Cada año de los últimos diez, los consumidores españoles pagaron alrededor de 800 millones de sobrecostes asociados a pagos por capacidad en el sistema eléctrico, según un informe hecho público hoy por Greenpeace. En total, las ayudas a las centrales, que no incluirían renovables excepto las hidroeléctricas, habrían sido de unos 8.000 millones entre 2008 y 2018, lo que habría inflado cada factura, de media, entre 5 y 6 euros al mes. Los pagos por capacidad son subvenciones destinadas a que las centrales eléctricas estén disponibles, haya o no demanda.
Estos pagos son una manera de incentivar las inversiones en capacidad firme del sistema eléctrico, es decir, capacidad que pueda estar disponible independientemente de las condiciones del mismo. Sin ellos, explica Natalia Fabra, economista de la Universidad Carlos III de Madrid, las centrales no podrían recuperar sus costes de inversión: “Estas centrales, realmente, están para no producir. Son un seguro. Como en los mercados que tenemos ahora solo se paga por la energía, estos pagos se hacen necesarios”, explicó la economista, añadiendo que los pagos por capacidad “no están aislados del mercado de la energía, y su organización depende del mismo”.
Los pagos por capacidad forman parte de los costes regulados que se integran en la factura de la luz, y son, por lo tanto, sufragados por los abonados. Según Greenpeace, España es el país del mundo con mayores pagos por capacidad, y el primero que los introdujo. “Pedimos al gobierno que se abandonen estas subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear,” explicó Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático en la organización ecologista.
Diferentes modelos
A pesar de que los pagos por garantía de suministro son habituales en los países de la Unión Europea, existen diferentes maneras de organizarlos. En España, el Estado paga a las centrales un precio fijo por kilovatio instalado, adquiriendo el derecho a obtener esos kilovatios si lo considera necesario. Este modelo ha sido puesto en entredicho por la Comisión Europea, que en noviembre de 2016 estableció que debía seguirse un modelo más competitivo, lo que ha puesto en jaque a varias centrales de gas.
El modelo más habitual en el continente es el que siguen países como Alemania o Bélgica, que optan por mantener una reserva estratégica, por la cual el Estado paga a centrales concretas para que estén disponibles en caso de necesidad. Otros, como Portugal, prefieren pagar para reservarse el derecho de interruptibilidad a grandes consumidores (empresas que se comprometen a dejar de consumir electricidad si se necesita puntualmente en la red).
Para Natalia Fabra, la cuestión no es si deben existir o no los pagos, que considera necesarios, sino cómo se hagan. Para la economista, lo ideal sería que estos se adjudicaran a través de subastas, igual que las renovables, ya que el mercado no puede resolver estas garantías de suministro por sí mismo: “No es un fallo de mercado por una externalidad medioambiental, como en el caso de las renovables, sino que lo es por otra externalidad, como lo es la fiabilidad que aportan estas centrales”. Este modelo, explica Fabra, es el que siguen países como Italia o Irlanda.
Greenpeace también denuncia en su informe no haber podido acceder a los detalles de los pagos de capacidad. El gobierno, afirman, no identifica qué centrales perciben estas ayudas, ni qué cantidades recibe cada una. Asimismo, la ONG afirma que “la información del número de horas y empresas a las que Red Eléctrica les pide la interrupción de su actividad también es confidencial”. La Marea se puso en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para contrastar la veracidad de esta información, no habiendo obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.
Sobre la mesa en Europa
Los mecanismos de capacidad son una de las claves que quedan por decidir en el conocido como el Paquete de Invierno, la directiva que regulará la transición de la Unión Europea hacia un sistema energético basado en las renovables. La negociación, que se lleva a cabo a tres bandas por la Comisión Europea, el Europarlamento, y el Consejo de la Unión Europea, podría concluir antes de la celebración de la próxima Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, la COP24 de Katowice, Polonia, que dará comienzo el próximo 2 de diciembre.
Uno de los puntos clave de la negociación, y sobre el que se ha posicionado Greenpeace, es el límite de emisiones de gases de efecto invernadero a partir del cual las centrales eléctricas deberían estar excluidas de los pagos por capacidad. La cifra clave es 550 gramos de CO2 por kilovatio hora, el límite superior propuesto tanto por la ecologista como por el Parlamento Europeo, y que dejaría fuera de estas subvenciones a todas las centrales de carbón.
Sobrecapacidad
En enero de este año, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirmaba que “el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contrario,” afirmaba la CNMC, que situaba el peor escenario en una punta de demanda de 46.000 MW. Según datos de Red Eléctrica Española (REE), en España hay una potencia instalada de casi 104.000 MW. Greenpeace cuantifica en un 30% esta sobrecapacidad eléctrica.
“Tenemos una sobrecapacidad que no justifica unas garantías de suministro tan elevadas”, afirmó Tatiana Nuño. “Estos pagos son los que han fomentado y mantenido un sistema eléctrico muy viejo”, según datos de la ONG, “nos han convertido en el país de Europa que más ha subido en emisiones desde 1990”.
Según la ecologista, todo comenzó a finales de los años 90, cuando el crecimiento acelerado de la economía hacía prever una demanda energética que nunca llegó a producirse. Según el documento, esta fue la causa detrás de la “burbuja energética”, en la cual se habría construido centrales eléctricas “de forma masiva sin ninguna planificación oficial que les obligase a ello”. Este fenómeno llegaría a su momento en culminante en 2005 cuando, según Greenpeace, se construía una central al mes de media.
También a finales de los noventa fue cuando el Gobierno comenzó a abonar el seguro de suministro que, por aquel entonces, se conocía como “garantía de potencia”. Desde 1998 a 2007 se repartieron a las eléctricas unos 10.000 millones de euros, de acuerdo con el informe de Greenpeace, que cita documentos de Red Eléctrica y del Operador del Mercado Ibérico en España (OMIE).
A partir de 2007 comienza a compensarse la inversión a través de los pagos por “nuevas instalaciones”, que significarán unos 3.600 millones en la última década. En 2011 es cuando se introducen los “pago por disponibilidad”, una figura que ya para ese entonces estaba implantada en numerosos países en todo el mundo, y que supondrán un montante total de unos 1.000 millones de euros hasta hoy. El resto de subvenciones calculadas por Greenpeace corresponden a incentivos al carbón nacional y a compensaciones medioambientales.
