PABLO CARMONA*// Con los últimos acontecimientos sobre el presupuesto de Madrid se demuestra que, en materia de austeridad, Madrid constituye el campo de pruebas más avanzado de nuestro país. El culebrón de tecnicismos y cifras sobre el presupuesto madrileño que ocupa la agenda pública no responde más que a una batalla política. De un lado, el gobierno del PP quiere secar las arcas municipales e intervenir sus cuentas. Del otro, el Ayuntamiento de Madrid defiende a capa y espada un presupuesto con un enorme superávit capaz de cubrir buena parte de las necesidades sociales y las inversiones que tanto demanda la ciudad.
Las reglas del juego vienen marcadas por el famoso artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro. Esta ley –además de aplicarse–, ha sido interpretada y retorcida en la persecución contra Madrid desde los más amplios malabarismos políticos. De nada han valido las muestras de solvencia, e incluso las concesiones en forma de recortes no estructurales que se han hecho desde el Ayuntamiento en sus últimos documentos, todos los intentos han sido tumbados. Sencillamente, Montoro no busca un acuerdo con Madrid, sino su rendición.
Como se ha ratificado en los últimos días, son muchas las administraciones que incumplen la regla de gasto, pero los mismos criterios de estabilidad que valen para otras administraciones no son efectivos para Madrid. El propio Montoro, año tras año, tiene que pedir prórrogas a Bruselas producto de sus reiterados incumplimientos con los compromisos adquiridos en materia de déficit y deuda pública. Sin embargo, el color político del gobierno de Madrid y el de algunas comunidades autónomas o ayuntamientos, son dos muy distintos y ahí está la clave del problema. Madrid se ha convertido en objetivo político evidente.
La Troika manda. Montoro te interviene
Mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha tratado –cumpliendo todos los objetivos de estabilidad–, de desarrollar políticas sociales, de fomentar la inversión en las necesidades más básicas de los madrileños y las madrileñas, el gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido con el papel que tiene asignado desde Bruselas. Algo así como el lobo que guarda a las gallinas. El marco europeo es meridianamente claro: el Gobierno español tiene toda la comprensión en sus incumplimientos de objetivos con Bruselas, mientras mantenga a raya a aquellas administraciones que demuestran con sus prácticas que el presupuesto público puede dedicarse a cubrir las necesidades sociales. El objetivo es sustraer recursos destinados a atender las graves desigualdades sociales que acrecentó la crisis para desviarlos con el único fin de engrosar las cuentas de resultados del sistema financiero. Sin duda, este es el pecado original de Ahora Madrid que Montoro no puede consentir. Solo así se entiende la fiereza y la intransigencia e incluso las interpretaciones fuera de la ley con las que ataca nuestras cuentas públicas.
Una vez que la maquinaria de recortes se pone en marcha, la lógica es aplastante. Lo que no se ganó en las urnas, se gana por la fuerza. La Ley de Estabilidad funciona en la práctica de acuerdo con la doctrina del shock, una vez se pone en funcionamiento se empiezan a aplicar las medidas más severas. En apariencia, para las administraciones se presenta el siguiente dilema: ajustarse a los dictados o ser intervenido, pero la realidad es que cualquiera de las dos opciones suponen una intervención real.
La intervención de las cuentas públicas por parte del Ministerio de Hacienda aparece como la amenaza inmediata y conlleva la pérdida de toda autonomía sobre el motor político de cualquier gobierno, sus presupuestos. Pero si uno se detiene y piensa con cierta frialdad, se puede comprobar que tal dilema no existe. En realidad, el dilema se resume entre acatar los recortes –esto es, recortar de motu proprio–, o esperar a ser intervenido y que se apliquen exactamente los mismos recortes.
¿Qué se juega en Madrid?
