Militares españoles del Ejército de Tierra.
El BOE recoge este viernes la ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2016. Gracias a este documento podemos saber cómo se desviaron los distintos departamentos
del presupuesto original aprobado en el Congreso durante el año anterior. Como es tradicional, el engorde de las previsiones en el Ministerio de Defensa supera los miles de millones de euros.
Así, el presupuesto inicial aprobado por Las Cortes para 2016, de 5.788 millones de euros, engordó 1.395 millones hasta alcanzar los 7.183. Este aumento de los créditos no es nuevo. Lo que lo hace diferente es que, en esta ocasión, el Gobierno no ha podido echar mano del también tradicional crédito extraordinario de verano destinado al pago de Programas Especiales de Armamento (PEAs), que suele justificar buena parte del engorde anual y que en julio fue puesto en duda por el Tribunal Constitucional.
Si tenemos en cuenta las cifras de lo efectivamente gastado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno en el Congreso concede a Defensa unos 390 millones más de lo gastado el año anterior y lo eleva a 7.573 millones. Si se aprobara, nada hace pensar que ese presupuesto inicial, como ha pasado en años anteriores, no engorde, lo que elevaría aún más esa cifra.
Además, para valorar el gasto de 2017 hay que tener en cuenta que el Ministerio de Defensa, ante el veto del Constitucional al uso del decreto-ley para aprobar créditos extraordinarios el año pasado, aplazó a 2017 el pago de 717 millones de euros destinados a sufragar estos programas de modernización de las Fuerzas Armadas.
Sin créditos extra para armamento
En la sentencia de 2016, que responde a un recurso presentado por varios grupos
parlamentarios (PSOE, IU, ICV, CHA y UPyD) contra el crédito de 2014, el Constitucional considera que el uso del Real decreto-ley para aprobar estos pagos no está justificado y anuló la decisión. Eso sí, no hubo marcha atrás para las transferencias ya realizadas y de presupuestos anteriores (2014 y 2015).
En el documento, el TC recoge palabras del propio Ministerio de Defensa en el Congreso: «no trata de dar cobertura a necesidades imprevistas, su finalidad es proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores», para justificar que no se trata de gastos que no se puedan planificar. En ese sentido, establece que, aunque no se puede saber exactamente a cuánto ascenderá la factura anual a la industria armamentística, sí se conoce el total a abonar hasta 2030: 29.500 millones.
Además, asegura que la urgencia de la que habla el Gobierno, vinculada a que la imagen del país no resulte dañada por el impago de obligaciones como estas, se podría aplicar a cualquier sector y que no está justificado de forma suficiente en este caso concreto. Por todo ello, concluye que el Ejecutivo podría utilizar el trámite de una ley ordinaria y que no hay razones de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifiquen el uso del
decreto-ley.
Pese a todo, y sin esos créditos extraordinarios, el Ministerio de Defensa aumentó en 1.395 millones el presupuesto inicial de 2016. Por el momento, la cifra queda lejos de los 2.300 millones extra concedidos en 2015. Gracias a ese engorde, el crédito final superó al de 2014 y ascendió a 8.102 millones de euros.
