Cuando se habla de la frontera sur española, solemos referirnos a Ceuta, Melilla y las aguas marítimas que bañan el sur de la Península. En el caso de las ciudades autónomas, por ser donde el Estado despliega con mayor virulencia y menos pudor su poderío militar para impedir que las personas migrantes puedan acceder a territorio español. Y porque es en ellas donde más sistemáticamente se viola la normativa nacional e internacional referente a las personas migrantes y refugiadas. Allí se puede disparar y asesinar, como ocurrió en 2005, a 14 hombres que intentaban saltar la valla –la mayoría de las grandes cabeceras lo llamaron ‘asaltar’– sin que nunca se aclarase quiénes fueron los responsables, si la gendarmería marroquí –como sostuvo el Gobierno español– o si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas, como declaró su homónimo. Y es allí donde la Guardia Civil se puede permitir volver a disparar una década después, con pelotas de goma, contra personas que intentaban llegar a nado a la playa ceutí del Tarajal, provocando la muerte a 15 de ellas. Todo ello con total impunidad. Al menos, hasta el momento.
De sobra son conocidas las devoluciones en caliente, los castigos arbitrarios contra los migrantes, la criminalización y violencia sufridas por los menores no acompañados, la imposibilidad que tienen las personas negras de acceder a las oficinas españolas de asilo de la frontera y los miles de euros que tienen que pagar los sirios a las fuerzas marroquíes para poder solicitarlo en el de Melilla.
Ha costado dos décadas que todas estas prácticas ilegales fueran conocidas más allá de las ciudades autónomas, quizás porque los periodistas hemos prestado demasiada atención a los saltos de la valla por ser donde más se evidenciaba la violencia policial. Sin embargo, a través de ella, en 2016 por ejemplo, solo consiguieron pasar 316 personas, mientras que por los puestos fronterizos lo lograron –escondidos en los dobles fondos de los coches, mayoritariamente– unas 600, según datos de APDHA.
La segunda frontera sur más conocida es la que trazan las aguas mediterráneas y atlánticas que bañan nuestras costas meridionales, donde en los últimos veinte años han muerto al menos 6.000 personas ahogadas –la OIM establece que por cada cuerpo hallado, hay otros dos desaparecidos– por la imposibilidad de venir en ferry, como lo hacían hasta la aprobación de la primera ley de extranjería en 1985 por parte del gobierno de Felipe González. Aquí también se ha desplegado toda una serie de radares y sistemas de vigilancia que sólo han favorecido el aumento de los naufragios.
Sin embargo, los sistemas de control fronterizos que afectan de manera más determinante y sostenida en el tiempo a las personas que consiguen salvar estos obstáculos y a aquellas que llegan a través de los aeropuertos, no son las agresiones en las vallas de Ceuta y Melilla, ni los radares que localizan las pateras, ni la sala de no admitidos de Barajas o los CETI: son aquellos que pueblan nuestras calles, nuestras instituciones públicas y nuestro mercado.
No son ilegales, les obligan a vivir en la ilegalidad
La muerte de Mame Mbaye y las agresiones sufridas por el colectivo de manteros en Lavapiés han conseguido destapar el acoso y las persecuciones diarias que sufre este colectivo –que en muchas ocasiones les ocasionan rupturas de extremidades y todo tipo de lesiones– y las consecuencias de la criminalización del top manta y de la venta de latas de refrescos, que les acarrea penas de cárcel y antecedentes penales que les impiden acceder a la regularización de sus permisos de residencia. Desde hace años, los manteros y lateros se manifiestan para pedir la despenalización de estas ventas ambulantes y el cese del hostigamiento policial. Ha hecho falta la muerte de Mbaye para que el tema haya conseguido salir de los reducidos círculos activistas que les apoyaban.
Sin embargo, no debería extrañar que una persona pueda residir 14 años en España sin posibilidad de acceder a los papeles si se entendiera que las políticas de extranjería han tejido una fina y omnipresente red de trabas destinadas a que sea muy difícil conseguir la regularización. Y que sus manifestaciones más conocidas, como las redadas racistas, los encarcelamientos en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y los vuelos de deportación son solo las más visibles, las más drásticas, pero para las que son necesarias toda una serie de mecanismos que determinan, limitan y amedrentan las vidas de estas personas.
