El 15 de febrero es una fecha importante para el futuro de los pueblos que viven bajo esa arquitectura neoliberal que representa hoy la Unión Europea. Y es que este miércoles se producirá en el Parlamento Europeo la votación de ratificación del Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio con Canadá, más conocido por sus siglas en inglés: CETA. Pese al carácter especialmente opaco y oscurantista del proceso de negociación y la firma de este tratado por parte de las autoridades comunitarias, los movimientos sociales europeos preparan amplias movilizaciones, que tendrán lugar tanto en la sede del Europarlamento en Estrasburgo como a través de distintas acciones deslocalizadas en todo el Estado español.
La importancia de este hecho es manifiesta, ya que se tratará del primer tratado de nueva generación firmado por la Unión con un país del G-7, con lo que esto implica tanto a nivel de volumen de tráfico comercial y de inversiones, como de consolidación de un bloque geopolítico hegemónico que pugna por mantener y acrecentar sus nichos de influencia en el escenario global frente a otros actores emergentes. Es manifiesta también por el rol de vaso comunicante que ejerce el CETA respecto al más conocido TTIP, toda vez que, vía Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), numerosas empresas transnacionales de matriz estadounidense disponen de filiales en Canadá, con la apertura de puertas del mercado europeo que esto les supone. Finalmente, el CETA resulta central porque, tal y como ha afirmado la Comisión Europea, establece los términos y estándares por los que se guiará este órgano de cara a las negociaciones de acuerdos similares que a día de hoy mantiene abiertas con otros 20 agentes globales diferentes.
Asimismo, es necesario destacar que, pese a tratarse de un tratado mixto -esto es, que incluye cláusulas que afectan a competencias no comunitarias que atañen a los Estados miembros-, un resultado positivo de la votación de este miércoles daría lugar a una aplicación provisional del acuerdo, lo que supondría un serio escollo para su posible reversión a posteriori. Las autoridades comunitarias pretenden imponer su agenda por la vía de los hechos consumados y desactivando al máximo la contestación social. Precisamente por ello se hace aún más importante la movilización social y la visibilización en la calle del rechazo popular al CETA.
Cómo hemos llegado hasta aquí
El proceso que nos ha traído hasta aquí ha sido largo. En 2009 la Comisión Europea asumió el mandato negociador, comenzando un proceso que se prolongó hasta septiembre de 2014, y que se desarrolló en el más absoluto secretismo. Fue conocido por la opinión pública como consecuencia de la salida a la palestra del TTIP -que a su vez fue conocido como resultado de una serie de filtraciones, no por una vocación de transparencia de la Comisión-, manteniéndose siempre en un perfil más bajo respecto al protagonismo del acuerdo con EEUU, pese a que sus consecuencias negativas sean similares. Una vez finalizada la fase negociadora, comenzó el proceso de firma y ratificación del acuerdo por las partes. Aquí comenzaron los problemas para las autoridades comunitarias y se incrementó el rechazo y la movilización popular.
La primera fase requería la aprobación por unanimidad de todos los Estados miembros del Consejo. En este punto es donde surgió la resistencia del parlamento regional de Valonia, que a través de su voto negativo imposibilitaba que Bélgica diera el sí al texto, dando al traste con el acuerdo. Las presiones sobre las autoridades valonas fueron de tal calibre que nos trajeron a la memoria las padecidas por el gobierno griego para la aceptación del tercer memorándum sobre la deuda en 2015. La gran coalición neoliberal, bajo su manto pretendidamente tecnocrático, se muestra implacable frente a la menor muestra de cuestionamiento de su agenda.
