Opinión

En Madrid existían alternativas a la aprobación del Plan Económico de Montoro

"Montoro ha conseguido que haya recortes y que el mejor concejal de economía del país ya no esté poniendo los recursos económicos al servicio de la mayoría social".

Eduardo Garzón

20 diciembre 2017 Una lectura de 6 minutos

El pasado 18 de diciembre seis concejales de Ahora Madrid decidieron no votar el Plan Económico Financiero que se presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, motivo por el cual la alcaldesa Manuela Carmena cesó al delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, por ser uno de ellos y mostrarse en contra del citado documento. Algunas voces han señalado que aquí se dibujaban únicamente dos opciones: o aprobar un plan económico dictado por Montoro que incluye importantes recortes presupuestarios, o sucumbir a la dolorosa intervención del Ministerio de Hacienda. Pero esto no es en absoluto cierto por varios motivos que se expondrán a continuación.

Es importante recordar que el ataque realizado por Montoro sobre el Ayuntamiento de Madrid es de carácter 100% político, aunque se disfrace con tecnicismos como “Regla de Gasto” o “Plan Económico Financiero”. El gobierno de Ahora Madrid ha demostrado con creces que otra política económica es posible, puesto que en apenas dos años y medio ha incrementado la inversión social en un 74% y las inversiones en infraestructuras en un 102%, al mismo tiempo que ha reducido la deuda en más de un 40% y registrado superávit por más de 1.000 millones de euros. Toda una proeza que atenta contra el discurso manido de los fanáticos de la austeridad con el que se alega que los recortes en el gasto público son necesarios para cuadrar las cuentas. Y para que este exitoso caso de anti-austeridad no se convirtiera en ejemplo a imitar en otras zonas del país, el gobierno del PP con Montoro a la cabeza puso todo su empeño en dinamitarlo.

Para ello recurrió a la Regla de Gasto, un criterio que limita el gasto público independientemente de la cantidad de ingresos que haya. Pero lo hizo retorciendo la interpretación de esta regla hasta llevarla a un punto no recogido en la legislación, al mismo tiempo que denunció en los tribunales determinadas inversiones del consistorio. Se trató de un evidente maltrato discriminatorio, ya que a ningún otro ayuntamiento del país se le han exigido jamás tantísimos recortes ni se le ha intentado parar las inversiones. Prueba de que Montoro exigía recortes exagerados utilizando una interpretación ilegal de la Regla de Gasto es que los técnicos funcionarios del Ayuntamiento no sabían a qué normativa o instrucción atenerse para elaborar el Plan Económico exigido por el Ministerio, o que la propia plataforma informática del Ministerio rechazara la introducción de los datos del Plan, o que el propio órgano fiscalizador del sector público (AIREF) haya reconocido que Madrid tiene las cuentas saneadas y que no entiende la insistente tutela del Ministerio. Montoro quería dar un castigo ejemplar al gobierno de Ahora Madrid, y no le importaba si se saltaba sus propias leyes y normas. Por eso desde el Ayuntamiento de Madrid denunciamos en los tribunales este atropello ilegal.

La última resolución enviada en noviembre por el Ministerio instaba a realizar un plan económico que recogiera recortes de más de 552 millones de euros, pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo. Sin embargo, por alguna razón, desde el Ayuntamiento se quiso aprobar este documento inmediatamente. Así, se ordenó al área de Economía del Ayuntamiento hacer ese plan económico. El plan lo elaboraron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo. Carlos Sánchez Mato ha cumplido, con lealtad, con sus obligaciones procedimentales hasta el último día. Otra cosa son sus posicionamientos políticos, donde no se le puede obligar a apoyar algo que no comparte, que no ha elaborado y que considera un grave error político y económico, especialmente cuando ello no se ha debatido en ningún espacio de Ahora Madrid. Por eso, dada la importancia de la votación, desde Izquierda Unida solicitamos que se consultara a las bases de Ahora Madrid su opinión al respecto, pero fuimos ignorados.

Desde el equipo de Carlos Sánchez Mato proponíamos una alternativa diferente: no hacer todavía el plan económico y esperar a que terminara 2017, ya que lo más probable era que cumpliésemos ese año la Regla de Gasto y nos librásemos así de la tutela del Ministerio. Ganar tiempo era la mejor estrategia, porque se podían ganar los recursos en los tribunales (insisto en la atrocidad en términos jurídicos cometida por el Ministerio) o se podía cambiar la Regla de Gasto en el Congreso de los Diputados gracias a una proposición de Unidos Podemos en cuyo diseño participamos.

En cualquier caso, y poniéndonos en la peor de las situaciones, acorde al segundo punto del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la hipotética intervención de Montoro supondría el envío de funcionarios del Ministerio que aplicarían exactamente los mismos recortes que va a aplicar ahora el gobierno de Ahora Madrid. Es decir, en el peor de los casos el coste económico sería el mismo y el coste político lo sufriría únicamente el gobierno de Rajoy y no el gobierno de Ahora Madrid.

