Nicaragua encadena ya seis días de protestas contra la decisión del Gobierno de rebajar las pensiones (un recorte del 5%) y aumentar las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social, una medida conocida como Reforma del seguro social. Diversos medios y analistas califican de ‘histórica’ esta movilización, debido principalmente al rol de las redes sociales y a que cuenta con el apoyo de sectores que tradicionalmente apoyaron al gobierno sandinista de Daniel Ortega. Ante la presión de las calles, el presidente y exguerrillero Ortega respondió con duras cargas policiales y censuró los principales medios de comunicación del país que cubrían dichas protestas. La represión ha causado ya una treintena de muertes, entre ellas el periodista Ángel Gahona, y otro centenar de personas han sido hospitalizadas.
En la noche del domingo, Ortega apareció por sorpresa en la televisión pública para anunciar que cancelaba el polémico decreto presidencial de esta reforma. Al mismo tiempo que pedía paz y diálogo, las autoridades nicaragüenses ponían en marcha un plan para dividir y desmovilizar a los manifestantes, principalmente a los estudiantes, desplegando a infiltrados y alborotadores en centros universitarios y otros espacios de movilización. Contra los pronósticos del gobierno, los protestantes mantienen el pulso en las calles -a pesar de los desmentidos de la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo– e incluso se organizan en barrios de todo el país para evitar amotinamientos y destrozos que sirvan para manchar la expresión del deseo de cambio que aflora en Nicaragua.
El movimiento estudiantil es uno de los principales impulsores de esta movilización. Más allá de oponerse a la reforma del seguro social, los universitarios también protestan contra la corrupción endémica del gobierno sandinista y otros déficits democráticos del país. En la noche de este lunes, los estudiantes que ocupaban la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) fueron agredidos por hombres armados, que mataron a dos personas e hirieron a otras nueve, según la Asociación Médica Nicaragüense. Los estudiantes aseguran que entre los atacantes había policías infiltrados y miembros de las Juventudes Sandinistas.
Fidel Ernesto Narváez, abogado constitucionalista y profesor, es uno de los líderes sociales que participa en estas movilizaciones. Narváez está entre los objetivos de la campaña de desacreditación del gobierno de Daniel Ortega. En las redes sociales se mezclan las amenazas de muerte y acusaciones que le tachan de ser un infiltrado, con los mensajes de apoyo de quienes conocen su larga trayectoria en defensa del diálogo, la paz y la democracia.
Narváez y otras caras visibles de la izquierda crítica con el gobierno sandinista se encuentran en una encrucijada. Los grupos más conservadores, apoyados por la poderosa patronal nicaragüense, necesitan mantener viva la violencia en la calle para derrocar al gobierno, un problema que choca con los llamados a la paz que promueve Narváez («evitemos el baño de sangre», publicaba Narváez en su perfil de Facebook este lunes). Por otra parte, el gobierno sandinista necesita deslegitimar y dividir a los manifestantes, a quienes tacha de alborotadores. Narváez, con su reputación de intelectual progresista y sus defensas a favor de la unidad y un proceso constituyente, también representan una amenaza para los fines del gobierno.
En medio de esta situación, Narváez envía esta carta a La Marea mientras trata de ponerse a salvo de las represalias en un lugar desconocido de Nicaragua:
«El miércoles 18 de abril en el portón de la Universidad Centroamericana (UCA), como resultado de la represión de una protesta en contra de las reformas del seguro social nicaragüense, unos estudiantes decidieron reunirse espontáneamente. Durante el transcurso de la noche, miembros de la Juventud Sandinista (JS) con carácter intimidante atacaron a los manifestantes, quienes se refugiaron en la Universidad para no seguir siendo agredidos por grupos de motorizados y de personas armadas que resguardaban a la JS.
Esto desencadenó unas protestas a lo largo de varias universidades en solidaridad con los estudiantes, las cuales fueron reprimidas sistemáticamente y originó una escisión en la disciplina partidaria de las asociaciones de estudiantes afines al gobierno, unas los respaldaban, otras se manteían afines al gobierno y otras neutras.
Las protestas aumentaron cuando ocurrieron los primeros fallecimientos y los discursos del gobierno eran una provocación a los manifestantes en vez de una respuestas y solución dentro de los cauces políticos. Esto ocasionó que se rebasara la paciencia popular de las personas que salieron en defensa de los derechos de los estudiantes y las motivaciones políticas de la primera protesta inicial se tornaron en motivaciones más amplias, estatales y contra el sistema.
La noche del día 22 de abril, después de varios días de enfrentamientos y decenas de muertos, heridos, encarcelados y desaparecidos, y después de la aceptación al diálogo del gobierno con la empresa privada, y la revocación de las reformas al seguro social, algunos jóvenes se mantuvieron en la Universidad Politécnica de Nicaragua de forma pacífica, no obstante existía incertidumbre sobre los pasos a seguir y sobre el futuro mismo de la protesta.
Durante la noche, varios jóvenes resultaron heridos de arma de fuego a manos de los antimotines y policías encubiertos, y lo que se pensó que había acabado con el llamado al diálogo del mismo día se tornó más represivo y violento, aumentando los casos de infiltrados en el movimiento estudiantil para atacar desde el corazón mismo del movimiento la reputación, las demandas y la organización misma del movimiento, llegando incluso a capturar los estudiantes a miembros de cuerpos parapoliciales con armas de fuego disparando dentro de la Universidad a los mismos estudiantes, y con francotiradores en los tejados.
La tensión fue tal que tuvo que intervenir la Iglesia Católica para garantizar la vida del representante de las universidades que llegó de forma repentina e irresponsable a poner su vida en peligro para deslegitimar la lucha del movimiento estudiantil y dar pauta a los únicos medios de comunicación al aire para que hablaran de un secuestro. A día de hoy los aparatos de inteligencia tienen perfilados a algunos manifestantes y miembros del movimiento estudiantil que puedan representar un obstáculo para la solución del conflicto, el cual es a día de hoy por un cambio de estructura y autoridades del Gobierno y no sólo por la cercenación de derechos sociales».