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Francisco, albañil, 56 años, otra víctima de los tiros de la Transición

La esquina del Cerro del Águila, el barrio sevillano donde sucedieron los hechos, ve pasar los días como si nada.

Francisco Rodríguez Ledesma

Olivia Carballar

01 febrero 2018 Una lectura de 5 minutos

La casa está cerrada a cal y canto. La puerta es de chapa marrón. «Sí, soy yo». La puerta chirría cada vez que la mujer, asida a ella, da un paso hacia adelante o hacia detrás. «Yo no quiero recordar eso». Tiene ganas de cerrar pero se resiste a hacerlo. «Yo no, yo no». Observa con miedo al vacío, sin entender por qué han venido a preguntarle 40 años después. «No quiero hablar. Adiós. Muy amable». Aquello de lo que no quiere hablar esta mujer septuagenaria –tal vez octogenaria– ocurrió el 8 de julio de 1977 en Sevilla, unos meses antes del disparo que acabó con la vida de Manuel José García Caparrós en Málaga, del que tanto se ha hablado estos días; y unos meses después del disparo que acabó con la vida del joven almeriense Javier Verdejo, al que no dejaron terminar de escribir «Pan, trabajo y libertad», y del que tan poco se ha hablado estos y todos los días. «Yo fui a coger a mi hijo, que se me había escapao«, suelta apresurada la mujer. El disparo podría haberle alcanzado a ella. Tal vez al niño.

La esquina donde sucedieron los hechos ve pasar los días como si nada. «Alquilo piso por 450 euros». «Vendo piso por 82.000 euros», anuncian varios papeles pegados a una señal de ceda el paso. Son otros tiempos. Hay otros nombres. Avenida Hytasa con calle Diamantino García, entonces Comandante Castejón. El tiro, tan fallido en la Transición cuando iba dirigido al aire, alcanzó esta vez a Francisco Rodríguez Ledesma, un albañil que se había acercado a la manifestación contra el cierre de la fábrica textil del mismo nombre que la avenida y que tantos uniformes para el Ejército franquista había confeccionado. Queipo de Llano había puesto la primera piedra. El dictador la había visitado. Hoy, frente a aquella esquina hay un edificio de la Junta de Andalucía. Al lado, Casa Arcadio pone desayunos como si no hubiera un mañana. Un cartel indica una peluquería de caballeros y niños a escasos metros. Y en la esquina, justo en la esquina, se levanta una escuela infantil con ladrillos vistos.

La mujer que no quiere hablar vio caer justo ahí, a su lado, al albañil, militante de CCOO. Murió en el hospital en enero de 1978. Mil personas acudieron a su entierro, según las crónicas periodísticas de la época, que ya auguraban también que aquella muerte, como la de Caparrós o la de Verdejo, quedaría impune.

Juan, Teo, Jesús, José y Pepe, con las banderas republicana y andaluza. O. C.

Estamos en el Cerro del Águila, un barrio obrero de Sevilla. Pueden llegar hasta aquí en autobús. El 26 va directo desde el Prado de San Sebastián. Si están en la céntrica Plaza del Duque, una opción es el 32 con parada en Ciudad Jardín, desde donde pueden ir dando un paseo. Si están más cerca de Puerta Jerez, el metro o el tranvía son una solución para parte del trayecto. Es 5 de diciembre. Varios miembros de la asociación Aire Libre acaban de renovar el cartel que colocaron en 2015 como homenaje a Rodríguez Ledesma, que fue nombrado también cerreño del año por la Velá del Cerro del Águila. «Pusimos un clavel en la imagen porque su hermana nos contó que le dejaban uno todos y cada uno de los días que pasó en el hospital», cuenta Pepe Verdón. La Junta de Andalucía tiene previsto catalogar en breve esta esquina como Lugar de Memoria.

