este extremo de la fosa, no debieron tener tiempo de cavar más”, dice Martínez señalándolos. “Cavar más” significa un grupo de chicos muertos de miedo manejando cuerpos desfigurados, abriendo una grieta de más de nueve metros de largo por uno y medio de ancho en un terreno siempre húmedo en esta región en otoño –cuando fueron asesinados–; metiéndolos en ella como buenamente pudieron, y cubriéndolos con paladas de barro.
El primer día de excavación, el esforzado equipo consigue dejar los doce cuerpos descubiertos. El segundo, las arqueólogas y forenses limpian los restos con pinceles, los voluntarios y familiares criban la tierra sobrante para que no se les escape ningún hueso; Ángel, el expolicía, graba la escena del crimen con un dron. De repente, junto a la mano de uno de los muertos encuentran un anillo de oro con las siguientes iniciales: V (dudan si es una U) y B. No coinciden con las de Luis Cienfuegos, ni con las de Manuel Delgado… No importa. “Aunque encontremos aquí a nuestro abuelo, seguiremos luchando para exhumar también la segunda fosa. No podemos dejar a ninguno de sus compañeros atrás”, nos dice Luis Naves.
La represión franquista, una fábrica de viudas y huérfanos “Se suele olvidar que las que peor lo pasaron fueron las mujeres: mi abuela Amadora Fernández se quedó viuda con cinco hijos. Le quitaron lo único que tenía, su vaca, y le pusieron una multa de 3.000 pesetas por rebelión, unos 36.000 euros hoy día. A ella también se la llevaron presa unos días. Después, tuvo que repartir a los críos entre sus familiares porque no tenía para darles de comer. Mi madre, que era la mayor y que tenía 10 años cuando se quedó huérfana, empezó a trabajar en el servicio doméstico a los 14 años y mi tía cuidando niños. Mis tíos se metieron en la minería”, dice Toño Naves mientras prepara bocadillos para el equipo de la exhumación. “Las viudas como mi abuela tenían que ir al cuartel de la Guardia Civil cada dos por tres, donde les pegaban, les cortaban el pelo y las insultaban”, añade. Sin embargo, “hasta que mi madre habló, ya de anciana, nadie tocaba el tema; se limitaban a decirnos que ‘el abuelo había muerto en la guerra’. Yo creo que el silencio no era solo por el miedo, era también la vergüenza de ser ‘hijos de rojos’; eso les decían para insultarles en el pueblo”, analiza Toño, aún con la incredulidad que conserva intacta, pese al paso de los años, tamaña injusticia.
“Era la vergüenza de no haber perdido solo la guerra, sino toda una cultura republicana que tenían muy enraizada. Fue una derrota no solo política, sino también personal”, explica Luis que, como su hermano Toño, vive en Madrid, aunque mantiene un vínculo muy estrecho con el resto de sus hermanos y primos, que permanecen en Asturias.
El testigo Celesto García contó que tras la masacre, de vuelta al pueblo, uno de los asesinos pidió un vaso de leche a una campesina que estaba ordeñando en una cuadra cercana. La mujer le hizo ver que llevaban las botas ensangrentadas. “Venimos de matar a unos castrones”, le respondieron. El vocablo local para el macho cabrío, pero también para el insulto ‘cabrones’.
Uno de aquellos ‘castrones’ podría ser Ramón Lobo Castaño, padre de la anciana que acaba de aparecer en escena hoy lunes, mientras los esqueletos son ya guardados en cajas de plástico numeradas: «Parasimón 1», «Parasimón 2″… Así hasta 12.
