Los resultados oficiales de las elecciones en Egipto, publicados este lunes, dieron por ganador al presidente Abdelfatah Al Sisi con un 97 % de los votos, un porcentaje en sintonía con el apoyo electoral obtenido por otros dirigentes de países amigos de la democracia.
Para revalidar su mandato por tan aplastante mayoría, el mariscal solo ha tenido que deshacerse de todos sus rivales de peso: desde el exjefe del Estado Mayor del Ejército Sami Anan (valedor del antiguo régimen que había insinuado un acercamiento a la sociedad civil), al abogado pro derechos humanos Khaled Ali, así como del resto de presidenciables. Todos ellos fueron metódicamente apartados de la contienda por medio de coacciones y amenazas veladas o cumplidas. Solo Musa Mustafa Musa, un Mr. Nobody declarado admirador del mariscal que no ha dejado de loarlo durante toda la campaña, ejercía de supuesto oponente, una candidatura tan ridícula que solo ha logrado el 3% de los votos, frente a más del doble de papeletas nulas y una abtención de casi el 60%.
Muchos se preguntan qué necesidad tenía Al Sisi de eliminar al resto de adversarios si les habría ganado de todas formas. La respuesta probable es que al mariscal le aterra que se abra cualquier brecha que cuestione su liderazgo. Su primer mandato ha sido un estrepitoso fracaso en todos los frentes. Para empezar, en el plano económico, el Gobierno lleva desde 2014 tratando de sanear las finanzas públicas con difíciles reformas. Ante la pésima situación económica acabó por claudicar y pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional en 2016. El consecuente paquete de medidas de liberalización y austeridad impuesto por el organismo internacional ha dejado temblando el bolsillo de las clases medias y ha pauperizado aún más a los sectores más desfavorecidos. La devaluación de la libra egipcia ha provocado una inflación galopante, los salarios están congelados, el IVA ha subido y el turismo, sector clave de la economía, no acaba de remontar.
Mientras, la lucha contra el terrorismo islamista, principal caballo de batalla del presidente, ofrece un balance agridulce, con menos atentados en la inestable península del Sinaí, pero numerosas víctimas civiles en las campañas militares lanzadas en la región y un creciente número de grupos armados que amenazan la estabilidad del país. Macroproyectos como el nuevo canal de Suez, que no está generando los ingresos anunciados, o la cesión de dos islas del mar Rojo, Tirán y Sanafir, a su protector, Arabia Saudí, tampoco han contribuido a mejorar su popularidad. En este contexto, Al Sisi está empleando todas las herramientas a su disposición para acallar las críticas.
La muerte del sueño de plaza Tahrir
Siete años y tres procesos electorales han servido para dilapidar el capital de sueños generado en la plaza Tahir, epicentro de la revolución popular que en 2011 tumbó al eterno Hosni Mubarak, inició la -ahora abortada- transición democrática en Egipto e hizo germinar un sinfín de iniciativas políticas y sociales en un pueblo anulado por décadas de dictadura. En 2012, la victoria del islamista Mohamed Mursi en las primeras elecciones libres celebradas en la historia del país decepcionó a la sociedad laica, que había salido a las calles en masa para reclamar democracia, y el giro autocrático que tomó su mandato a los pocos meses de llegar al cargo espoleó una nueva ola de manifestaciones multitudinarias que culminaron con un golpe de Estado en julio de 2013 capitaneado por el propio Al Sisi. En los comicios celebrados un año después el nuevo dirigente legitimaría su mandato, poniendo fin al único periodo desde el fin de la monarquía en que Egipto no estuvo dirigido por militares.
Desde entonces, el país ha entrado en una espiral de autoritarismo nunca vista, incluso peor que durante las tres décadas de régimen de Mubarak. En el último lustro, Al Sisi se ha erigido en amo y señor del destino de los egipcios, aplastando sin miramientos a la disidencia y acaparando más y más poder en el plano político, judicial y militar. La aprobación de cientos de leyes que amplían los poderes del Ejecutivo, la colocación a dedo de todos los gobernadores provinciales (la inmensa mayoría, militares) y una ley que le permite nombrar a los presidentes de los órganos judiciales, entre otras maniobras, le han conferido un control sin precedentes. Ahora sus aliados quieren reformar la maltrecha Constitución para eliminar la restricción de dos mandatos presidenciales, despejando la vía a una presidencia vitalicia.