«Mira, estos son los que mataron en aquellas fechas», muestra en un papel escrito a boli Juan Morillo. Dice que a uno de ellos, a su amigo Aurelio Fernández, lo asesinaron en París en 1979. «Las manifestaciones eran asiduas», añade Verdón. Esta fría mañana, ellos dos y tres compañeros, Jesús, Teo y José, recogen firmas para la apertura de un nuevo centro de salud. Hablan de Miguel Hernández, y de Mandela, y de cómo se está deteriorando el barrio, y de la próxima función del teatro de la memoria del Aguaucho. Ponen una bandera republicana y otra andaluza para hacerse la foto. Se acerca un hombre: «Conozco la historia por mi suegra». Pero su suegra, ya han leído, no quiere hablar. La mujer, finalmente, echa el cerrojo a la puerta de chapa marrón.

El Cerro del Águila

Sevilla

Estado de conservación:

La esquina fue señalizada en 2015 de manera no oficial por varios colectivos, entre ellos la asociación Aire Libre. Ahora la Junta tiene previsto catalogarla como Lugar de Memoria.

Otro barrio en el que no hubo guerra

El historiador José María García Márquez destaca un caso en el Cerro del Águila: «Especialmente impactante fue la muerte de Francisco Portales Casamar, de 35 años, empleado del Matadero y afiliado a Unión Republicana, detenido por orden de Queipo el 10 de agosto de 1936, junto a su cuñado Rafael Herrera Mata. Lo juzgaron en consejo de guerra el 21 del mismo mes y lo condenaron a muerte. Al día siguiente, 22, Queipo aprobó la sentencia y el 23 fue asesinado a las seis y media de la mañana en la muralla de la Macarena. Rafael, impresor que trabajó en El Cerro en la imprenta de Luis Barral, fue puesto en libertad poco después, aunque en 1937 sería nuevamente detenido y asesinado el 29 de enero de 1938».

La hermana de Francisco, Luisa Portales, fue una mujer muy conocida en el barrio por su militancia política en Unión Republicana; y su hermano Luis, activo miembro de las Juventudes Libertarias, estuvo a punto de ser capturado, aunque no lo detuvieron hasta enero de 1938 y lo condenaron a veinte años de prisión, indica García Márquez.

Muy cerquita, añade el historiador, se llevó a cabo el fusilamiento, en dos grupos de 11, de 22 miembros de la columna minera de Huelva, que llegó a Sevilla el 19 de julio y fue traicionada por la Guardia Civil. «Se quiso que toda la ciudad tuviese conocimiento de la ejecución como escarmiento público y por eso los dividieron en grupos por distintos barrios. Las desapariciones se sucedían una tras otra. Llantos, gritos de desesperación, búsquedas de familiares por todos los centros de reclusión de Sevilla, etc., se convirtieron en algo cotidiano y repetido en aquel verano y otoño de 1936».

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Comentarios

Carmen C. dice:

