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Los Daniel Blake españoles

La ley de la administración electrónica del PP retrasa ayudas sociales en el barrio más pobre de España.

daniel blake

Olivia Carballar

18 octubre 2017 Una lectura de 10 minutos

Este reportaje está incluido en #LaMarea52. Suscripciones anuales desde 22,50 euros.

Ponga DNI. Y ponga la clave y dele a entrar. Llevo ya un rato aquí. Si pones la fecha de nacimiento en la clave no sale nada. Modifícala. Este es el tercer número que me dan y no me coge. He ido dos veces y no viene na-die. ¿Sabe cómo va? ¿Qué haces? Estoy ayudando a este hombre. ¿Tienes cita? Sí, sí. ¿Quién es el último para sellar el paro? Es la primera vez, siempre me lo hace mi hijo. Me han dicho en el mostrador que lo que falla es la máquina, que lo intente otra vez. He ido y no sale a ayudarme nadie. ¿Para hacerte la cartilla dónde es? Pues no tengo ni idea. Pues tú estás como yo. Son seis números, ¿no? Ponga otros seis. Yo pongo la fecha entera de nacimiento y resulta que son solo los dos últimos números. Aquí vengo a arreglar un papelillo. A ver, marca otra vez. Es desesperante. ¡Dice el robot que son siete minutos de espera! Voy al aparato ese. ¿Cómo pido cita? Ha renovado, ha salido y ha vuelto a entrar. Así no es. Hasta octubre no tengo que renovar otra vez. ¿Tú sabes cómo se saca el informe de periodos de inscripción? ¿El informe de qué? De periodos de inscripción. ¿Para qué es? Para el bonobús solidario. Lo puedo intentar.

Son palabras, frases, susurros que se oyen durante cuatro horas, dos mañanas aleatorias, en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Tres Barrios, en Sevilla, una zona con una tasa de paro del 70% y una renta media por familia de 12.307 euros al año. Candelaria, Pajaritos y Madre de Dios. Según el Instituto Nacional de Estadística, estamos en el barrio más pobre de España. Según el guion de la última película de Ken Loach, podríamos estar en la primera escena de Yo, Daniel Blake.

La reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo común impulsada por el Gobierno del PP introdujo a finales del pasado año la utilización de los medios electrónicos de manera generalizada para agilizar los trámites y favorecer ahorros de gestión tanto para la administración como para la ciudadanía. “Pero es que esto tiene que ser complementario, alternativo y voluntario en un momento en el que efectivamente gran parte de la población lo asume con normalidad porque preferirá hacerlo desde su casa, pero no se puede hacer echando a Internet a todo el mundo sin antes formarlo y, mientras tanto, cerrando oficinas y reagrupando a los funcionarios”, denuncia el sindicalista de CGT Isidoro Calderón, funcionario en la Tesorería General de la Seguridad Social.

A la entrada, un aviso a modo de bienvenida: “Las personas que cobren subsidios deben acreditar cualquier cambio en ingresos que se produzca… Si no lo hacen pueden perder el subsidio”. Algunas mujeres llegan con el carro de la compra. Otras, con el carro de los niños. Otras mujeres y otros hombres acuden solos. No hay más mayores que jóvenes, ni viceversa. Un punto de empleo a un lado de la puerta y otro al otro. Son dos máquinas altas de color verde. Nuevo aviso en un folio sobre una de ellas: “Si está cobrando prestación o subsidio por desempleo y no renueva la tarjeta de empleo en el día indicado, puede ser sancionado económicamente”. Cuatro personas se pelean con los teclados a cuatro manos, a cuatro ojos. Diez minutos después, ninguna encuentra lo que busca. Se giran en busca de ayuda –la palabra que más retumba entre aquellas paredes–, otean el lugar y nadie acude a su auxilio. Quienes esperan en la cola del punto de empleo tampoco saben. No saben tampoco si sabrán resolver lo suyo. De un mostrador sobresale la cabeza de una funcionaria que atiende dudas sin dar abasto. Varios avisos más: “Citas previas teléfonos 955 563 679 / 901 010 210”, recuerdan diferentes carteles a distintos tamaños por toda la oficina. En el centro, una bóveda de cristal separa con un cañón de luz la zona de ordenadores de la zona de espera. Cuatro filas de sillas rojas y negras. 15 personas sentadas. El doble aguarda de pie, vagando de una Zona Tic a otra Zona Tic. De un ordenador a otro. Del mostrador de dudas a la impresora.

