Luiz Inácio Lula da Silva, antiguo operario y sindicalista metalúrgico que se convirtió en presidente de Brasil entre 2003 y 2010, está a un paso de ingresar en prisión después de que la Corte Suprema brasileña (Supremo Tribunal Federal, STF) le negase este miércoles el habeas corpus, con seis votos en contra y cinco a favor, que le permitiría permanecer en libertad para recurrir en tercera instancia la sentencia que le condena, por el momento, a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. En cuestión de semanas, este carismático líder del Partido de los Trabajadores podría verse entre rejas.
Un triplex y las obras para reformarlo por valor de 2,4 millones de reales (587 mil euros), procedentes de dinero desviado de contratos de la compañía estatal Petrobras con la constructora brasileña Odebrecht, son los elementos de disputa que han llevado a Lula -favorito en las encuestas de cara a las presidenciales de octubre- a ser juzgado y condenado. Por el momento, la contrapartida que el Gobierno brasileño habría ofrecido a la empresa de obras no han sido esclarecidas, mientras que Lula niega haber recibido este apartamento y denuncia la falta de pruebas en su contra.
Lula podría ingresar en cualquier momento en prisión tras la votación de este miércoles del Supremo brasileño, que cuestionó hasta qué punto se podría estar violando la presunción de inocencia de un reo declarado culpable -en este caso, Lula- si se le manda a prisión antes de que agote su capacidad de recurso en una tercera instancia. Marco Aurélio Mello, abogado del expresidente, defendió su derecho a permanecer en libertad y criticó que se esté discutiendo un caso aislado, y no la medida en su conjunto, a partir de dos acciones que está tramitando el Supremo para determinar si hay prácticas inconstitucionales en este proceso. El juez Luiz Flux, que votó en contra del habeas corpus para Lula, sostuvo que la presunción de inocencia termina en el momento en que un juzgado declara culpable en primera instancia al acusado. “El respeto a su propia jurisprudencia es deber del poder judicial”, alegó Flux.
No es un asunto nuevo. El Tribunal Supremo brasileño lleva varios años dándole vueltas. En la década de los 90, reconoció la posibilidad de que un reo cumpliese prisión preliminar incluso estando a la espera de una resolución en tercera instancia. En 2009, los magistrados que integraban este órgano decidieron por mayoría que no se cumpliría la pena hasta que estuvieran agotados todos los recursos y apareciera la última sentencia. Numerosos condenados vieron cómo sus casos prescribían, sin cumplir sus penas. Pero en 2016, la nueva composición del Supremo decidió reactivar este principio.
Hasta ahora dos propuestas de acciones declaratorias de constitucionalidad (medidas para hacer valer la supremacía jurídica de la Constitución) estaban a la espera de ser votadas por el Supremo, para reabrir el debate sobre la pertinencia de la prisión preventiva, pero los 11 magistrados que componen este tribunal votaron únicamente sobre el caso de Lula. Tras más de 10 horas de sesión plenaria, con seis votos a favor y cinco en contra, la Justicia brasileña denegó al expresidente su demanda de libertad. Hubo un voto tan decisivo como polémico: el de la jueza Rosa Weber, que se mostró opuesta a la prisión provisional pero acabó votando en contra del habeas corpus, ya que justificó que respondía al principio de la colegialidad (vínculo de respeto a la decisión colectiva precedente del Supremo).
El voto de Weber, el más imprevisible de este juicio, lapidó la que era una de las últimas oportunidades del expresidente para seguir con su campaña electoral lejos de la cárcel. No obstante, ese mismo voto también podría girar las tornas en caso de que la medida sea sometida a una nueva votación por un principio de constitucionalidad general. Llegado el caso, Weber podría posicionarse conforme a su opinión individual y bascular la balanza en contra de la prisión provisional, lo que permitiría que Lula, en caso de haber sido encarcelado, pudiese recurrir de nuevo para pedir su puesta en libertad.
Sin previsión de plazos, este escenario es una alternativa todavía incierta que permitiría al expresidente -y por ahora precandidato- ganar tiempo en su carrera por volver al poder. Mientras tanto, la primera opción que tiene Lula en este momento para evitar la prisión es la interposición de un último recurso a la sentencia que le condena en segunda instancia, y que podría ser tramitado en las próximas semanas.
De este fino hilo no solo cuelga el futuro de Lula. La tensión política de una sociedad brasileña cada vez más polarizada -tras conocerse esta noticia, se registraron manifestaciones a favor y contra del expresidente en 16 estados del país- aguarda respuestas, mientras vuelven algunas sombras del pasado en forma de presiones sobre el poder judicial. «Atento a sus misiones institucionales”, dijo este miércoles en Twitter Eduardo Villas Bôas, comandante del Ejército, justo antes de la votación del Supremo, un mensaje que fue secundado por otros altos cargos militares en lo que parecía una amenaza “contra la impunidad”. Estas declaraciones y presiones fueron calificadas por Amnistía Internacional como una “grave amenaza al Estado democrático de Derecho”.
“Es necesario destacar que la experiencia concreta a la que se sometió a Brasil durante el régimen de excepción constituye para esta y para las próximas generaciones una gran advertencia que no puede ser ignorada”, afirmó Celso de Mello, decano del Tribunal Supremo, que votó a favor del habeas corpus tras inaugurar su discurso cuestionando las declaraciones del máximo dirigente del Ejército.
