Samuel Martín-Sosa Rodríguez // En noviembre de 2017 la Comisión Europea presentó la lista de Proyectos de Interés Común de interconexión energética entre países de la Unión Europea, una serie de infraestructuras que recibirán financiación pública comunitaria y se beneficiarán de una tramitación agilizada -por ejemplo, trámites de Evaluación de Impacto Ambiental simplificados-. Aunque en principio esta lista debe de estar integrada principalmente por obras de interconexiones eléctricas, en la lista de la Comisión se pueden encontrar hasta 95 proyectos de gas, incluyendo grandes gasoductos y nuevas terminales para importar gas natural licuado por barco.
La apuesta europea por el gas es evidente. Desde 2014 el mecanismo financiero ‘Conectar Europa’ ha dedicado más de 1.000 millones de euros a financiar infraestructuras de gas (el doble que a planes de conexión eléctrica). Algunos de los proyectos planteados en la nueva lista son absolutamente faraónicos. Destaca el Corredor Meridional del Gas, una tubería de 3.500 kilómetros que pretende traer gas desde Azerbaiyán hasta Italia, vía Turquía, y que ha estado inmersa en polémicas de corrupción. Este proyecto de 34.000 millones de euros pretende beneficiarse de préstamos de instituciones financieras europeas. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ya dio luz verde a partidas económicas para financiar los tramos caucásico y turco, y ahora el Banco Europeo de Inversiones está por decidir si concede 2.000 millones de euros para el tramo transadriático. La empresa española Enagás tiene participación en el proyecto. Enagás también está detrás de los dos proyectos españoles que integran la lista -el MidCat, que duplicará la capacidad de interconexión con Francia, y la tercera interconexión con Portugal-.
La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿necesitamos estas infraestructuras? La demanda europea de gas cayó un 20% entre 2010 y 2016. Diversos estudios muestran cómo el sistema gasista europeo actual es robusto y resiliente, capaz de hacer frente, solo introduciendo algunos cambios menores, a nuevas situaciones de estrés como las que se vivieron hace unos años a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia. Uno de estos estudios, encargado por la propia Comisión Europea, señala precisamente que los gasoductos españoles mencionados tendrían escaso o nulo flujo de gas.
El sistema gasista español ya está de por sí bastante sobredimensionado. Somos el cuarto país del mundo en capacidad de regasificación (plantas que transforman el gas líquido -licuado- que se transporta en buques), y sin embargo estas terminales funcionan a menos del 40% de su capacidad. Tenemos un amplio parque de centrales de gas de ciclo combinado que están la mayor parte del tiempo paradas. Las proyecciones de consumo pre-crisis fueron exageradamente optimistas en nuestro país y nuestro sistema nacional gasista retribuye esas inversiones aunque la infraestructura no se utilice. Eso, sumado a indemnizaciones como la del almacén Castor, ha generado un déficit del sistema que pagamos -y que pagaremos durante las próximas décadas- los usuarios en la factura del gas. En este contexto parece suicida generar nuevas infraestructuras deficitarias con dinero público.
La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿es el gas la energía que necesitamos en un contexto de crisis climática? El gas es un combustible fósil y por tanto debe permanecer en su mayoría bajo tierra, como el petróleo o el carbón, de acuerdo con lo planteado por la ciencia para cumplir con los objetivos de París. A pesar de la retórica del Comisario Arias Cañete, que pretende presentar al gas como un combustible relativamente limpio, su huella climática es muy significativa si se consideran las fugas de metano, como muestra de forma creciente la evidencia científica. Según un reciente estudio del Tyndall Centre for Climate Change, Europa no debe construir una sola infraestructura de gas más si quiere tener posibilidades de cumplir con el objetivo global de no superar un aumento de temperatura de 2ºC a final de siglo.
La tercera y última pregunta que nos surge es: si no necesitamos más gas, y además el gas es enemigo del clima, ¿porqué se toman estas decisiones en la política energética europea? Incomprensiblemente la normativa europea establece que un organismo denominado ENTSO-G es el encargado de hacer la planificación de las infraestructuras de gas necesarias para satisfacer la demanda. La demanda futura también la estima este organismo, a pesar de que año tras año la tosca realidad se empeña en demostrar que sus previsiones estaban sobrestimadas. ENTSO-G es la coalición europea de operadores de transporte de gas: operadores como la española Enagás. Es decir, este organismo está integrado por las mismas empresas que luego son las encargadas de construir, con el dinero de todos los ciudadanos europeos, las infraestructuras que ellas mismas han determinado que son necesarias.
Esto se llama ‘poner al zorro a cuidar de las gallinas’. Se trata de una muestra del enorme poder que tiene la industria fósil en las decisiones sobre política energética. Una política que debería estar sujeta a criterios ambientales y de bien común. El Parlamento Europeo, que debe regirse por estos valores, tiene en los próximos días una oportunidad única de votar en contra de esta lista de Proyectos de Interés Común. Porque visto lo visto, el gas no es de interés común.
El viernes 26 de enero Ecologistas en Acción y el ODG organizan la mesa redonda ‘¿Qué papel debe jugar el gas natural en el modelo energético?’ en el Ateneo de Madrid.
Samuel Martín-Sosa Rodríguez es responsable de Internacional de Ecologistas en Acción.
