El BOE recoge el reglamento que desarrolla las normas para la publicación de las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos. Además, publica un extracto de las declaraciones de bienes de aquellos nombrados o cesados desde el 1 de julio de 2014 –cuando el Gobierno anterior dejó de publicar esta información– hasta el 26 de junio de este año.

Así, el gobierno de Pedro Sánchez cumple con una obligación legal que el de Rajoy esquivó durante cuatro años. Eso sí, lo hace sin mejorar de forma significativa la información –escasa– que se da en estos extractos que se publican en el BOE.

Los dato,s sobre todos aquellos nombrados o cesados antes del 20 de abril de 2015, fecha de entrada en vigor de la Ley del alto cargo vigente a día de hoy, aparecen como hasta ahora: una cifra de activo desglosada en dos –el precio de bienes inmuebles y el resto– y una cifra de pasivo, sin detalles. Pero, para las declaraciones de aquellos que tuvieron que rellenarlas después de esa fecha, el resumen que llega al BOE es algo más desglosado.

Así, dividen el activo en seis categorías: bienes inmuebles, depósitos bancarios, dos tipos de acciones, seguros de vida y otros. De cada una de ellas solo dan una cifra, pero no explican a qué corresponde. Así, por ejemplo, podemos saber cuánto suman sus acciones pero no en qué compañías las tienen, un dato esencial para valorar si existen, por ejemplo, conflictos de interés al aprobar una norma.

La categoría de otros es la más amplia, porque puede incluir vehículos, joyas, obras de arte… Todo sin especificar. Y, en cuanto a los pasivos, todo sigue igual: ni detalles de qué tipo de deudas tienen (hipotecas, préstamos…) ni con qué entidad los firmaron, solo una cifra total.

Menos información que las comunidades y el Congreso

De esta forma, el resumen de la declaración de bienes que se hace público y llega al BOE sigue ocultando buena parte de la información, unos datos que sí aparecen en otras declaraciones de bienes publicadas por algunas comunidades autónomas y, por ejemplo, el Congreso.

Las declaraciones de bienes que publica la Cámara incluyen casillas para consignar qué acciones tienen los diputados en qué compañías, qué propiedades (tipo de vivienda, provincia, fecha y modo de adquisición) y hasta qué vehículos. Además, deben incluir quién es el acreedor de sus deudas, esto es, en qué entidad bancaria tienen la hipoteca. Toda esta información no aparece en los documentos equivalentes de los altos cargos, como tampoco los datos de rentas e ingresos, que sí publican varias comunidades autónomas y las Cámaras.

Eso sí, como demostró El Mundo Data, en muchísimas de esas declaraciones los diputados  omiten ciertos datos y no existe control sobre su veracidad ni sanciones a quienes oculten parte de la información. El reglamento aprobado también establece que los datos personales de las declaraciones de bienes y de actividades –pese a que estas últimas se consideran información pública– se destruirán a los seis años del cese.

Tras la publicación, la siguiente ronda llegará en el primer trimestre de 2018 y deberá incluir información sobre altos cargos nombrados y cesados desde el 27 de junio hasta final de año que no aparezcan en el listado que ha llegado hoy al BOE.

El Gobierno podía haber ampliado las obligaciones de transparencia

Pero, ¿qué se puede publicar y qué no, con las normas en la mano? El Gobierno tenía margen de maniobra para incluir toda esa información extra en el extracto que se hace público. La ley del alto cargo anterior y la vigente afirman que lo que llega al BOE debe ser “una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares”, esto es, ocultando, por ejemplo, la dirección de su domicilio.

Dichas leyes también adelantaron que el contenido de ese extracto se desarrollaría en el reglamento. Un reglamento que el Gobierno aprobó ayer y en el que no incluyó un listado de qué debe contener ese resumen público de los bienes. Con la nueva norma en la mano, cada gobierno puede elegir hasta dónde llega su voluntad de transparencia.

El actual ha decidido dar un paso muy pequeño con respecto al Gobierno anterior. Y eso pese a que, justo después de su aprobación, la ministra portavoz, Isabel Celáa, argumentó que el actual es el Ejecutivo “más transparente” que ha tenido el país.

Este artículo ha sido publicado originalmente en El BOE nuestro de cada día