El gobierno del PP, por boca de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, considera que la pasada Cumbre del Clima (COP23) de Bonn ha sido “un éxito”… Esto solo se puede entender como una celebración de la ausencia de compromisos firmes en la lucha contra el cambio climático. La COP23 se sitúa más bien entre el fracaso, la decepción o, en el mejor de los casos, se puede calificar como una cumbre de los pequeños pasos. Lo cierto es que se ha perdido la oportunidad de lograr avances de envergadura ante uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad.
Antes de la cumbre, desde Podemos ya alertábamos que o esta era la cumbre de los compromisos económicos o habríamos llegado definitivamente tarde. Si algo nos ha quedado claro de nuevo es que hace falta mucho más que una cumbre para luchar contra el cambio climático y que esa lucha no nos va a quedar más remedio que hacerla con la gente, en las calles, en los hogares, en el día a día y de la mano de otras luchas -como la lucha por la soberanía alimentaria, contra el hambre, por la paz y la justicia social-.
Cada vez estamos más lejos de poder alcanzar los compromisos (fijados en el Acuerdo de París) de no superar el aumento de la temperatura mundial en más de dos grados respecto a los niveles preindustriales. Quedan menos de cinco años para, en teoría, comenzar a descender las emisiones, pero todavía estas siguen aumentando -según algunas estimaciones, las emisiones de CO2 a nivel mundial crecerán en 2017 cerca de un 2% y seguirán creciendo en 2018-.
Hay que reconocer que en la COP23 se han producido ciertos logros como la separación entre el Fondo de Adaptación y el Mecanismo de Pérdidas y Daños, con lo que este último tendrá más autonomía. Sin embargo, no se ha alcanzado un acuerdo sobre la cuantía del Fondo de Adaptación, que fue incluido en el Acuerdo de París, tan solo se ha establecido una hoja de ruta hasta mayo de 2018 para que esto pueda quedar concretado.
Además, no se ha querido aceptar la exigencia de los países más vulnerables, como los africanos o las islas del Pacífico, de que existan sólidos y claros mecanismos de transparencia en el Fondo de Adaptación, y esto es muy grave en una COP cuya presidencia ha tenido precisamente Fiyi.
Una buena noticia es el acuerdo de un Plan de Género sobre el cambio climático. En todo el mundo, las mujeres afrontan riesgos climáticos y soportan grandes cargas por el recalentamiento global. Y, sin embargo, no nos tienen en cuentan a la hora de decidir acciones climáticas.
El objetivo del plan de género es que las mujeres puedan incidir en las decisiones respecto del cambio climático y que estén representadas por igual en todos los aspectos de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) como forma de aumentar su efectividad.
El problema es que el plan acordado no reconoce como es debido la necesidad de la participación de las indígenas, las mujeres campesinas y las defensoras de la tierra, cuyo saber sobre los recursos naturales y su gestión debería ser reconocido y en la lucha contra el cambio climático.
El Plan de Género aprobado en la COP23 omitió estas reivindicaciones, lo que derivó en protestas de representantes de varias organizaciones de América Latina, África, Medio Oriente y Asia. La representación de las defensoras del ambiente y el clima ha sido mínima. Esto evidencia -pese a la presencia, por primera vez como agentes clave, de las ONG ambientales- que se siguen negando las causas de fondo del cambio climático: la necesidad de un cambio profundo en nuestro sistema económico, en nuestra forma de vida.
Por lo menos, en esta COP23 se llegó por fin a un acuerdo europeo sobre emisiones para 2020 tras la ratificación de Reino Unido y de Polonia de las enmiendas de Doha -que establecen el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto (2013-2020) y suponen un compromiso de reducción de emisiones contaminantes de un 20% respecto a 1990-. Pero eso era lo mínimo. Habríamos podido haber tenido, desde luego, una cumbre mucho más ambiciosa y decisiva, pero al final se ha dejado mucho trabajo por concretar para más adelante, como ha reconocido la propia Comisión Europea, de manera que los próximos meses y hasta la próxima COP de Katowice habrá mucho trabajo político y técnico por hacer si no queremos repetir en 2018 el mismo escenario.
Y España penalizando las renovables…
En cuanto a España, el Gobierno de Mariano Rajoy sigue penalizando a las renovables y el autoconsumo y ofreciendo escasas soluciones para los cinco millones de personas que sufren pobreza energética. La ministra García Tejerina, en su intervención en la COP23, vendió humo como es habitual y no mostró ninguna ambición ni voluntad de liderazgo europeo. La ministra se limitó a justificar las políticas españolas, repitiendo como elemento principal la promesa de una ley de cambio climático como ya hizo hace un año en la anterior cumbre. Doce meses después seguimos sin saber cuál es el contenido de esa norma.
Frente a la presencia de líderes europeos como Merkel o Macron, se notó la ausencia de Rajoy en la cumbre. Ante el cambio climático, Rajoy prefiere situarse junto a otro tipo de liderazgos, como el de Trump. Al fin y al cabo, recordemos que Rajoy tiene un primo que sabe mucho y que también es negacionista. El año pasado, Rajoy fue a la COP22 de Marrakech a saludar. Se hizo una foto con el rey Mohammed VI y se marchó. Este año, ni eso.
Por si fuera poco el ridículo de España en la COP23, la ministra Tejerina presumió de la participación de Arias Cañete, como comisario europeo de Energía y Acción climática. Lo hemos dicho muchas veces, pero hay que seguir diciéndolo: es una vergüenza a ojos del mundo que un político con intereses en la industria petrolera y lazos con los gigantes del ladrillo y relacionado con escándalos de corrupción como Acuamed o los Papeles de Panamá esté representando la posición de la UE en la lucha contra el cambio climático.
Nuestro gobierno asegura que España está «en senda de cumplimiento de su objetivo de reducción de emisiones a 2020, con una disminución de gases del 3,5% en 2016 respecto a 2015”. Omite, sin embargo, que España es el país de la Unión Europea que más ha incrementado sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2015: ese año, sin ir más lejos, arrojó a la atmósfera 47,8 millones de toneladas de CO2 más que en 1990. España se comporta como un país en desarrollo: se limita a justificar que ha cambiado la tendencia; pero aún no ha puesto las bases de un cambio estructural del modelo energético.
El protocolo de Kioto no fue tomado en serio en su día y no se plantearon estrategias de reducción de emisiones; y, más tarde, no se aprovechó la crisis económica para transformar el sistema productivo. Ahora se ha anunciado el cierre de las centrales térmicas de Lada y Velilla, así como el Real Decreto que prepara el Ministerio de Energía sobre el cierre de estas centrales, sin una transición energética progresiva que apueste por las energías renovables como están haciendo los países más desarrollados de Europa pero que sea compatible con el mantenimiento del empleo en las comarcas mineras. No se pueden desmantelar industrias que generen puestos de trabajo hasta que no se generen las alternativas.
¿Cuál es el plan del gobierno respecto al clima? No lo sabemos. Porque la lucha por el clima es una lucha política que implica una determinada visión del mundo. Y la visión que tiene el PP es seguir lucrándose a costa de la ciudadanía y de la tierra, que nos pertenece a todos y a nuestras generaciones futuras.
* Estefanía Torres, eurodiputada de Podemos y miembro de la delegación oficial del Parlamento Europeo a la Cumbre del Clima de Bonn
