Los 55 días que llevamos de 2017 son ya el arranque de año con más víctimas mortales por violencia machista desde 2003. 16 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas desde el 1 de enero. Uno de ellos también mató a la hija de su pareja y una bebé de 18 meses fue asesinada por su progenitor, que se arrojó con ella por una ventana del Hospital de la Paz, donde se encontraba también la madre de la niña.
Seis mujeres asesinadas en cuatro días
Esta semana ha sido la más fatídica de lo que llevamos de año. El pasado domingo, 19 de febrero, se confirmaba el asesinato de Margaret a manos de su marido, ambos de 79 años y que vivían en una residencia para personas mayores en Campello (Alicante). Al día siguiente, María José, de 50 años, fue víctima de la explosión de butano que provocó su expareja en su domicilio de Redondela (Pontevedra). María José y Emilio, su agresor, estaban en trámites de separación y él ya la había amenazado anteriormente. El 21 de febrero eran asesinadas Gloria, en Valencia, y Dolores, en Gandía. En ambos casos la policía ha detenido a sus exparejas como presuntos asesinos. El mismo día murió una mujer de 91 años cuyo nombre se desconoce en el hospital de Villanueva del Fresno (Badajoz) en el que se encontraba después de que su marido le apuñalara en el cuello días antes. El 22 de febrero, Leydi, de 34 años, fue asesinada por su expareja en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). El agresor quebrantó una orden de alejamiento y acuchilló a Leydi cuando esta salía del trabajo.
Hasta esta semana, y en lo que va de 2017, han sido asesinadas por sus parejas, exparejas, las de sus madres o sus progenitores: Matilde Teresa (40 años), Estefanía (24), Blanca Esther (48 ), Toñi (33), Virginia (55), J.D.L.M. (49), una bebé de 18 meses, Cristina (38), Carmen (79), Laura (26), Ana Belén (46) y Ana (18).
Medidas de protección
El asesinato de Leydi en Santa Perpètua de Mogoda cuestiona la eficacia de las órdenes de alejamiento y las medidas de protección a mujeres que se encuentran en procesos de violencia machista. Para Rubén Sánchez Ruiz, psicológo y formador en violencia machista, hay dos claves en este sentido: por un lado, afirma que son pocos los casos en los que la fiscalía determina que es necesaria una orden de alejamiento y, por otro, que no hay una evaluación rigurosa de los procesos en los que se aplican medidas de protección.
Sobre lo primero, Sánchez Ruiz explica que «muchos jueces no ponen medidas de protección porque consideran que en el juicio oral eso se utilizará como una prueba contra el hombre«. «Pero es una perversión pensar que es mejor no dar órdenes porque, si no, se está culpabilizando a un hombre. Precisamente, una medida de protección es una orden cautelar para evitar nuevos delitos o más conflicto en la situación, pero esto algunos jueces no lo entienden así».
En los casos en los que se aplican órdenes de alejamiento, el psicólogo opina que habría que valorar la prisión preventiva.
Así ocurrió con el asesinato de Leydi en Barcelona. Después de que la fiscalía archivara la primera denuncia que ella presentó, a su agresor se le aplicó una orden de alejamiento de 500 metros fruto de una segunda denuncia. Él se la saltó en enero y ella denunció por tercera vez. Fue entonces cuando la fiscalía optó por ampliar la orden a 1.000 metros. «Cuando un hombre ya ha quebrantado una orden de alejamiento, debe ir a prisión preventiva», dice Sánchez Ruiz, que considera que los jueces deberían escuchar a quienes trabajan en los servicios de atención a la víctima porque «cuando decimos que un caso es grave, no lo decimos porque sí». Según él, «estamos viendo que los errores judiciales y de la fiscalía tienen el coste de vidas de mujeres, de niños y niñas«. «Y esto no puede ser», añade, «la justicia tiene que ser también preventiva. No podemos actuar solo a posteriori. En el caso de Santa Perpètua, la Audiencia Provincial juzgará al asesino y le caerá la máxima condena. Ahora ya hay pruebas muy claras y la investigación estará muy bien hecha, porque Leydi ya ha sido asesinada. Pero, ¿qué harán ahora sus hijos?».
Otro de los focos está en los recursos y los medios que se destinan a los juzgados sobre violencia machista. Sánchez Ruiz explica que «en Barcelona, los jueces y las juezas tienen que estudiar nueve casos en un día».
Desprotección y prejuicios: lo que encuentran las mujeres cuando acuden a denunciar
El psicólogo, que ofrece atención psicológica a mujeres que se encuentran en procesos de violencia machista, denuncia que «el sistema judicial, de entrada, desconfía de las mujeres que acuden a denunciar«. «Hay muchos prejuicios activos en las fiscalías y también en la policía local», que son quienes recogen la primera denuncia.
Ante esta situación, «las mujeres se sienten solas, desamparadas y enfadadas; se sienten violentadas, cuestionadas y revictimizadas», explica Sánchez Ruiz. «Solas porque al principio sí aparecen todos los servicios de atención, pero a los pocos días desaparecen», añade. A esto se suma, en palabras del psicólogo, que «si nadie activa una protección oficial, se tienen que buscar la vida. Y a veces tenemos que plantearles si están dispuestas a ir a una casa de acogida, con todos los cambios en sus vidas que eso conlleva, y teniendo en cuenta que algunas son auténticas cárceles, o si hay familiares o amigas que puedan acogerlas, si están dispuestas a cambiar de ciudad…».
Esta desprotección que sienten algunas mujeres les lleva a pensar que denunciar no ha servido de nada. Sánchez Ruiz cuenta cómo algunas mujeres le dicen que han hecho lo que dice el Gobierno que hagan, la policía, su trabajadora social o la gente de su entorno, pero que, al final, «muchas me dicen que denunciar no ha servido de nada». Él intenta dar la vuelta a esta cuestión: «Yo les digo que les ha servido para ser conscientes del proceso destructivo en el que se encontraban, para salir de esa espiral y, al menos, coger perspectiva, romper la relación, tomar distancia y pedir ayuda».