Al fondo, un guarda de seguridad custodia el acceso a las mesas numeradas, donde solo los afortunados que hayan sobrevivido al purgatorio tecnológico serán atendidos por una persona de carne y hueso. Una pantalla indica los nombres y apellidos de los próximos: de la mesa 19 a la mesa 33. “Just do it”, se aprecia de refilón en el pantalón rosa fluorescente de una chica que corre hacia el puesto que le ha tocado. Tiene unos 25 años. Otra mujer, unos 25 años mayor que ella, se acerca lentamente a la pantalla de un ordenador como quien va a resolver una fórmula matemática. Está intentado pedir una cita previa. “Por razones de seguridad, el equipo cerrará la sesión automáticamente si no se detecta actividad una vez transcurridos 120 segundos”, salta una ventana de texto. La mujer continúa con los ojos pegados a la pantalla. Oficina virtual de empleo, cita previa, demanda de empleo, sede electrónica… La mujer pincha en cita previa y acierta. Se pierde en la nueva ventana, donde tiene que poner su DNI y la clave. La pantalla se torna en negro y comienza el proceso de nuevo. Cambia de ordenador y ocurre lo mismo. En un tercero, la pantalla vuelve a teñirse de negro. A la cuarta tampoco va la vencida. La mujer no se rinde y se dirige al punto de empleo que aún no ha usado.

Mesas 20, 33, 35. Joaquín, 50 años, sentado alrededor de sus muletas, suspira con más aire que el que corre dentro. Ya tiene el informe de vida laboral. Ahora necesita un informe de periodos de inscripción del paro para poder beneficiarse de la tarjeta solidaria, con la que podrá trasladarse en los autobuses urbanos de manera gratuita. Del DNI y la clave no pasa. Y quedan muchos pasos todavía. En uno de los intentos, se abre una ventana que pide instalar el Adobe Acrobat Reader. Sin apartarse de sus muletas, se aparta del ordenador en silencio. Una señora intenta ayudarlo, pero tampoco lo consigue. Las ventanas vuelven siempre al punto de partida.

Purgatorio tecnológico

“Hay que entregar un certificado para cualquier gestión. Yo lo necesito para que la trabajadora social confirme que puedo usar el comedor social“, cuenta Gustavo Garcés, 41 años. La clave para obtenerlo funciona en su móvil, pero no en el ordenador de la oficina, hasta donde ha acudido a imprimirlo. Parece un misterio. “Es que yo no tengo ordenador ni impresora en casa. En un locutorio me cuesta un euro”, añade. Nadie lo ayuda. Allí mismo, desde su móvil, pide por teléfono una cita previa para ser atendido personalmente. Lo consigue. Pero las fechas que le ofrecen son posteriores a la cita que tiene con la trabajadora social. Gustavo acepta y pierde, en consecuencia, la cita con la trabajadora. Tendrá que pedir un nuevo día con ella y esperar otra semana más para llevar los papeles que le permiten acceder al comedor.

Corren más citas previas: mesas 26, 25, 33. De la anterior ronda, sale un hombre contrariado. Cuenta que se equivocó al marcar el motivo exacto de la consulta en el ordenador. Tiene que volver a pedirla y regresar otro día. “Yo me llamo Paco Muñoz. Tengo 58 años y soy albañil“. Como todos ellos y todas ellas, Paco está en paro. No sabe manejar un ordenador ni hacer un currículum. Hoy se ha dado una vuelta por la oficina por si había salido algún curso nuevo. Lo acompaña su mujer, Pepa Lebrón, también en paro. 59 años. Modista. “Es que yo no me lo explico. Toda la vida trabajando. Y te cogen si has hecho un curso. ¿Por qué nadie le pregunta a mi marido si sabe poner ladrillos?”, dice meneando la cabeza. Ana Paula Rodríguez, 59 años, es administrativa. También está en paro. “Yo he perdido un trabajo porque necesitaba un papel de manera urgente y me dieron la cita para dentro de 10 días”, denuncia. “Y yo tengo conocimientos informáticos, pero no me parece lógico que una máquina diga sí o no y esto es lo que hay”, bufa.

