La reforma del bono social eléctrico pactada entre el PP y el PSOE en diciembre y validada esta semana en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos, puede acabar nuevamente en los tribunales, pero esta vez por iniciativa de las pequeñas comercializadoras, como Eléctrica de Cádiz, que ya ha anunciado que recurrirá el decreto ley tras su desarrollo reglamentario. A partir de ese momento, en unos tres meses, estas compañías tendrán que financiar también la medida, costeada exclusivamente por las grandes eléctricas hasta que el Supremo, el pasado octubre, les dio la razón al considerar que el anterior modelo era discriminatorio. El nuevo reparto se realizará en función del número de clientes y no de acuerdo al volumen de negocio o energía, como solicitan las pequeñas empresas. Hasta la fecha, la ayuda ha tenido un coste anual de unos 200 millones de euros y ha beneficiado a unos 2,4 millones de clientes. El PSOE asegura que está buscando una fórmula en el reglamento para evitar que las pequeñas comercializadoras salgan perdiendo. Podemos no sólo rechaza el modo de financiación, sino el bono en sí porque considera que no responde a la pobreza energética y se trata de una ayuda caritativa más.
“Es un disparate y un atropello para las comercializadoras como la nuestra, que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos”, denuncian desde Eléctrica de Cádiz, de mayoría municipal, que calcula que tendría que asumir un importe anual de 542.885 euros, la mitad de sus beneficios: “Ello nos obligaría, a medio plazo, a la subida de las tarifas y, por tanto, conllevaría la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras”.
Además, la eléctrica, que da servicio al 80% de las familias gaditanas según los datos aportados por el Ayuntamiento, no podrá ofrecer a sus propios clientes el bono -que a partir de ahora será aplicado según la renta familiar- porque el decreto ley limita los beneficiarios a las comercializadoras de referencia, igual que venía sucediendo hasta el momento. Es decir, los potenciales beneficiarios de las pequeñas eléctricas tendrán que cambiarse de compañía para poder acceder a la ayuda. “Obligar a Eléctrica de Cádiz a entregar la mitad de sus beneficios anuales para financiar un bono que encima no puede ofrecer es un atentado contra toda la ciudad de Cádiz”, afirma el concejal de Hacienda y presidente de la compañía, David Navarro. En el pleno anterior a la aprobación del decreto en el Congreso, el Ayuntamiento (Podemos y Ganar Cádiz) llegó a votar por unanimidad una moción para instar al Gobierno y a todos los partidos a no validarlo hasta corregir estas cuestiones.
Otras pequeñas comercializadoras, como la cooperativa Som Energia, coinciden en el análisis: “Si el reparto se realiza de este modo, serán las familias y hogares quienes verán repercutido este incremento en mayor medida”, analiza. “El criterio debe ser la energía que vendan, no los clientes que tengan, igual que sucede en cualquier mercado de bienes, en el que se valora el volumen del negocio según las unidades totales vendidas, sea al cliente que sea, y no solo por a cuántos clientes venden sus unidades”, añade la cooperativa. De momento, Som Energia no se plantea recurrir el decreto “no porque no sea oportuno hacerlo sino por falta de medios”.
La propuesta de Cádiz
En el caso de Cádiz se suma otra circunstancia: el consistorio prepara un bono alternativo que financiaría una parte de los beneficios de la suministradora local. Anualmente, unas 2.000 familias solicitan ayuda municipal para pagar sus recibos de la luz, en los que el Ayuntamiento invierte cada año entre 500.000 y 600.000 euros, detallan desde el consistorio. En este nuevo contexto, Eléctrica de Cádiz ha solicitado un informe jurídico para valorar cómo ponerlo en marcha. “El Gobierno propone sacar dinero a las pequeñas comercializadoras para enriquecer al oligopolio energético y excluye al 80% de los gaditanos y gaditanas. Tenemos derecho a poner en marcha el bono social de Cádiz”, afirmó el alcalde, José María González Kichi, el día que el Congreso validó el decreto ley.
