El 29 de noviembre de 2013 Canal 9 se fundió a negro. La decisión del entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de cerrar los medios de comunicación públicos valencianos tras la anulación judicial del ERE que había echado a la calle a un millar de periodistas, ha mantenido durante más de cuatro años y medio a la audiencia huérfana de información de proximidad, de productos audiovisuales realizados por empresas arraigadas en el territorio y sin uno de los principales canales de difusión y promoción del valenciano y de vertebración de la Comunidad Valenciana.
Pero el apagón mediático ha ido mucho más allá de las históricas instalaciones situadas en el municipio de Burjassot. La desaparición de Canal 9 y Ràdio 9, junto con la gran crisis que afecta a los medios de comunicación, abocó a miles de personas al paro, truncó las esperanzas de las últimas promociones de periodistas y cerró la posibilidad de marcar una agenda comunicativa propia. Ahora la ciudadanía valenciana asiste entre la expectación y el desconocimiento a la puesta en marcha de las nuevas radio y televisión públicas, que bajo la marca À Punt Mèdia tratarán de cumplir con un servicio público de calidad y de recuperar el prestigio entre una audiencia que en los últimos años de emisión de Canal 9 había obtenido sus peores índices. En su último ejercicio, el share fue del 4,60%.
Este domingo 10 de junio se pondrá punto final a las pruebas técnicas que se han desarrollado en las últimas seis semanas y los espectadores podrán ver la programación completa. À Punt televisión se presenta como la guinda (la radio y la web funcionan des de finales de 2017) de un pastel que ha estado a punto de atragantársele en muchas ocasiones al Govern del Botànic. Los tres partidos que hicieron posible el cambio político después de 20 años de gobierno ininterrumpido del PP en la Generalitat, el PSPV-PSOE del president Ximo Puig, Compromís con Mónica Oltra en la vicepresidencia y Podem, incluían entre sus compromisos electorales la recuperación de RTVV.
Sin embargo, el camino para conseguirlo ha sido complicado, ya que las discrepancias en algunos puntos de la legislación han sido motivo de fricciones importantes. Sobre todo las relativas a la condiciones de retorno de la antigua plantilla, ya que se consideraban ventajosas y que darían prioridad a profesionales que habían participado por acción o por omisión en la etapa en que la manipulación, la censura, la discriminación y falta de pluralidad fueron la seña de identidad del ente.
De hecho, la Unió de Periodistes Valencians presentó un primer recurso contra el baremo utilizado para cubrir las bolsas de trabajo temporal que se han convocado desde la Corporación para poner en marcha los servicios públicos y que entre las medidas cautelares solicitaba la suspensión de la convocatoria. “Nosotros hubiéramos querido que la contratación temporal de los periodistas se hubiera hecho de otra manera. Entendemos que ha sido una oportunidad perdida, puesto que se podía haber aprovechado la puesta en marcha para hacer una plantilla donde todos los profesionales hubieran tenido las mismas oportunidades de acceso. Consideramos que los periodistas que no habían trabajado previamente en RTVV no han tenido las mismas posibilidades de entrar en À Punt”, expresa la presidenta de la Unió, Noa de la Torre.
La directora general de À Punt, Empar Marco, miembro de la Unió, ha tenido que defenderse de estas críticas desde que fuera elegida el 24 de marzo de 2016. Y siempre se ha mostrado contundente respecto a su responsabilidad en la elección de los miembros de la actual plantilla. “Ustedes aprobaron en la ley por la disposición novena una preferencia de los extrabajadores de la antigua RTVV. Nosotros nos hemos basado en esa preferencia que establecieron en la ley para el baremo”, se defendía durante una comparecencia en la Comisión de la Radiotelevisión y el Espacio Comunicativo de les Corts. El resultado final y según las estimaciones d’À Punt es que el 75% de los contratos corresponden a antiguos trabajadores.
Nombres y caras conocidas de la historia de Canal 9 han tenido opción de formar parte del grueso de la plantilla. Es el caso de los redactores Genar Martí, Albert Vicent, Sergi Capelo, Elpídia Bellver (conductora del programa infomativo de la radio Les notícies del matí), Matilde Alcaraz, Jordi Carrascosa, Lola Bañón, Josep Grau, Xavier Carrau, Xavier Rubert, Natxo Lara (hasta hace poco era jefe de prensa del conseller de Economía Rafel Climent) y de los meteorólogos Victoria Roselló, Lluís Obiols y Joan Carles Fortea.
Los retos
Uno de los que ha vuelto hace un mes a la que fue su casa durante una década es el periodista y profesor Carlos López Olano, autor del libro de reciente publicación RTVV: paradigma de la triple crisis de las televisiones públicas, donde entre otras cuestiones revisa la historia del ente y señala algunos de los errores que no debería cometer À Punt. El primero de ellos, “no gastar como si no hubiera un mañana”. Cuando el PP llegó al gobierno en 1995 la deuda era de 22 millones de euros. La cifra llegó a los 1.200 en el año del cierre. “Canal 9 duró mucho porque se endeudó por encima de sus posibilidades y pudo hacerlo porque Eduardo Zaplana impulsó un cambio en la ley”, recuerda López, a la vez que confía en la buena gestión de la nueva dirección, que manejará un presupuesto de 50 millones de euros.
La segunda advertencia insta a mantener la independencia de los diferentes poderes. En este punto la coincidencia es plena con la presidenta de la Unió de Periodistes. “El principal reto de À Punt es huir de la manipulación, la censura y la falta de pluralismo que se practicó durante años. Tiene que demostrar que se puede hacer una radiotelevisión pública sin estar sometido al poder político, que no es un nuevo medio manipulado. Tiene que regirse por criterios profesionales y periodísticos en todos sus ámbitos”, indica De la Torre.
Para ello la ley ha previsto algunos mecanismos de control como el Consell de la Ciutadania, del cual es miembro José Ignacio Pastor. Este órgano se encargará de canalizar la quejas y sugerencias del público, así como de la elaboración de un informe trimestral de la programación. “La ciudadanía ha de verse reflejada en À Punt con toda su diversidad y su complejidad. Todas la voces tienen que tener cabida”, indica Pastor, quien también señala la creación del Comité de Informativos como una de las herramientas fundamentales para garantizar la pluralidad en el ente.
Y por último, tener muy claro que el servicio público ha de estar por encima de la audiencia. Y ello supone el compromiso claro y unívoco por una programación íntegramente en valenciano y que vertebre el territorio. “Los medios de comunicación públicos son necesarios siempre, pero sobre todo cuando se trata de autonomías con una lengua propia. La Comunidad Valenciana era una anomalía en este sentido”, recuerda De la Torre. “Que la lengua de À Punt sea el valenciano es un valor añadido y que a su vez nos acerca a otros medios de comunicación públicos”, expresa Pastor, en clara referencia al acuerdo de reciprocidad que hay pendiente de poner en marcha con la televisión de las Islas Baleares (IB3) y de Cataluña (TV3).