“Puede ser uno de ellos porque dicen que son los que sacaron aquellos días de octubre de Nembra”, susurra Faustina Lobo sin apartar los ojos de la hondonada ya medio vacía. “Era por la tarde y mi padre estaba lavándose tras trabajar. Era minero. Vino un vecino y le dijo que tenía que ir a prestar declaración en Moreda. Mi madre le preguntó si iba a tardar mucho, le contestó que no. Nunca volvió. Ese vecino era falangista y mi padre había votado a los socialistas, pero también pudo ser porque unos días antes mi padre le había comprado una vaca para que tuviera leche mi hermano pequeño, recién nacido. Quince días después de que se llevase a mi padre, volvió para quitarnos la vaca. Mi madre no pudo decirle nada por temor a que se la llevase a ella también. Si hacían eso por una vaca, imagínate lo que serían capaces de hacer por un prao ”. Faustina tenía entonces 15 meses y desde entonces no ha parado de indagar sobre el paradero de un hombre del que no tiene ningún recuerdo, pese a que “ hay vecinos que me tienen dicho que por qué ando removiendo tierra, que mi padre está desaparecido y que mejor dejarlo como está. Yo quiero encontrarlo y llevarlo al cementerio con mi madre. No quiero represalias, qué culpa tienen de lo que hizo aquel… hombre sus hijos o sus nietos. Solo quiero quedar en paz”, subraya, como si a estas alturas tuviera que recordar lo obvio, justificar lo natural.
“Nuestra presencia resulta liberadora. A menudo se acerca gente a las fosas que, se nota, llevan años con ganas de contar cosas, aunque en algunos casos notamos que revelan menos de lo que saben para ocultar su responsabilidad o la de sus familiares. Y te das cuenta de que se quitan un peso de encima. El año pasado vino a una fosa un cura joven y nos pidió perdón por el papel cómplice que había tenido la Iglesia. Me pareció un gesto valiente”, explica Ángel Rodríguez, el expolicía. “Hemos exhumado fosas a las que los franquistas llevaban de visita a los niños, otras que dejaron abiertas durante días para que la gente viese que seguían cabiendo más personas… Lo sorprendente es que, en alguna ocasión, la Policía ha venido a pedirnos la documentación a nosotros, cuando lo normal es que hubiesen preguntado quién había matado a esas personas que estaban maniatadas con alambres de espino y asesinadas con tiros en la cabeza. Una vez se lo dije a unos guardias civiles y me reconocieron que llevaba toda la razón, pero que cumplían órdenes”, añade con resignación.
La desmemoria española Luis Miguel Cuervo, 57 años, lleva toda su vida trabajando en el mantenimiento de la fábrica de aluminio asturiana Arcelor-Mittal e investigando sobre los crímenes del franquismo, siguiendo la pista a los datos que los familiares de los desaparecidos le hacían llegar, denunciando en medio del desierto que su abandono por parte del Estado español era una anormalidad. Así fue como, cuando se constituyó hace 20 años la Asociación de la Memoria Histórica (ARMH) –a raíz de la primera exhumación de una fosa en León–, él se convirtió en el presidente de este movimiento en Asturias.
“Una exhumación genera mucha información sobre los crímenes y es una eficaz manera de reivindicar la memoria histórica a través de los medios de comunicación: salen las fotos de las víctimas, sus historias… Pero también es fundamental para que las familias puedan cerrar los duelos”, explica a pie de fosa, la séptima que se exhuma en Asturias de unas 400 que tiene contabilizadas la Universidad de Oviedo. “Asturias va muy retrasada en relación con otras comunidades como Euskadi, Navarra, Catalunya, Valencia o Andalucía, donde sí se han aprobado leyes de la memoria histórica. Aquí no tenemos ni siquiera un banco de ADN donde ir registrando toda la información recogida y facilitar la identificación a los familiares, o un columbario en el que se puedan guardar los restos hasta que puedan ser entregados”, explica este hombre que, como muchos de sus compañeros de la ARMH, recibió amenazas de muerte por teléfono por parte de grupos neonazis, a raíz de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en 2007, durante el primer gobierno de Zapatero.
“Esa ley fue la piedra de inicio de algo, pero se quedó solo en eso. Dejó la responsabilidad en manos de las asociaciones y las familias, cuando debería ser el Estado el que se hiciera cargo de las exhumaciones y el que creara la figura de un juez dedicado a judicializar las fosas, porque esta gente –dice señalando los restos– tiene los mismos derechos que una persona que fue asesinada hace ocho meses. Son seres humanos también”.