El empadronamiento
El anuncio en 2010 del Ayuntamiento de Vic, gobernado por una coalición de CIU, el PSC y ERC, por el que a partir de ese momento no permitiría el empadronamiento de las personas en situación administrativa irregular, hizo saltar las alarmas de organizaciones de derechos humanos y entidades como el Defensor del Pueblo. El empadronamiento es la única puerta de acceso de estas personas a derechos fundamentales como la salud y la educación, pero también la prueba fundamental para que, transcurridos tres años, puedan solicitar el permiso de residencia por arraigo. Es decir, la Administración estatal jugaba y juega al solitario: se niega a documentar a las personas procedentes de países empobrecidos que viven en su territorio, pero abre una puerta trasera a través de los padrones de los ayuntamientos para controlarlas y poner a prueba su resistencia: los que sean capaces de resistir tres años siendo explotados en la economía sumergida, de volver cada noche a su casa después de haber trazado un callejero propio para evitar las identificaciones raciales, habituales en plazas concurridas, estaciones de trenes, autobuses y metro, en los alrededores de las comisarías…; de alquilar una vivienda a los miles de desaprensivos que se aprovechan de que no tienen papeles para cobrarles cifras desorbitadas por cuchitriles inhabitables… Después de superar esta carrera de obstáculos, podrán sacar del cajón su empadronamiento y empezar un proceso de regularización que puede durar años, y durante el cual también pueden ser detenidos y expulsados.
Sin embargo, el empadronamiento también se ha convertido en un radar para las deportaciones. Los colectivos de personas racializadas y de apoyo a las mismas llevaban años denunciando que la Policía se vale del padrón municipal para detener a personas sobre las que pesaban órdenes de expulsión para llenar los cupos de los vuelos de deportación, en la actualidad contratados por el gobierno a Air Nostrum y Barceló Viajes. En 2015, a raíz de la detención de dos senegales en las inmediaciones de sus viviendas en Oviedo por parte de policías secretas, publicamos el oficio policial en el que se explicitaba que se les había apresado para que fuesen deportados en el vuelo previsto para el día siguiente.
Esto es posible gracias a la reforma de la ley de extranjería de 2003, que daba por primera vez acceso a la Policía al padrón “con el objeto de mejorar el ejercicio de las competencias legalmente establecidas sobre el control y permanencia de los extranjeros en España”.
No son excepcionales tampoco los casos en los que se ha violentado “el derecho la inviolabilidad de la vivienda” cuando han ido a buscarles a sus domicilios y, ante el desconocimiento o la sorpresa, les han abierto la puerta, para inmediatamente ser detenidos.
El empadronamiento también se ha convertido en una trampa para personas como Daniela y Diego. El gobierno de la comunidad autónoma donde residen le ha denegado la ayuda para el alquiler a Diego, español, porque su esposa, Daniela, está en situación irregular por carecer él de un contrato de trabajo que acredite que puede darle sustento económico a ella.
Los centros de menores
Los centros de menores se han convertido en un complejo puesto fronterizo en los que, en muchos casos, los adolescentes son expulsados a la calle cuando cumplen dieciocho años y un día. Pese a que, al estar bajo la tutela de las administraciones autonómicas, tienen la obligación de documentarles, a menudo solo se hace con aquellos cuyo comportamiento se considera correcto. Niños –las niñas son minoría– que en la mayoría de las ocasiones llevan desde su infancia en situación de calle, primero en su país, luego en Melilla, donde para sobrevivir a veces tienen hasta que prostituirse o aturdirse inhalando pegamento; y después, cuando llegan al lugar donde supuestamente tendrían que apoyarles en su reconstitución psicosocial, se espera que tengan el comportamiento ejemplar que no se les pediría en la adolescencia a la mayoría de los chavales españoles. En lugar de arropar a los que necesitan más apoyo, a menudo se les da por perdidos.
Aquellos que son puestos de patitas en la calle, sin documentación, vuelven a entrar en la rueda de la clandestinidad, agravada en su caso por ser la mayoría de ellos magrebíes, una de las nacionalidades más estigmatizadas.