Usuarios en la oficina sevillana. O. C.

Charo Lebrón, trabajadora del SEPE y sindicalista de CGT, asegura que lo que sucede esas dos mañanas en aquella oficina sucede todos los días. “Yo tardo entre dos y tres segundos en sacar un certificado desde mi orde-nador”, cuenta. Es justo el tiempo que tarda Joaquín en obtener su certificado después de que una funcionaria lo atendiera finalmente a modo de favor. “Ya lo llevo”, sonríe el hombre de 50 años, ayudado de sus muletas, a una chica que también intentó ayudarle sin éxito. “Nosotros mismos los remitimos desde la oficina a un centro Guadalinfo que hay aquí al lado. O el guarda de seguridad es quien los ayuda. Y es algo incongruente. Porque somos una administración pública al servicio del ciudadano, somos nosotros los que deberíamos hacerlo y se nos está olvidando”, prosigue la trabajadora, que asegura que son las gestiones telemáticas dependientes del Gobierno las que generan más problemas a los usuarios. “Yo misma me las veo y me las deseo a veces, y eso que estoy puesta. Pero sale una pantalla y otra pantalla y otra… Se generan incluso momentos de violencia. Porque no vienen por gusto. Vienen para comer, para una ayuda… para eso vienen”, sostiene. Hoy no hay tensión. Hay desconcierto. Mucho. Pero dentro de un ambiente tranquilo que desemboca en resignación. La mujer de la fórmula matemática abandona la oficina sin pedir ayuda ni resolver su caso. Sin una queja.

La Ley de Procedimiento Administrativo

“Cuando se establecen citas previas hay unas parrillas donde se calcula el número de personas que tienes que atender en una mañana y el tiempo que le puedes dedicar a cada una. Si una persona te plantea otra duda, viene el jefe con un control de espera y te recrimina lo que estás haciendo”, afirma Calderón. Dice que él ha dado “miles y miles” de vidas laborales: “Ahora ya no podemos darlas. Hay veces que los funcionarios están cruzados de brazos. Y mucha gente de estos barrios termina en las papelerías pagando tres euros; en las gestoras, cinco y en algunos despachos de abogados, ocho euros y medio”.

Según la Consejería de Empleo, de las 1.413 personas inscritas en esa oficina a fecha de 14 de julio de 2017, el 68% no tiene titulación escolar básica, el 21% ha terminado la ESO o la EGB, el 9,7% tiene un grado de FP y solo el 1,6% tiene titulación universitaria. “La media de atenciones según los datos de cita previa es de 140 personas, a las que como media atendemos durante 11 minutos. Las peticiones más frecuentes son las reinscripciones y renovaciones de demanda, seguidas de la actualización de datos y orientación profesional”, añade la Consejería, que insiste en que existen “tres dinamizadoras” encargadas de las Zona TIC y en que se realizan mensualmente talleres específicos. Además, niega que deriven a los usuarios a otras entidades para resolver sus solicitudes: “Excepto para Orientación cuando nuestras orientadoras no tienen cita próxima”. El Ministerio de Empleo, que no tiene punto de información ni dinamizadores, no considera que haya problemas y, de haberlos, afirma que la responsabilidad es de la Junta y los ayuntamientos por los documentos que piden para las ayudas. “Existe una plataforma con la que todas las administraciones pueden ver los datos de los usuarios”, afirman desde el gabinete de prensa. “Se está trabajando en lograr esa integración para facilitar la tramitación con las otras administraciones pero aún no se ha conseguido”, responde el Ayuntamiento de Sevilla.