05/02/2018 a las 19:49

LA IGLESIA Y SU COLABORACION CON LA DICTADURA FRANQUISTA.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria est´recogiendo firmas que serán entregadas en la sede de la Conferencia Episcopal.
Considera que la beatificación masiva que la Conferencia Episcopal celebró en junio en Madrid, es una oportunidad inmejorable para una declaración pública de petición de perdón.
https://laicismo.org/2017/recogida-de-firmas-para-que-la-iglesia-pida-perdon-por-su-colaboracion-con-la-dictadura-franquista/169317
A la Atención de:
Conferencia Episcopal Española:
Presidente: Cardenal Ricardo Blázquez Pérez Secretario General: José Mª Gil Tamayo
Hemos conocido la noticia de que la Iglesia católica española pretende beatificar el próximo 11 de octubre de 2017 en Madrid a 60 denominados “mártires de Cristo”.
Resulta sorprendente, viniendo de una institución que ha manifestado con vehemencia su oposición a la recuperación de la memoria democrática en nuestro país, con el argumento de que constituye un atentado contra la reconciliación y el perdón, y únicamente busca reabrir heridas cicatrizadas. Asimismo, la Iglesia se ha manifestado en contra de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura franquista, tal y como han recomendado al Estado español las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de derechos humanos.
Creemos que el acto del próximo 11 de noviembre constituye una ocasión inmejorable para que la Iglesia Católica pida perdón al conjunto de la sociedad española por su participación en la represión durante la guerra civil y la posguerra, así como por su connivencia con la dictadura franquista y por los beneficios obtenidos de esa colaboración.
En 1936 la jerarquía católica legitimó la rebelión militar contra las instituciones democráticas legales, convirtiendo la guerra en “Cruzada de Liberación Nacional” prestando con ello un enorme servicio a la causa de los militares golpistas, en paralelo al apoyo material prestado a Franco por la Italia fascista y la Alemania nazi.
La participación de clérigos y religiosos en la represión franquista desarrollada a lo largo de toda la guerra y hasta bien avanzada la posguerra, se dio en múltiples formas:
“Asistencia espiritual” durante las ejecuciones extrajudiciales y en cumplimiento de las ilegales sentencias de los tribunales y consejos de guerra franquistas.
Participación de órdenes religiosas en la represión de los/as presos/as políticos/as en el interior de cárceles, campos de concentración, destacamentos de trabajo forzado, etc.
-Participación de los párrocos como denunciantes y delatores de los/as ciudadanos/as, tanto en los ilegales consejos de guerra, como en expedientes de depuración de funcionarios y empleados, concesión de avales y salvoconductos, etc., extendiendo con ello una atmósfera de terror en la sociedad.
La Iglesia católica proporcionó el núcleo de la ideología legitimadora del golpe militar y de la dictadura que, durante cuarenta años, secuestró la soberanía popular. Elaboró la base del sistema ideológico totalitario del régimen -el nacionalcatolicismo- que abarcaba desde el plano de encuadramiento político, hasta los aspectos más personales de la vida cotidiana.
-Ejerció una absoluta represión social, moral e intelectual desde el púlpito, pero sobre todo por medio del monopolio absoluto de un sistema de enseñanza represivo, alienante, clasista y sexista.
Religiosos y religiosas tuvieron un papel central en la siniestra trama de robo de bebés, que tuvo su origen en el secuestro de los hijos e hijas de las presas políticas, y cuya verdadera magnitud sólo ahora está empezando a intuirse.
La represión franquista no se ejerció exclusivamente contra los demócratas, sino que afectó también a pastores y fieles de otros credos, e incluso, en la fase final de la dictadura, a sacerdotes católicos influidos por las corrientes progresistas de la Iglesia de la época.
La Iglesia no ejerció este papel desinteresadamente, sino a cambio de inmensos privilegios tanto económicos como de poder y de capacidad de influencia social, que el actual régimen democrático no ha cuestionado en los 38 años transcurridos desde la muerte física del dictador.
En consecuencia, creemos que es una excelente, aunque tardía oportunidad, para que la Iglesia católica española y en su representación la Conferencia Episcopal, hagan una declaración pública y nítida por la que pidan perdón públicamente al conjunto de la sociedad española, tanto por su participación en los crímenes franquistas como por su colaboración con la dictadura que sojuzgó a la sociedad española entre 1936 y 1977.

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Chorche dice:

04/02/2018 a las 18:48

LA MACARENA DE SEVILLA MANTIENE LOS RESTOS DEL GENERAL FRANQUISTA QUEIPO DE LLANO.
(Otro escarnio más a aquel revolucionario anarco-comunista de quienes se presentan como sus representantes).
La Iglesia católica se revuelve cada vez que le tocan la Memoria Histórica.
Hay una cascada de casos en que los obispos se resisten a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica que obliga a retirar los símbolos franquistas
Como la polémica tumba de Queipo de Llano en la iglesia de La Macarena de Sevilla. Pese a que la orden del Ayuntamiento data del verano de 2016, la hermandad todavía no ha procedido a la retirada de los restos del general franquista, como sí lo hizo en su día el Arzobispado de Pamplona con los de de Mola y Sanjurjo, después de una ardua negociación.
En Sevilla, sin embargo, ni la Junta ni el Consistorio han conseguido arrancar de la hermandad macarena el compromiso de la retirada de la tumba, aprobada por el Ayuntamiento hispalense, sin ningún voto en contra, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática vigente en Andalucía. Esta misma semana, el Gobierno autonómico ha dado un ultimátum a la iglesia, especificando que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Sin embargo, la Hermandad lleva meses sin dar respuesta oficial al requerimiento, en principio aduciendo las elecciones en su Junta de Gobierno. Desde la diócesis, el arzobispo Juan José Asenjo, en su línea habitual, «no interviene».

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