En un momento en el que EEUU parece retirarse del escenario neoliberal global y China aún no ha dado un puño sobre la mesa, la UE no ha perdido un minuto a la hora de acelerar su estrategia comercial. En solo un año ha anunciado la ratificación del acuerdo de comercio con Canadá (CETA), el fin de las negociaciones de un acuerdo de similar envergadura con Japón (JEFTA), un proyecto de mandato para entablar negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda y también ha hecho pública la inminente firma del Mercosur durante la cumbre del bloque suramericano. Ante la congelación del TTIP y el rechazo de los estadounidenses al TPP, el bloque europeo trata de transmitir la de idea de que antepone las leyes universales del mercado, precepto básico de fe del liberalismo, al empleo de la fuerza y el poder duro como máximas expresadas por Trump. Todo bajo la retórica de “una política comercial equilibrada y progresista”.
Quizá el componente más importante que se encuentra en estos tratados en lo que se refiere a dejar las manos libres a las grandes empresas sea la cooperación reguladora. Este mecanismo se asienta en la idea de que tecnócratas japoneses y europeos, antes de que los parlamentos y gobiernos nacionales (en el caso de la UE) sean siquiera consultados, tengan la capacidad para revisar leyes existentes y futuras con la idea de comprobar si son problemáticas para ambas partes. Se trata de una especie de fundamentalismo comercial que solo se fija en los costes de una regulación para el comercio, pero no en sus beneficios para proteger el ecosistema social de la actividad empresarial. Por ejemplo, los productos químicos son el segundo producto más comercializado entre la UE y Japón, pero los expertos en salud pública o protección ambiental no formarán parte de este nuevo proceso.
Resumiendo un sucinto análisis del Corporate Europe Observatory sobre ello, pese a que la cooperación reguladora no impedirá que ambas entidades actúen en favor del interés público, la trampa es que el JEFTA concede a los inversores derechos, pero ningún tipo de obligación. Por otro lado, el capítulo de desarrollo sostenible no es vinculante. Otros, como el artículo 7.1 o el 6, siguen en la línea de lo establecido en el TTIP: dan la posibilidad a las grandes empresas de conocer cada detalle de las próximas regulaciones y enviar comentarios sobre esas leyes a las administraciones comerciales de Japón y/o la Unión Europea para influir sobre ellas antes que el Parlamento Europeo u otro organismo electo. Todo ello guarda graves implicaciones para las democracias parlamentarias de los Estados miembros. Sea como fuere, al igual que ocurrió con el CETA, este tratado se dividirá en dos partes para que entre en vigor lo antes posible y, a lo largo del próximo año, los detalles más delicados sean debatidos lejos del foco público. Es el caso del libre flujo de datos entre ambos países, donde las leyes de privacidad son distintas, o el arbitraje privado.
En este último caso, el número de reclamaciones de los inversores contra los Estados se ha disparado en los últimos años, de una docena a mediados de la década de 1990 a 767 a principios de 2017. Hoy los inversores japoneses solo pueden demandar a los Estados miembros de la UE en relaciones correspondientes al sector de la energía, un recurso del que ya han echado mano en los últimos años. Además, la mera existencia de este mecanismo brinda a los inversores con base en Japón una gran herramienta de cabildeo y un poderoso elemento de disuasión contra cualquier legislación, a nivel europeo o nacional, que pueda obstaculizar sus ganancias futuras. De nuevo, ninguna obligación como el cumplimiento de las normas ambientales, sociales, de salud pública y seguridad alimentaria u otras se desprende del borrador del texto. Gracias a estos tribunales, pareciera como si se creara a nivel global un Estado con parecido a la Edad Media, donde la nobleza y clero tenían sus propios tribunales y jurisdicción.
Durante la Guerra Fría, los políticos norteamericanos cooperaron con sus socios de Alemania Occidental y Japón para acelerar su transformación industrial. Décadas después, en plena integración neoliberal del mercado global, ambos están contribuyendo cuales hijos predilectos de la hegemonía estadounidense a asentar una arquitectura de la globalización que tendrá grandes implicaciones en esa era digital en la que estamos entrando. Todo paso en falso podrá ser aprovechado por Estados Unidos, que pronto deberá dejar de lado el mercantilismo y la xenofobia para volver a tomar la iniciativa en las negociaciones y liberalizar el mercado digital a escala mundial con el fin de hacer frente a la nueva potencia china.