Aquellos que terminen en centros de menores infractores, lo tendrán aún peor. En Asturias hemos documentado ampliamente la violencia y los castigos arbitrarios que sufren los internos del centro de Sograndio, que en el caso de al menos tres de origen extranjero, se ha coronado con su detención el mismo día en que eran puestos en libertad, para ser deportados inmediatamente. Uno de los casos más sangrantes fue la expulsión de un joven que llegó a España procedente de Colombia cuando tenía 3 años, y que fue deportado a Bogotá, donde no tenía a nadie, veinticuatro horas después de que fuese detenido en el comedor del centro, mientras su madre, abuela y hermanos le esperaban a la salida. Todos ellos, con permiso de residencia.
Las pruebas de determinación de la edad
Instituciones públicas como el Defensor del Pueblo Español y distintas ONG han denunciado hasta la saciedad que las pruebas médicas realizadas para la detección de la edad –consistentes en exámenes radiológicos de la muñeca, de la mandíbula o de la clavícula– no son fiables puesto que está demostrado científicamente que tienen un margen de error de hasta tres años y porque se basan en unas tablas de crecimiento de la población estadounidense que nada tienen que ver con la de los países de origen de estas personas.
Pero más allá de su validez científica, lo más controvertido de esta cuestión es que pese a que la normativa nacional e internacional obliga a la administración a proteger a estos menores mientras estén bajo su tutela, es la misma la que pone todos los recursos a su alcance –incluido el cuerpo del niño, que convierte así en un nuevo puesto fronterizo– para demostrar mediante rayos X o, incluso, inspecciones de sus genitales, que no es menor y que, por tanto, puede abandonarlo. Resulta cuanto menos contradictoria esta actitud institucional que tanto la Fiscalía de Menores como las comunidades autónomas reproducen diariamente. Tanto como que profesionales médicos como son los radiólogos se presten a hacer un uso contrario al código deontológico de la Organización de Médica Colegial de España, que sostiene en su artículo II, dedicado a los principios generales: “La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a cualquier conveniencia” y “El médico jamás perjudicará intencionadamente al paciente”. Realizar forzosamente pruebas radiológicas a unos adolescentes con el fin de que puedan ser desamparados no responde precisamente a este mandato ético.
Todas estas medidas contra los menores no acompañados solo son posibles por el nivel de deshumanización que sufren, el más grave de entre toda la población racializada. Solo la aporofobia, el racismo y el alimentado mediática y políticamente ‘miedo al otro’ pueden explicar que en una sociedad donde la infancia es concebida, supuestamente, como el bien supremo a proteger, estos niños y jóvenes sufran este nivel de criminalización y rechazo.
Servicios sociales
Aunque las personas en situación administrativa irregular no tienen derecho a ayudas sociales, sí tienen que dirigirse a ellos para solicitar el informe de arraigo que tienen que presentar cuando, transcurridos tres años de empadronamiento y con una oferta de contrato de trabajo, se dispongan a solicitar su primer permiso de residencia. Allí la experiencia no siempre es mucho mejor. Son muchas las personas racializadas que se han tenido que enfrentar a interrogatorios de estilo policial por parte de algunos funcionarios/as, a críticas sobre cuestiones íntimas como su decisión de migrar, de tener hijos/as, sobre sus empleos –máxime si ejercen la prostitución–, y sobre su derecho a solicitar ayudas, una vez han regularizado su documentación. Si bien es cierto que estas experiencias dependen fundamentalmente de la profesionalidad o no de las personas que se encuentran al otro lado de la ventanilla, no debemos infravalorar el racismo institucional al que se tienen que enfrentar en estos espacios las personas migrantes. Como bien ha estudiado el Trabajo Social, se suele esperar de ellas que asuman el rol de ‘víctimas perfectas’: sumisas, avergonzadas e inseguras. En aquellos casos en los que simplemente solicitan información con normalidad o reclaman la garantía de sus derechos, se encuentran a menudo con nuevas fronteras: las barreras que el funcionario/a de turno establece como vía para amedrentarlas y devolverlas así al lugar que cree que les corresponden, el de la caridad.
Centros o pisos de acogida
Personas adultas, que han sido lo suficientemente fuertes y valientes como para emprender un viaje a una nueva vida, atravesar fronteras y mares militarizados, sobrevivir a todas las trabas burocráticas que supone, por ejemplo, solicitar asilo –hay listas de espera de meses simplemente para conseguir una cita– son infantilizadas por entidades que gestionan, con presupuesto público– centros de acogida en los que se les imponen normas propias de la reclusión penitenciaria. No poder estar en la habitación de otros internos pasando el rato, prohibición de recibir visitas en el centro, rechazo a que puedan guardar comida en sus habitaciones para poder compatibilizar sus comidas con el Ramadán, amenazas con la expulsión por llegar tarde a recoger a los hijos al colegio o por rechazar un trabajo que obligaría a la familia a verse separada por cientos de kilómetros… Medidas todas ellas impensables para personas adultas, que no han cometido ningún delito, y que solo se pueden explicar si están atravesadas por una visión colonial, paternalista, racista y clasista.
