Sociedad

Interior indemniza con 750 euros a una mujer agredida a porrazos por antidisturbios

Una sentencia judicial declara el derecho de la víctima a percibir una cuantía económica por las lesiones sufridas tras una manifestación en el centro de Madrid, en septiembre de 2012.

Cargas policiales en Madrid.

Ramiro V. Latorre

04 abril 2017 Una lectura de 3 minutos

MADRID // Una juez de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior con una multa de 750 euros por las lesiones sufridas por una joven en un bar del barrio de Huertas (Madrid), tras ser aporreada por agentes antidisturbios en septiembre de 2012. La agresión sucedió al final de una manifestación contra la aprobación de los Presupuestos Generales. En un momento dado, varios grupos operativos de Intervención Policial comenzaron a recorrer las calles del barrio de las Letras, en el centro de Madrid.

Tal y como recoge una grabación efectuada por un vecino desde el balcón, un grupo de antidisturbios entró en varios establecimientos, entre ellos el bar La Brocense, del que comenzaron a sacar a varias personas. En las imágenes se aprecia cómo parte de los agentes espera en la puerta del bar para hacer «un pasillo» a las personas que sus compañeros sacan de su interior, mientras «les golpean de manera reiterada e indiscriminada y con una clara intención de escarnio», según denuncia la Comisión Legal Sol —la asociación encargada de asesorar legalmente a la víctima—, en su página web. Posteriormente se ve cómo sacan a dos mujeres del bar, M. y G., las cuales son rodeadas por varios policías en la misma puerta para, «sin dejarles escapatoria, golpearlas reiterada y brutalmente en la cabeza y tronco, produciéndoles sendas brechas que necesitaron para su curación la aplicación de grapas», prosiguen los abogados.

Ni a M. ni a G., ni a ninguna de las personas que fueron agredidas se les identificó ni detuvo, «quedando por tanto acreditado un ánimo por parte de los funcionarios de Policía de mero castigo y escarnio totalmente gratuitos».

El procedimiento penal que dio pie las denuncias interpuestas por M. y G. fue finalmente archivado por la Audiencia Provincial de Madrid en un Auto en el que se afirmaba que “si las propias agredidas no son capaces de facilitar el número identificación del agente o agentes, ni ningún otro elemento susceptible de identificarle o identificarles, nada cabe esperar de las diligencias pedidas”.

«Esa noche, como tantas otras, los funcionarios de la Unidad de Intervención Policial llevaban tapado su número de placa con el chaleco antitrauma que vestían encima», recuerdan desde la Comisión Legal Sol.

Tras interponer el procedente recurso de amparo, que fue inadmitido, M. y G. demandaron al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de investigación, demanda que se encuentra aún en trámite.

Paralelamente, tanto M. como G. reclamaron responsabilidad patrimonial al Ministerio del Interior por el mal funcionamiento de las Unidades de Intervención Policial. Dicha reclamación fue rechazada en ambos casos.

Ahora, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 7 les ha dado la razón y ha decidido anular la desestimación de la reclamación patrimonial realizada por G. y declarar su derecho a percibir 750 euros por las lesiones sufridas. Queda pendiente que se resuelva el procedimiento judicial sobre la reclamación patrimonial de M., cuya vista está señalada para los próximos meses.

«Más allá de la irrisoria cuantía, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, y de la vergonzante postura de la Abogacía del Estado, quien hasta el último momento ha rechazado reconocer el mal funcionamiento de la actuación policial; desde la Comisión Legal queremos poner el acento en la falta de investigación efectiva de este tipo de abusos y en la impunidad consentida que supone el incumplimiento de la obligación de los funcionarios de ir debidamente identificados», concluye la Comisión Legal Sol.

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Interior indemniza con 750 euros a una mujer agredida a porrazos por antidisturbios

Una sentencia judicial declara el derecho de la víctima a percibir una cuantía económica por las lesiones sufridas tras una manifestación en el centro de Madrid, en septiembre de 2012.

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