Esta dejación de funciones por parte del Estado es la que llevó a Ángel García Baizán a crear, con algunos de sus vecinos, la Asociación de la Memoria Histórica de Aller, un concejo con unos 23.000 habitantes en 1937, donde contabilizan unos 480 represaliados por el franquismo, la mayoría entre noviembre de 1937 –cuando acabó la Guerra civil en Asturias tras la caída del republicano Frente Norte– y los siguientes cinco años. Nueve de ellos eran antepasados de Ángel García: su abuelo, sus tres tíos abuelos y una tía abuela, un tío y tres primos de su madre. “Era una familia de izquierdas –mi abuelo trabajaba en el ayuntamiento, era socialista de carné–. Los metieron a todos en un camión en el pueblo de Casomera y nunca más”, explica este minero jubilado, también junto a la fosa. Esta estampa ya le es familiar, después de que su asociación consiguiese exhumar una en 2009 con restos de 50 personas pero que, por falta de presupuesto, solo pudiesen obtener el ADN de 15 de ellos. Ninguno coincidente con el suyo. De todas formas, no pudieron abrir el enterramiento completo porque una parte fue tapada por la construcción de una carretera, y no tenían permiso del Ministerio de Fomento –responsable de Infraestructuras– para excavar ahí. Un obstáculo que comparten numerosas fosas, ya que muchas de ellas fueron cavadas en los arcenes de los caminos que luego, con la modernización del país, se ampliaron y asfaltaron.
“Para mí, lo importante no es enterrarlos en un cementerio, porque no somos católicos, sino recuperar su historia, demostrar que existieron”, explica. Por eso, su asociación ha puesto a disposición del equipo de Aranzadi las 70 muestras de ADN de allerenses con represaliados que han ido recopilando en estos años, para que las puedan cruzar con las de estos doce restos. Un ejemplo de la compleja, activa y altruista red que se teje y reproduce por todo el Estado español. A partir de ahora, el equipo forense de Paco Exteberria trabajará en el Instituto Vasco de Criminología para determinar si entre estos restos se encuentran, entre otros, los de Luis Cifuentes. Mientras, sus nietos trabajan ya para exhumar la segunda fosa, alrededor de la cual alguien, hace décadas, plantó abetos para que nunca se olvidara lo que allí ocurrió. Pese a que ya tienen más de veinte metros de altura, el Estado español sigue sin querer verlos.
Nieves de Lera tuvo que pagar 6.000 euros para que una excavadora buscara los restos de su abuelo en el monte leonés en el que el hombre que confesó, antes de morir, que le había enterrado, dijo que estaba su tío. No lo encontró, pero en aquellos días se enteró por un vecino que cerca había una fosa con 50 personas y otra junto al cementerio. «Aunque se supone que mi abuelo no está en ninguna de esas, si tuviera dinero, yo las abriría todas, por amor propio, para que se vea el daño que hicieron”, dice antes de desmoronarse. “He ido pueblo por pueblo preguntando a todo el mundo cómo era mi abuelo y los motivos por los que…”. Y llora. “Y cuanto mejor me hablaban de él, menos entendía yo por qué ese odio, por qué lo arrastraron con caballos por 16 pueblos. La otra parte de mi familia, de derechas, también hizo daño, y yo lo asumo. Entonces, ¿por qué mi madre se tuvo que morir hace dos años con la pena de no haber encontrado a su padre?”, se pregunta, intentando dar sentido a la demencia que supone que las instituciones democráticas la abandonasen, dando la espalda al sentido mismo de la ética pública.
“He llegado a decir a los vecinos del pueblo, para presionar, que si la mujer que sabe el lugar donde está enterrado no me lo dice, voy a poner el nombre de los asesinos en el tablón de la Iglesia. Porque claro que sé quiénes son y mi madre se los ha tenido que comer con patatas toda la vida; y mi abuela, imagínate, sola con seis hijos, que el mayor tenía once años y el menor uno cuando lo asesinaron por luchar por la libertad”.
Vídeo realizado por el voluntario de Aranzadi Ángel Rodríguez Larrarte.
