Un grupo de seis organizaciones ecologistas europeas, encabezadas por Amigos de la Tierra Francia y entre las que se encuentran Ecologistas en Acción y el Observatori del Deute en la Globalització, han pedido este miércoles al Gobierno francés que retire su apoyo al sistema de gasoductos MidCat, que unirá Cataluña con la provincia francesa de Midi-Pyrénées. El acto ha coincidido con la publicación de un nuevo informe en el que las ONG han denunciado una serie de “mitos” sobre la interconexión, que forma parte de la lista europea de Proyectos de Interés Común. En el estudio, señalan que “ha sido politizado y priorizado de manera importante por parte del gobierno español”. También han denunciado que “la Comisión Europea está avanzando con él gracias a la actitud pasiva y expectante de las autoridades francesas”.
El sistema de gasoductos, que costará alrededor de 3.000 millones de euros en total, se sufragará en gran parte con dinero público español, francés y europeo. Las promotoras de la mayoría del recorrido son Enagás, en la parte española, y Teréga (antigua TIGF) en la parte francesa. El pasado 18 de abril, La Marea hizo público un informe encargado por la Comisión Europea a la consultora finlandesa Pöyry, que ponía en duda tanto la rentabilidad como la utilidad del proyecto.
Convencer a Francia
Después de que el Parlamento Europeo ratificase el pasado marzo la lista de Proyectos de Interés Común, y que la Comisión considerase que la construcción del proyecto estaba justificada incluso tras la publicación del informe de Pöyry, la última baza para las organizaciones ecologistas está en París. El Gobierno galo se ha mostrado reticente, en varios momentos, a dar luz verde al proyecto, al tener que cubrir el país vecino gran parte de los costes. Distintos informes han puesto en duda el interés de Francia en la interconexión, y el regulador energético también se ha mostrado dubitativo a la hora de apoyar la obra. Los sistemas gasistas de los dos países ya están conectados por la zona occidental de los Pirineos.
“No tenemos indicios de que vaya a cambiar la posición del Gobierno francés, pero creemos que ahora mismo es la posibilidad más realista”, declaró a La Marea Samuel Martín-Sosa, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción. “Las cuentas con el gas no salen. No tiene sentido invertir en estas grandes infraestructuras por razones climáticas evidentes. Este tipo de gasoductos puede estar en funcionamiento unos 50 años, y si miramos los objetivos climáticos y cuándo dicen los científicos que tendríamos que haber abandonado los combustibles fósiles, las dos cifras no casan”, afirmó Martín-Sosa.
Martín-Sosa se mostró escéptico de que un eventual nuevo gobierno en la Moncloa pudiera optar por la paralización del proyecto. “No sabemos las posiciones oficiales de los partidos en cuanto al proyecto en particular, pero ni PSOE ni Ciudadanos se mostraron particularmente críticos con las interconexiones en la mesa de debate sobre el sistema gasista español que se celebró en enero”, concluyó el ecologista.
Mitos
Las ONG señalan, en el documento publicado este miércoles, una serie de dudas tanto sobre el proyecto en sí como sobre el modelo energético promovido por la UE. Las organizaciones firmantes denuncian así que la idea de que el gas es un combustible fósil limpio es “errónea e infundada”. El informe señala que el metano, principal componente de este combustible “es, por encima de todo, un gas de efecto invernadero extremadamente potente […] con un potencial de calentamiento global 86 veces superior al del CO2 en una escala temporal de 20 años”, y añade que “no se requieren demasiadas fugas de metano, voluntarias o accidentales, para desencadenar un mayor impacto en el clima”.
El informe también critica el origen del gas, que procedería en parte de países que utilizan para su extracción la polémica técnica de la fractura hidráulica, como Estados Unidos. Esta técnica, más conocida como fracking, ha sido prohibida en varios países europeos y en centenares de ciudades y regiones en todo el mundo, al suponer riesgos para el medio ambiente y la salud de las comunidades humanas y animales cercanas a las zonas de explotación. Además de los daños climáticos, medioambientales y sociales que el propio combustible y su extracción pudieran causar, los ecologistas también han señalado que el gasoducto y las centrales de compresión supondrán perjuicios para las localidades por las que transcurra su trazado.
Finalmente, el informe de las ONG ataca los objetivos del proyecto al indicar que el mismo no influirá sobre la seguridad del suministro ni en Francia ni en España, ni tampoco reducirá el precio del combustible de manera significativa. También destaca que, lejos de diversificar las fuentes de combustibles de la UE, el MidCat serviría, en todo caso, para facilitar la importación de gas ruso desde Francia a la Península Ibérica.