Gymkana burocrática
Pero no hay mayor frontera, más impermeabilizada e insalvable para las personas racializadas que la ley de extranjería. Aquellas afortunadísimas personas que tras tres años en situación administrativa irregular consigan una oferta de un contrato de trabajo de un año de duración y 40 horas semanales –el mínimo requerido–, tendrán que tener la suerte de que el potencial contratante asuma que pasarán meses hasta que les concedan la tarjeta de residencia y, por tanto, puedan comenzar a trabajar. No son inhabituales los casos en los que la persona empleadora cancela la oferta ante la imposibilidad de afrontar esos plazos de espera, lo que supone el carpetazo del proceso de regularización. En aquellos casos que se resuelvan exitosamente, tendrán que volver a renovar su permiso pasado un año demostrando que han cotizado al menos seis meses. Si durante ese periodo, la persona migrante abandona el puesto de trabajo –porque es explotada, por ejemplo– será penalizada para las siguientes regularizaciones. Si consigue superar esa nueva prueba, tendrá que repetir el trámite pasados dos años –en los que haya cotizado al menos uno–, y de nuevo a los dos años, y después a los cinco.
La realidad es que, ante las dificultades que supone para la mayoría de la población –incluida la autóctona– conseguir contratos de trabajo, y más anuales de cuarenta horas semanales, la mayoría de estas personas viven permanentemente entre la ilegalidad sobrevenida, es decir, la pérdida del permiso de residencia y, en el mejor de los casos, de su renovación anual. Si adquiriesen antecedentes penales por cualquier motivo, se les podría retirar el permiso de residencia –aunque llevasen más de quince años viviendo en suelo español– y ser deportados a su lugar de origen.
La frontera del mercado
La economía sumergida representa en España, según un informe de Friederich Schneider, el 18% del PIB. Una gran parte de los empleos no declarados –no hay datos rigurosos en este sentido– son desempeñados por las personas migrantes, especialmente en los ámbitos de la construcción, la agricultura y los especialmente feminizados, como son los cuidados de las personas mayores y los menores, el trabajo doméstico y la hostelería. Y sin contrato, la última y más infranqueable frontera, no hay papeles.
La receta perfecta para garantizar mano de obra servil y explotable
Una carrera de obstáculos que empieza en sus países de origen, que continúa con el cierre y la militarización de nuestras fronteras exteriores, que se atomiza y reproduce a través de las fronteras invisibles internas compuestas por redadas racistas y CIE, y que se trufa con una ley de extranjería –y sus mecanismos de control, que hemos visto– minuciosamente diseñada para que una gran masa de personas tenga casi imposible acceder al permiso de residencia, y por tanto, a la ciudadanía y a los derechos. El objetivo lo desentrañó Alain Morice en un análisis sobre las políticas de extranjería desarrolladas por Francia tras la II Guerra Mundial:
La ley funciona así como una espada de Damocles, y su función no es la de expulsar al inmigrante que ha entrado de forma clandestina, sino recordarle constantemente la precariedad de su situación, lo que se supone garantiza su sumisión al orden económico y social. La puesta en escena del paso organizado «clandestinamente» por vías evidentemente bien conocidas por la policía constituye una especie de prueba, un aprendizaje del consentimiento de la dominación: la aplicación de la Ordenanza de 1945 durante este período se resume en un conjunto de dificultades destinadas a anular los vanos deseos del extranjero de erigirse en ciudadano.
Una cita que recogía Eduardo Romero en su ensayo Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial para explicar la finalidad de las políticas de extranjería en España: garantizar al mercado “una mano de obra barata, móvil y dispuesta a soportar tareas largas y penosas”.
Por todo ello murió, posiblemente, Mame Mbaye y tantas miles de personas en estos treinta y tres años de leyes españolas de extranjería. Pese a todo ello, seguirán viniendo y resistiendo muchas miles más.