Una vez que Valonia dio su voto afirmativo, entramos en la segunda fase. Fase crucial en la que nos encontramos ahora mismo, que culmina el 15 de febrero. A este respecto, es preciso destacar que esta votación es cerrada y unívoca, no habiendo espacio para la enmienda o readecuación siquiera parcial del texto. Se trata de votar sí o no, con el déficit democrático que supone que esa sea la única disyuntiva permitida a las personas que encarnan teóricamente la voluntad popular de los pueblos de Europa. Con la votación del Europarlamento, el documento pasaría a aplicarse de manera provisional en una gran parte de su articulado, con lo que eso implica de cara a su reversión o anulación en la tercera fase del procedimiento, la que atañe a los Estados miembros. Efectivamente, dado que se trata de un tratado mixto, el procedimiento de aprobación no culmina en Estrasburgo, sino que se traslada a los Estados miembros, a sus parlamentos nacionales, en ocasiones a los regionales -de nuevo, el ejemplo de Valonia resulta referencial-, y en algunos casos exigirá incluso la realización de referéndums vinculantes. Recordemos los casos de Holanda o Francia, que consiguieron echar atrás en 2005 la Constitución Europea a través del ejercicio del voto ciudadano.
Por qué es importante la movilización
Dado que nos encontramos ante una batalla de largo recorrido, se hace preciso comenzar la presión popular frente a las instituciones europeas, en este caso frente al Parlamento Europeo, como punto de partida de un esfuerzo que sin duda deberá acrecentarse en esta última fase en la que el CETA descenderá de las alturas opacas de la burocracia comunitaria. El traslado del debate a lo local facilitará una movilización que debe tener un hito el próximo día 15, como punto de inflexión de un esfuerzo creciente por reforzar la coalición social, política y sindical contra este tratado y contra el conjunto de toda esa arquitectura jurídica de la impunidad que regula hoy los flujos de comercio e inversión.
Con esta determinación, nos movilizamos en Estrasburgo desde el día antes de la votación en el pleno del Europarlamento, tratando de dejar constancia del rechazo social a esta arquitectura contraria a los intereses de las mayorías, y manifestando que el déficit participativo y de transparencia que ha caracterizado este proceso inhabilita en términos democráticos su aprobación y entrada en vigor provisional como consecuencia del voto en el Parlamento Europeo. La iniciativa de coordinación de esta movilización corresponde a la coalición francesa contra el TTIP y el CETA, con el apoyo de grupos locales en Estrasburgo y las campañas de diferentes países: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda, Estado español, etc.
Desde la campaña Euskal Herrian TTIPari Ez, estaremos presentes en la movilización aportando nuestro granito de arena. Así, este martes por la tarde calentamos motores con comida, música y un evento público con debates entre miembros del Parlamento Europeo y la sociedad civil. Y ya el miércoles 15, se realizará una manifestación por las calles de Estrasburgo, que desembocará en el Parlamento Europeo, donde nos concentraremos hasta que finalice el proceso de votación. Tras la votación, se celebrará una asamblea en la que participaremos distintos actores sociales, políticos y sindicales europeos involucrados en la lucha contra el CETA.
Pero Estrasburgo no será el único lugar en el que mostrar el rechazo ciudadano a este tratado. Entre las acciones locales, este martes se celebran una serie de concentraciones en las capitales vascas frente a las sedes de distintas organizaciones políticas que han manifestado ya su intención de votar favorablemente el CETA en el Parlamento Europeo. Y es que resulta fundamental interpelar directamente a los grupos parlamentarios que tienen esta tremenda responsabilidad. Parece que la gran coalición conservadora, liberal y socialista votará a favor de manera bastante homogénea. No obstante, no debemos obviar que esta cuestión ha sido ampliamente cuestionada en el seno de distintas organizaciones socialdemócratas europeas, por lo que supone de agresión a una base social trabajadora cada vez más escéptica respecto al rol de estos partidos en defensa de los intereses de las mayorías sociales. Todavía hay partido, y el riesgo que corre la socialdemocracia al retratarse junto a las élites económicas y financieras globales puede y debe jugar un rol de importancia.
En este contexto, es preciso redoblar los esfuerzos frente a un atropello inminente que tendrá graves consecuencias sobre nuestras vidas en todos los sentidos: nuestra manera de consumir, producir, alimentarnos, trabajar, relacionarnos con la naturaleza… Por ello, el 15 de febrero se ha fijado como un día de movilización global contra el CETA y contra la arquitectura de tratados de comercio e inversión que nos viene impuesta por un modelo neoliberal que nos conduce al abismo.
* Juan Hernández Zubizarreta y Gorka Martija son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