El mariscal sabe que su permanencia en el poder depende de su capacidad para mantener de su lado al todopoderoso ejército egipcio, y para ello ha empleado una doble estrategia: por un lado, eliminar uno a uno a los castrenses que suponían un desafío a su autoridad (solo en el último año han caído pesos pesados como el jefe del Estado mayor, Mahmud Hegazi, o el responsable de los servicios de Inteligencia, Khaled Fauzi); por otro, entregarle las llaves de política y la economía.
Si desde finales de los años ochenta los militares tenían un peso importante en varias industrias, con la llegada de Al Sisi al poder han extendido sus tentáculos a todos los ámbitos: hoy producen todo lo imaginable, de tanques a leche infantil, y dominan servicios como el turismo, la construcción, el sector inmobiliario o el transporte. Aunque el gobierno asegura que no controlan más que entre el 1,5% y el 2,5% de PIB, los expertos más prudentes multiplican por diez esa cifra, y organizaciones como Transparencia Internacional la elevan al 45-60% del total.
Al contexto de corrupción generalizada y deterioro económico se suma la instauración de un clima de terror y violencia estructural contra la sociedad civil: unos 60.000 presos políticos, entre islamistas, opositores liberales, periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos abarrotan las cárceles egipcias, miles de civiles han sido juzgados por tribunales militares, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la tortura policial son habituales, las condenas a muerte se han multiplicado, y las ejecuciones extrajudiciales se han normalizado.
Los intentos de documentar las execciones se pagan con la cárcel o la vida. Reporteros como el joven fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid, «Shawkan», encarcelado desde 2013 tras documentar la matanza de islamistas en la plaza de Rabaa en El Cairo, se enfrentan a la pena de muerte. Hoy Egipto es, según el Comité para la Protección de los Periodistas, el tercer país con más informadores encarcelados, solo por detrás de Turquía y China. Desde la llegada de Al Sisi al poder, Egipto ha caído 34 puestos en el ránking de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Unas 500 páginas webs de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han sido bloqueadas y cientos de ONGs han sido clausuradas. Derrotada y amordazada, la sociedad civil egipcia boquea agonizante.
Mientras, el silencio de la comunidad internacional es ensordecedor: pese al grave deterioro de las libertades en el país, Estados Unidos y la Unión Europea no han tenido inconveniente en seguir entregando armas y dando apoyo económico al régimen. En 2013, Bruselas activó un embargo armamentístico para no contribuir a la represión interna, y tras el brutal asesinato del joven investigador italiano Giulio Regeni en 2016 (que los observadores independientes achacan a las fuerzas de seguridad egipcias), el Parlamento Europeo recomendó detener la cooperacion en materia de seguridad con ese país; a ambos llamamientos han hecho caso omiso 12 de los 27 estados miembros (entre ellos España). Los beneficios generados por el comercio de armas son demasiado jugosos: desde 2014, Francia, Alemania y Rusia han vendido material bélico a Egipto por valor de 20.000 millones de dólares; el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó sin rubor hace pocos meses que él no era quien para dar lecciones en materia de derechos humanos a Al Sisi.
Aunque es evidente que no serán las potencias occidentales quienes vengan en ayuda del pueblo egipcio, el descontento popular tiene un límite. Una parte de la sociedad ha comprado el discurso de la seguridad como mal necesario para preservar la estabilidad, pero si no se conjuga con avances en el plano económico o en una verdadera mejora de la seguridad, el reino de Al Sisi podría tener los días contados. La eliminación de rivales militares muestra que en el ejército las aguas están revueltas y la sociedad civil, que entrevió lo que significa la democracia, ha aprendido en estos años y ahora sabe organizarse. Con estas elecciones la dictadura ha sido consumada, pero su estructura es más frágil de lo que parece y podría derrumbarse antes de lo esperado.
