Después de la moción de censura a Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez, parece que todos los partidos, excepto Ciudadanos, están ganando tiempo. Descanso para tomar fuerzas y replantear el siguiente combate. El PSOE tiene la gran oportunidad de hacer campaña desde el gobierno. Podemos se cuelga la medalla de la caída de eme punto Rajoy y de un supuesto giro a la izquierda. Incluso el Partido Popular puede mirar al futuro con ilusión renovada para reconquistar a Ciudadanos el terreno perdido.
Pero más allá de expectativas partidistas, lo cierto es que en España sigue habiendo los mismos problemas enquistados desde hace más de un siglo, con el agravante de que actualmente millones de jóvenes nacidos en los 80, 90 y 2.000 tienen pretensiones democráticas muy avanzadas para un país que, simplemente, no las tolera. La ausencia de propuestas de reforma es una clara muestra de que la calma presente es el preámbulo de la tormenta perfecta que se nos viene encima por mucho que queramos mirar hacia otro lado.
España vive una profunda crisis política derivada del cuestionamiento del Régimen del 78. Las reglas de juego posfranquistas se ven desbordadas por una marea democratizadora y aspiraciones territoriales que no tienen cabida dentro del marco constitucional actual. De hecho, hay razones de peso para pensar que la estructura legislativa que se nos dio después de la muerte de Francisco Franco fue diseñada precisamente para limitar aquellos movimientos sociales que era previsible que volvieran a florecer tarde o temprano, porque nada tienen de nuevo en esta España. El republicanismo y el nacionalismo o independentismo no son tendencias atribuibles al presente político. España arrastra estos debates desde el siglo XIX y, especialmente, desde la primera mitad del siglo XX, cuando ambos movimientos llegaron a impulsar alternativas a la España de Dios y la Patria.
España es un anacronismo político, económico y social. La España sagrada, aquella que es entendida como una religión, es el principal enemigo para el progreso de los pueblos que la conforman. España es una democracia enferma que se edificó sobre las bases, que no cenizas, de una dictadura criminal que encontró en la Constitución del 78 su justificación histórica. Aún hay quien defiende sin ruborizarse que la dictadura fue mala pero necesaria. De hecho, me atrevo a pensar que en su intimidad, esto es lo que piensan la mayoría de representantes y una buena parte de los votantes de la derecha española, por no hablar de la monarquía que el mismo dictador nombró.
Pero especulaciones aparte, no hay duda de que el problema de las dos Españas y las identidades nacionales que conforman el Estado sigue estando allí. La fractura, disimulada mediante el asesinato, la tortura y la represión durante 40 años y, más tarde, por la ilusión de un proyecto común en el que cupiesen todos, se hace cada día más visible y evidente.
España debe reconocer y afrontar el problema. Existe una España que ganó y otra que perdió. Una España, que en términos distintos, sigue ganando, y otra España que sigue perdiendo. Por ‘términos distintos’ me refiero a cuatro ejes principales: ámbito social, derechos y libertades, organización institucional y organización territorial. Respecto al ámbito social y derechos y libertades, la alternancia de gobiernos socialistas y populares y la adaptación al marco político europeo ha dado resultados positivos y el progreso experimentado desde los años 70, por insuficiente que sea, no debe negarse. En este sentido, las líneas entre vencedores y vencidos se difuminaron a épocas, volviéndose virulentamente evidentes en lo económico y lo social a inicios de la presente década.
No obstante, cuando analizamos el problema territorial y la organización institucional vemos como el Régimen del 78 actúa como aquellas viejas murallas medievales que, ya en su decadencia, más que desempeñar tareas defensivas hacia al exterior, ejercían funciones represivas hacia el interior. Para el Régimen del 78, el enemigo es interno, está dentro, está en su propio organismo, elementos del cual son considerados como malignos. Hay que desinfectar, dicen. Entre estas dos (o tres, o cuatro) Españas, ahora, no hay reconciliación política posible. No hemos trabajado en esa dirección. No hemos juzgado a los criminales de la dictadura ni educado en el antifranquismo. No hemos fomentado la condena rotunda y absoluta, social y judicial, de la dictadura. No hemos aceptado ni normalizado los sectores políticos que cuestionan los pilares estructurales de nuestra democracia. En este contexto, el nacionalismo español, en la peor de sus versiones, la opresora y arrolladora, tiene todas las de ganar porque la persecución e incluso la negación visceral de la oposición al sistema continúa dando muy buenos réditos electorales.
Dejémonos de falsas esperanzas e hipocresías ante la supuesta voluntad de reforma de un partido que finiquitó la soberanía económica de nuestro Parlamento mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución de la mano del PP de Rajoy. «¡Sí se puede»!, gritaban el otro día los supuestos herederos del 15M haciendo presidente al líder del PSOE. ¿Pero no se acuerdan contra qué presidente se llenaron las calles en mayo de 2011? Una cosa es el pragmatismo. Yo también hubiera votado afirmativamente para echar a Rajoy. Y la otra, este jolgorio en el que parece que España esté en vía de curarse de todos sus males cuando aquí quien determina la agenda y la acción política es la derecha más rancia. Porque aunque gobierne la izquierda española, esta siempre debe ir con el freno de mano puesto para no enfadar demasiado a la derecha, que si no uno corre el peligro de despertar los fantasmas del franquismo.
Y, precisamente por este condicionante heredado de una nefasta Transición, no hay ni una sola propuesta viable sobre la mesa que permita afrontar las dos principales reformas que son necesarias para la refundación de una España que diga adiós de una vez por todas al siglo XX: el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos del Estado y la reinstauración de la República mediante un referéndum ciudadano en el que se ponga el futuro de los Borbones en manos de la voluntad popular para que dejen de ser un mero designio de Franco. Reconocerán los lectores que estamos lejos de este escenario. En la España en la que las urnas catalanas son el enemigo número uno y el rey es intocable, hablar de derecho a decidir y de República es propio de radicales insensatos.
Se podrá disimular de nuevo durante un tiempo con tímidas propuestas progresistas que, por supuesto, serán tildadas de satánicas por la hiperventilada derecha española, pero las fracturas están allí y no se intuye ni pizca de valentía política para proponer soluciones actualizadas que rompan con el lastre del marco mental posfranquista. Sin posibilidad de cambio, el campo está abonado para el refortalecimiento de la derecha nacionalista española, que esté o no en el poder es quien marca el ritmo de la marcha. No nos engañemos con victorias de sobremesa. Un gobierno que gobierna no por convicción sino por no molestar demasiado a sus adversarios políticos tiene muy pocas posibilidades de éxito. Que exista una supuesta izquierda que se niega a serlo por miedo a perder votos es ya de por sí una inmensa victoria de la derecha. Y vendrán más y peores de las que hemos conocido. Nada se ha hecho para evitarla y la tormenta perfecta está al caer.
Ojalá, y lo digo con absoluta sinceridad, me equivoque.
