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Sociedad

Una organización denuncia ante la ONU la persecución policial en España

Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos fueron multadas “por observar y documentar una redada racista”.

03 abril 2017
12:11
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Una organización denuncia ante la ONU la persecución policial en España
Miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos frente al Ministerio de Interior.

MADRID// Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH) han interpuesto ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU una demanda en la que denuncian “la vulneración de derechos y libertades fundamentales” en España.

Su querella hace referencia a una sanción que recibió el colectivo “por observar y documentar una redada racista”. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2010, cuando varias personas de la organización acudieron a la entrada de una estación de metro en Madrid para recoger información sobre un control policial de identidad de personas basado en perfiles étnicos. Según la denuncia, varios miembros de las BVODH distribuyeron información a los transeúntes “acerca de la ilegalidad de estas prácticas identificatorias, sin que los agentes de policía presentes en la operación de identificación manifestaran su desaprobación”.

Sin embargo, sí fueron identificados y días después recibieron una multa administrativa en la que se les acusaba de incitar a las personas presentes a alterar la seguridad ciudadana. Desde el colectivo interpusieron una apelación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 26 de Madrid, que estimó el recurso “pero sin hacer mención alguna a los derechos vulnerados”, relatan desde las BVODH, que más tarde recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia, que desestimó el recurso.

Desde entonces y a lo largo de este proceso, la organización denuncia “el acoso por parte de la administración pública” a través de multas policiales y denuncias penales por alteración del orden público o faltas de respeto a la autoridad. Según explican desde el colectivo, las sanciones alcanzaron los 3.500 euros.

Para Cristian Orgaz, de las Brigadas Vecinales y denunciante de estos hechos, se trata de un “intento de criminalización del colectivo”. “Las sanciones que recibimos son parte del mecanismo de burorrepresión institucional que viola derechos humanos fundamentales para coartar la denuncia social y que debe ser respondido en diferentes ámbitos”, señala. “Los tribunales de justicia han hecho oídos sordos y por ello recurrimos a instancias internacionales para denunciar que en España se castiga y criminaliza la defensa de los derechos humanos y las diferentes formas de protesta social, como es el cuestionamiento público de una práctica discriminatoria como los controles de identidad por perfil racial que forman parte de políticas migratorias criminales”, añade.

“Las redadas racistas son una realidad”

Este lunes, miembros de las BVODH han presentado en el Ministerio del Interior una copia de la denuncia interpuesta ante la ONU como “acto simbólico, ya que este organismo es quien ordena las identificaciones por perfil étnico y ejerce, por tanto, racismo institucional”, ha explico Nerea García, que forma parte del colectivo.

“Las redadas racistas son una realidad en nuestro país y están legitimadas”, denuncia García. Aunque no existen datos oficiales detallados al respecto, el tercer informe sobre esta cuestión presentado por la misma organización, elaborado entre 2012 y 2014, pone de relieve que estos controles se dan “de forma masiva, cotidiana y habitual”.

La ley no ampara las redadas racistas, por lo que son intolerables e ilegales y buscan establecer una relación entre migración y delincuencia”, apunta Nerea García. Estas identificaciones a personas por su perfil racial ocurren “sobre todo en medios de transporte y en la vía pública”, denuncia su compañero Cristian Orgaz. “Se para a las personas por sus rasgos y aspecto físico. Todo esto está dentro de un contexto de mecanismos de deportación y racismo institucional”, lamenta.

Por ese motivo, las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos piden que se cree un mecanismo civil independiente para hacer frente a estos casos.

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