Por eso es falsa la disyuntiva presentada al comienzo de este artículo. Había opciones diferentes a la de aprobar los recortes de Montoro, todas menos dolorosas para el proyecto político de Ahora Madrid y para el bienestar de la ciudadanía madrileña.

El Plan aprobado recoge un recorte de más de 552 millones de euros, un 13% del presupuesto. Concretamente recoge un recorte bestial del 55% en inversiones. Estos datos pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento.

No ha habido ningún elemento positivo en la aprobación del Plan. El Ayuntamiento ni siquiera puede beneficiarse del desbloqueo de las inversiones recién ordenado por el PP a cambio de la aprobación de los recortes. Si los 120 millones de euros en inversiones que se acaban de desbloquear no se tramitan hasta la fase presupuestaria de autorización del gasto en los seis días hábiles que quedan, se perderán por completo (así queda estipulado en la disposición adicional nonagésima sexta de PGE 2017). Y que se tramiten a tiempo es hartamente improbable porque para ello es necesario que las unidades gestoras finalicen los expedientes –que incluyen memorias técnicas y económicas–, que la Intervención municipal los fiscalice (en una época de congestión por ser final de año) y que los órganos de contratación firmen los correspondientes decretos. Además, aunque nos situásemos en el caso imposible e idílico de aprobación de esos 120 millones, no compensarían el recorte de 533 millones.

Por otro lado, los recortes ni siquiera se podrán compensar con las Inversiones Financieramente Sostenibles porque 1) actualmente no hay marco legal para aprobar estas figuras y probablemente hasta marzo no lo habrá, y porque 2) no sirven para obras de construcción nueva, como escuelas infantiles o centros de mayores; así como por otras limitaciones de carácter administrativo.

Tampoco sirve el argumento de que como el Ayuntamiento de Madrid no es capaz de ejecutar todo el presupuesto y siempre sobra dinero a final de año, los recortes no afectarán apenas al Ayuntamiento. En realidad, que a final de año no se ejecute todo el presupuesto no quiere decir que se pueda prescindir de un presupuesto bien dotado. Todos los proyectos y todas las obras necesitan tener presupuesto para poder licitarse y adjudicarse, independientemente de que el último día del año el proceso no se haya finalizado por completo y sobre algo de dinero. Si no hay suficiente presupuesto las obras no se pueden iniciar porque es condición indispensable tener y “apartar” ese dinero para ello, aunque a final de año no se haya utilizado toda la cantidad apartada.

Por último, celebrar que Montoro se haya retirado es absurdo. Se ha retirado porque el Pleno ha aprobado sus brutales recortes. Montoro se va porque se ha salido con la suya: ha conseguido que haya recortes y que el mejor concejal de economía del país ya no esté poniendo los recursos económicos al servicio de la mayoría social.

En definitiva, desgraciadamente con la aprobación de este Plan Económico solo gana Montoro y los fanáticos de la austeridad, mientras que pierden los madrileños y madrileñas y el necesario y precioso proyecto de confluencias que representa Ahora Madrid. Es una pena que así haya sido cuando existían alternativas que podían haberlo impedido. No obstante, ni que decir tiene que esto es solo una batalla y que aún queda mucha lucha por librar.

Eduardo Garzón ha sido asesor del concejal Carlos Sánchez Mato en el Ayuntamiento de Madrid.

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Comentarios

Chorche dice:

25/12/2017 a las 19:40

Carmena quien te vió y quien te vé.
Con tu edad y todo tu bagaje de izquierdas, en lugar de trabajar para erradicar la precariedad por derecho y ley prefieres acudir a la cena de Nochebuena de Mensajeros de la Paz, prefieres promocionar la caridad del cura Angel, el de la beatiful people.

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STELLATEA dice:

21/12/2017 a las 00:04

Duele esto. No estoy muy convencida de que el coste politico de no acordar- firmar lo pagase sólo el Ministerio de Montoro. No tengo concimientos tecnicos pero confío absolutamente en lo expresadp por Alberto Garzón y en Carlos Sánchez Mata.
El coste politico es también la oportunidad , el momento
Es una jugada fuerte del PP ue está al borde de pegarse un tortazo historico en las elecciones catalanas. Necesitaba mostrar la peor versión del 155. Intranquiliza el hecho de que no haya participado en la decisión ningún órgano de Ahora Mafrid. Casi tanto como que los y las compañeras de IU hayan funcionado en bloque. Carmena fue muy clara en esto: Ahora Madrid esta integrada por personas a nivel individual. No deciden las organizaciones a las que pertenecen. Por ahí, parece verse la fisura.

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ñú dice:

20/12/2017 a las 19:22

¿ Más claro ?…
El único «delito» que ha cometido Sanchez Mato ha sido hacer el trabajo para el que había sido elegido, hacerlo tan bien que ha conseguido demostrar que efectivamente se puede hacer otro tipo de política y ser cesado por ello, fin de la cita.

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