Como decíamos, Madrid es el laboratorio a la hora de aplicar estas políticas de austeridad. La primera pregunta es, por tanto, ¿por qué este nivel de celo y de presión sobre la ciudad de Madrid? ¿Por qué este ataque tan persistente y determinado sobre nuestro presupuesto? De manera automática se presenta la siguiente respuesta: este ataque se produce porque Madrid es uno de los símbolos del llamado cambio político. No obstante, si buceamos un poco más, se pueden añadir nuevas cuestiones. ¿Por qué razón se aplican con tanta rigidez medidas que fueron diseñadas para controlar el gasto en los peores años de la crisis? ¿No es lógico que cuando algunas administraciones han saneado sus cuentas se permita mayores niveles de inversión y prestación de servicios? Si aceptamos la premisa de que las crisis está pasando, ya no sería necesario el rigor en la imposición de recortes del pasado. Parece algo lógico, pero no es así.
En definitiva, en estos momentos no nos enfrentamos a la pasada crisis. Más bien estamos ante un nuevo ensayo general de gobierno en las escalas regionales y locales. Justo ahora que estamos a las puertas de un nuevo periodo de dificultades económicas. La eliminación de estímulos financieros por parte del Banco Central Europeo nos avoca a una nueva fase de estancamiento o recesión y Madrid constituye un laboratorio de escala media, un modelo para testar nuevos procesos de recortes a los Estados del bienestar europeos, un ensayo políticamente muy rentable. Cuando los Estados se articulan cada vez más en complejas estructuras, compuestas de administraciones locales y regionales más diversas, exigen que los mecanismos centralizados del gobierno financiero –el encargo principal del que se ocupa el gobierno del PP–, estén bien engrasados. Solo atendiendo a esta clave entenderemos el marco más amplio de la situación.
En estos días el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado y aprobado que aceptará las condiciones exigidas por Montoro. A cambio, se retirarán las medidas judiciales que han paralizado algunas inversiones y también los contenciosos emprendidos por el Ayuntamiento en su legítima defensa. Se trata de un nuevo Plan Económico Financiero que incluya todas los recortes exigidos por el gobierno del Partido Popular. Valga decir que grosso modo y a falta de tener el detalle presupuestario, estamos hablando de un recorte en los gastos no financieros de cerca de 550 millones de euros, solo en el primer año. Recortes que afectarán fundamentalmente a tres líneas de gasto: la imposibilidad de desarrollar nuevos programas sociales de calado, el incumplimiento de las mejoras laborales pactadas en el último año con los sectores más precarios del Ayuntamiento de Madrid y la reducción de las inversiones de la ciudad en más de un 80%. Los nuevos centros culturales, las escuelas infantiles, los polideportivos, los centros de mayores, las escuelas de música y la gran mayoría de las nuevas instalaciones prometidas (la práctica totalidad del plan de gobierno de la ciudad en materia de inversiones) no se podrán realizar.
¿Qué hacer ante esta situación? Desde nuestro punto de vista, la respuesta es clara. Para el gobierno de Ahora Madrid es inasumible cerrar la legislatura aprobando recortes multimillonarios. Continuar la batalla en este sentido significa no ceder ante las exigencias de Montoro y abrir un frente político en el que se debatan las medidas de austeridad y sus consecuencias, donde las reglas del juego cambien en favor del sentido común y donde los recortes no se presenten como la única alternativa posible. En definitiva, ser parte actora clave en este conflicto y no cómplice o ejecutor del mismo. Es nuestra responsabilidad que las inversiones y el gasto social al que se puede comprometer Madrid se lleve a cabo, como también es necesario entender que –en el fondo–, lo que está en juego es quién gobierna las cuentas públicas del Ayuntamiento de Madrid, un gobierno elegido en las urnas o un ministro que actúa al dictado de la Troika.
El dilema de Ahora Madrid no se resuelve con convertirse en un buen aparato de gestión de la realidad dada, además de impuesta. Ahora Madrid tiene el reto de apuntar un camino de transformación política en nuestra ciudad, asumiendo que su papel debe expresar la rebeldía y el programa político que hicieron posible nuestra candidatura, sin aceptar la cultura política del neoliberalismo triunfante, ni sus líneas programáticas.
* Pablo Carmona es concejal de Ahora Madrid, presidente de las Juntas Municipales de Salamanca y Moratalaz y miembro de Ganemos Madrid.
