Carmena gana la partida a las grandes eléctricas
Los tribunales han desestimado los recursos de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa contra el concurso eléctrico del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio de la capital exige que la licitadora que quiera optar al contrato (de unos 82 millones de euros para dos años) haya obtenido el etiquetado A de la CNMC. Para poder acceder a este etiquetado, las comercializadoras deben haber vendido el 100% de su energía de fuentes renovables el año anterior. Las grandes eléctricas argumentan que esto pone en entredicho la competencia.
El año pasado, Gas Natural Fenosa consiguió tumbar el concurso eléctrico, que incluía una cláusula similar, aunque en aquella ocasión el pliego no establecía el etiquetado ecológico como una condición necesaria para concurrir, sino que tan solo otorgaba puntos extras (5 de 100) por el mismo. Ahora, acceder al concurso es mucho más duro. Las comercializadoras tienen dos meses para recurrir la decisión.
Siguen las dudas en torno a la ley de cambio climático
La presentación del borrador de ley de cambio climático es, últimamente, uno de los puntos de desencuentro del Gobierno. No obstante, las contradicciones entre la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que afirma que se presentará en breve, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que asegura que no se hará hasta que Europa apruebe sus directivas (lo que no ocurrirá como mínimo hasta finales de este año) parecen que están a punto de resolverse, según informa El Periódico de la Energía. Según este medio digital, el borrador ya está listo y se está negociando con “otros grupos parlamentarios”.
Sin embargo, y siempre según fuentes consultadas por el mismo medio, en el mayor grupo de la oposición (el PSOE) no están enterados de dichas negociaciones.
De la sequía en Europa al deshielo de la Antártida
Científicos internacionales, coordinados por el Centro Helmholtz para la Investigación Medioambiental, han publicado esta semana un informe en el que alertan de que las sequías extremas del suelo podrían convertirse en “el estado normal” de grandes áreas de Europa. Si la temperatura sube tres grados por encima de niveles preindustriales, las regiones afectadas por este tipo de sequías (que se caracterizan por una déficit de agua en el terreno) se extenderían del 13% actual al 26% del continente. Por otra parte, si se consigue contener el calentamiento por debajo del grado y medio, ese porcentaje se quedaría en el 19%.
Según el informe, publicado en la revista Nature Climate Change, la zona más afectada, con gran diferencia, será la del Mediterráneo. España es uno de los países más expuestos a la aridificación consecuencia del cambio climático.
Mientras tanto, otro informe publicado en Science trae noticias muy preocupantes: el deshielo de la Antártida podría estar empezando a reducir la concentración de sal del océano, incrementando la velocidad a la que se derrite el casquete polar meridional. Este bucle es una de las consecuencias más temidas del cambio climático.
La universidad de Cambridge se topa con BP
La semana pasada, la Universidad de Cambridge recibió una carta, firmada por cientos de nombres académicos y más de mil estudiantes de la institución, en la que instaban al equipo de gobierno de la universidad a que retirara sus inversiones de los combustibles fósiles. Los firmantes pedían así que Cambridge siguiese los pasos de otras decenas de universidades británicas y ciudades como Nueva York, que han retirado todos los fondos de estas empresas.
Pero la prestigiosa universidad se ha encontrado de frente con el consejero delegado de la petrolera británica BP, Bob Dudley. El martes, en un evento celebrado en Londres, Dudley lanzó un aviso a navegantes, recordando a Cambridge que la empresa es un importante donante y financia una importante cantidad de investigación. “Esperamos que entren en razón”, dijo el empresario.
Más polémica en Canadá
Después de que la semana pasada el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunciase que está dispuesto a invertir dinero público para salvar el oleoducto que unirá las arenas bituminosas de Alberta con el puerto de Vancouver, en la costa oeste del país, ahora llegan dudas sobre la legalidad de aprobación administrativa de la obra.
Una investigación del medio digital National Observer revela que varios empleados del gobierno pudieron haber recibido presiones de sus superiores para adaptar el proyecto para que el gabinete de Trudeau pudiese aprobarlo. De confirmarse las alegaciones del National Observer, esto pondría en entredicho la independencia del ejecutivo y podría enviar el polémico oleoducto a los tribunales.
La empresa promotora del proyecto, la estadounidense Kinder Morgan, ya advirtió recientemente de que estaba dispuesta a abandonarlo si no se solucionaban los problemas a los que se está enfrentando. La provincia de la Columbia Británica (donde se encuentra Vancouver) ha prohibido el acceso de la obra a sus puertos por las dudas medioambientales que despierta, y que también han sido puestos de manifiesto por agricultores, activistas, líderes indígenas y ecologistas.
Por otra parte, el partido conservador canadiense, el principal de la oposición, ha acusado al gobierno liberal de Trudeau de financiar las protestas contra el oleoducto. El líder conservador Andrew Scheer cuestionó al ejecutivo, en sede parlamentaria, sobre la supuesta concesión de fondos públicos a grupos que se oponen al proyecto.