El pasado martes 26 de diciembre se anunció el pacto entre Gobierno, sindicatos y patronal para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4% en 2018, un 5% en 2019 y un 10% en 2020. Sin embargo, tal y como explicó el presidente del Gobierno, esa ruta de crecimiento solo se aplicará si se cumplen dos requisitos: 1) que el PIB de la economía crezca más de un 2,5% cada año, y 2) que el aumento de afiliación a la Seguridad Social sea superior a los 450.000 afiliados cada año.
Mariano Rajoy ha insistido en que son requisitos prudentes porque últimamente dichos niveles se están superando. Pero el hecho de que desde el año 2015 se haya crecido y creado empleo por encima de esos parámetros no quiere decir que en los tres años siguientes vaya a ocurrir lo mismo.
De hecho, todo el mundo sabe que la economía es cíclica y que a años de crecimiento económico siempre le siguen años de desaceleración e incluso recesión. Y las previsiones que se realizan para los años siguiente no son muy halagüeñas. Para 2018 tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea estiman que el crecimiento del PIB español será en 2018 del 2,5%, mientras que el Banco de España cree que será del 2,4% y el propio Gobierno (alegando inestabilidad política en Cataluña) del 2,3%. Es decir, por debajo o muy ajustado al límite marcado como requisito para que aumente el salario mínimo. Pero es que las previsiones para 2019 y 2020 son todavía peores: la Comisión Europea cree que el PIB español crecerá un 2,3% y el Gobierno un 2,1%. De cumplirse estos pronósticos, el acuerdo para el crecimiento del salario mínimo quedaría en papel mojado, especialmente en lo que respecta al año 2020, que es precisamente el año en el que mayor subida se ha programado (menuda casualidad, ¿no?).
El requisito de afiliación a la Seguridad Social parece más fácil que se cumpla, al menos en 2018 y en 2019, porque últimamente el incremento interanual supera las 600.000 personas (aunque en los últimos seis meses la tendencia es a la baja). Ahora bien, evidentemente este indicador también se verá afectado por una desaceleración de la actividad económica.
En cualquier caso, incluso aunque se superaran los requisitos establecidos, la medida es claramente insuficiente en importe y en alcance. En importe porque al crecimiento del SMI hay que restarle el crecimiento de los precios (¡futuro y pasado!): de nada sirve que el salario aumente si los precios aumentan en la misma cantidad.
Desde el año 2009 hasta el 2016 el SMI creció un 5% y los precios lo hicieron en un 10,2%, por lo que en realidad se perdió capacidad adquisitiva. El incremento del SMI del 8% en 2017 vino solamente a compensar levemente esa pérdida de poder económico, traduciéndose en un incremento salarial real del 2,6% si partimos desde 2009.
En otras palabras: actualmente el Salario Mínimo en España es muy reducido (no llega al 60% del salario medio tal y como recomiendan los organismos internacionales) por lo que incrementos del 4% y del 5% en dos años son claramente insuficientes. Cierto es que el aumento del 10% en 2020 no es en absoluto desdeñable, pero no es menos cierto que, como acabamos de ver, es el año en el que menos probabilidades hay de que se cumplan los requisitos para aplicar la subida.
La medida es además insuficiente en alcance porque solo beneficiaría a los trabajadores a tiempo completo que ingresen menos de 736 euros mensuales (en 14 pagas), esto es, a unas 530.000 personas, un 2,7% de todos los empleados actuales. Ni siquiera beneficiaría (como ocurría antes de 2017) a los trabajadores que a través de convenios tienen vinculado su salario al SMI, porque ya este año el gobierno de Rajoy introdujo una letra pequeña en el decreto para excluirlos de los beneficios de la medida1.
Es decir, el Gobierno estaría dejando fuera de los beneficios de la medida a 2,4 millones de trabajadores a tiempo parcial que cobran menos del salario mínimo (el 12,62% de todas las personas ocupadas), que son precisamente los trabajadores más pobres (el 61% querría trabajar a tiempo completo pero no encuentran empleo con esas características). Ni que decir tiene, además, que esta actuación tampoco beneficia a los autónomos.
Para poder compensar esta insuficiencia en alcance es absolutamente imprescindible combatir con mayor fuerza el fraude laboral. Actualmente el problema de buena parte de los trabajadores no es tanto que tengan un salario mínimo legal insuficiente, sino que éste no se cumple. Muchos empresarios cometen fraude de ley: contratan a tiempo parcial pero luego los empleados trabajan a tiempo completo (la mitad de las seis millones de horas extraordinarias que se realizan a la semana no se pagan), contratan a los trabajadores como autónomos cuando deberían ser asalariados, contratan a los trabajadores temporalmente cuando deberían ser indefinidos, etc.
Los empleadores pueden sortear el incremento del SMI a través de este tipo de prácticas ilegales. Cualquier incremento del SMI sin resolver todo este fraude laboral tendrá un impacto muy reducido. Por eso es imprescindible que el gobierno incremente los medios y los recursos a la inspección laboral, hoy claramente infradesarrollada (hay solo un inspector por cada 1.600 empresas y cada uno de ellos realiza una media de 171 visitas a empresas, frente a las 59 de Francia, según datos de la OIT).
Reforzar la inspección laboral es profundamente rentable: en 2015 se hicieron 12.383 incrementos de jornada tras la actuación de los inspectores, y en la mayoría de los casos el aumento fue superior al 50%.