En la calle, unos bichitos voladores en forma de pipas peladas caen sobre las cabezas. Se ha levantado viento. En el bar de enfrente, un señor pide al camarero tener cuidado con las sombrillas. A unos metros de allí, en el centro Guadalinfo, Francis Jiménez, educador de la Asociación Educativa y Social Nuestra Señora de la Candelaria, atiende a varios usuarios de la oficina de empleo. La primera incongruencia, analiza, es que estas personas tienen que demostrar que no tienen ingresos. Pero para hacerlo, tienen que tener un móvil con saldo. La segunda incongruencia, prosigue, es que deben contar con un correo electrónico. Pero muchas personas no saben ni leer ni escribir. La tercera incongruencia es que si hay varias personas en paro en la familia, han de tener cinco tarjetas distintas. De lo contrario, una gestión realizada con el mismo número de teléfono anularía la anterior de manera automática y sin avisar. Que es lo que, según el educador, ha ocurrido en ocasiones a algunas familias a las que ha prestado ayuda. La cuarta incongruencia, finaliza, es que los usuarios, en vez de a la administración pública, terminan pidiendo ayuda a una asociación. “No es lo mismo Los Remedios [un barrio acomodado de Sevilla] que Los Pajaritos. Aquí el paro no lo ha generado la crisis. Aquí el paro es estructural. Y no se trata de regalar nada. Sino de dar oportunidades, más que de manera igualitaria, de manera equitativa”, reflexiona.

A la vuelta del centro Guadalinfo, el murmullo de la queja y el desconocimiento continúan en la oficina del paro: a ver si el guarda me ayuda. Dame el carné. Ya sacáis como churros los certificados, eh. Yo no, eso la mujer, la mujer. Se imprime ahora ¿verdad, caballero? Uno es mío, mira el nombre, no te vayas a llevar el que no es. No he traído las gafas… Ahora, si no lo han hecho, vean Yo, Daniel Blake.

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Comentarios

Zacarías dice:

22/10/2017 a las 09:44

La Ley 39/2015 establece que el ciudadano, no empresas o un gestor de fincas o un abogado, puede elegir relacionarse «físicamente» como hasta ahora con la Administración. Esto es de obligado cumplimiento y lo saben todas las Administraciones. No pueden negarse.
Otro tema es que la Ley 40/2015 establece que el Procedimiento Administrativo será electrónico de principio a fin, pero esto es a nivel interno de la Administración.
Y otro tema es que no funcione bien la aplicación que ha elegido la Administración.
Pero siempre, están obligados a prestar el servicio al ciudadano que se hacía hasta ahora.

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Idiócrata dice:

21/10/2017 a las 12:09

Entre estos gorrones del Estado «el 68% no tiene titulación escolar básica». Lo peor es que nuestros institutos públicos también están llenos de estudiantes que no aprovechan la oportunidad que les brinda el Estado de titular y escapar de su clase social, pero no les da la gana de estudiar aún con las grandes facilidades que reciben. En España tenemos demasiados gorrones que deciden serlo (no hablo de enfermos o verdaderos necesitados) y así es imposible el desarrollo social equitativo. Ayudando a los gorrones estamos construyendo una patética «idiocracia», mientras se esquilma a la clase media.

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ArroyoClaro dice:

20/10/2017 a las 14:11

MENOS MAL A LA CARIDAD DE LA IGLESIA CATOLICA SIEMPRE, TRADICIONALMENTE, DEL LADO DE LOS MAS NECESITADOS:
23/10: Jornada contra de desahucio del Arzobispado navarro a una señora de 87 años:
http://plataforma-ekimena.org/?p=2833

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ArroyoClaro dice:

20/10/2017 a las 13:49

No se en Andalucía, pero más al norte cada vez somos menos los que protestamos y acudimos a manifestaciones en defensa de nuestros derechos.
¿Qué le habrán hecho a la gente que parece que esté amnésica o bajo los efectos de alguna adormidera?.
¿Qué fué del 15M y de aquellas multitudinarias Marchas de la Dignidad a Madrid?
¿Se han contagiado del síndrome de Estocolmo? o «como el gobierno no escucha» pronto han tirado la toalla, precisamente lo que pretende el gobierno.
Los medios de comunicación vendidos al sistema se están empleando a fondo y vergonzosamente, sólo hay que ver cómo presentan el tema de Cataluña, de engañar y adormecer a una gran masa de gente de demasiado buena fe.

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Nui dice:

18/10/2017 a las 15:02

España va biennn… para los mismos hijosdeputa de siempre, sobre todo los que se arriman o viven del PPSOE… En Andalucia el clientelismo por parte de esa organizacion corrupta cuyo nombre de «socialista y obrero» (lo cual me da risa) es estructural.. De ello viven.. Sinverguenzas, con la Susana Diaz a la cabeza de su mafia

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