La propuesta de bono municipal, basado en la renta familiar, progresivo y con el compromiso de formar a los usuarios sobre ahorro energético, consiste en la bonificación de una cantidad de energía según el número de habitantes de la vivienda y de un tramo fijo de potencia contratada. Los beneficiarios pagarán el resto de componentes de la factura (IVA, impuesto de electricidad y alquiler de contador) y la cantidad de energía y/o potencia que supere la cantidad bonificada.
Tiene previsto incluir dos tipos en función de la renta familiar: en el primero se bonificará el 100% de una cantidad de energía suficiente para cubrir los servicios energéticos básicos (cocinar, aseo, iluminación, comunicación y estudio) y un tramo de potencia de 2,3KW; y en el segundo se bonificará el 50% de dicha cantidad. “Es decir, que si la familia se ajusta a la cantidad de energía bonificada pagará una factura muy reducida, que no llegaría a los 10 euros mensuales”, asegura la coordinadora de la Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz, Alba del Campo. Los beneficiarios deberán asistir a talleres sobre ahorro y eficiencia energética y se les enseñará a entender el recibo eléctrico.
La propuesta está basada en un estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que analiza una muestra de familias que han recibido ayudas del ayuntamiento entre 2015 y 2016 para pagar la luz. “Vemos de qué manera se consume la energía en los hogares y diferenciamos entre estructurales, es decir, consumos básicos de la vida, y los no estructurales, los que se pueden prescindir. Se trata de un informe objetivo y técnico que hemos elaborado de forma altruista para que se aproveche políticamente y se le dé la forma necesaria para construir un bono social más justo y más universal”, explica el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y decano del Colegio de Cádiz, Domingo Villero. “En algunas casas hemos encontrado situaciones penosas: con apenas una bombilla en el techo y un hornillo de gas”, describe.
“El objetivo es asegurar que todos los hogares tengan acceso a una cantidad de electricidad suficiente para cubrir sus necesidades domésticas más básicas: cocinar, aseo personal y doméstico, iluminación, climatización y estudio y que, en consecuencia, ninguna familia quede excluida del acceso a la energía por razones económicas o de vulnerabilidad”, resume la Mesa contra la Pobreza Energética. Hasta el momento, todos los representantes políticos y miembros técnicos del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz han apoyado el bono, a excepción del PP y Endesa, que aún no han manifestado su posición. En los próximos días, el alcalde realizará una segunda ronda de contactos.
A la espera del reglamento
El nuevo bono estatal está pendiente ahora del desarrollo reglamentario en los próximos tres meses, donde quedarán definidos los consumidores vulnerables y los baremos de renta. La nueva propuesta amplía el plazo de dos a cuatro meses para proceder al corte de la luz en caso de impago y establece la obligatoriedad de avisar desde el primer momento al consumidor y los servicios sociales, que gestionarán los casos.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético consideran que el real decreto es un parche que no acabará con la pobreza energética: “La electricidad constituye solo el 35% del consumo doméstico. Es necesario un bono social energético que incorpore, además, suministros como el gas natural, el gasóleo y otros combustibles con los que se calientan el 65% de los hogares”. Facua llega a la misma conclusión: “Es un decreto carente de compromisos que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir los usuarios beneficiarios del mismo”.
La validación de este decreto se ha producido la misma semana en que millones de ciudadanos han recibido la abultada factura de la luz de enero y el mismo día que se hizo público el nombramiento del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica de España, un cargo propio de puerta giratoria que le reportará en torno a 150.000 euros brutos al año. Según los datos de Eurostat de 2015, la electricidad en España es la cuarta más cara de toda Europa, por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, y la subida de los precios supera a la media europea (un 4,1% frente al 2,9%). Un 11% de los hogares, es decir, 5,1 millones de españoles, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, según un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). El estudio sitúa al 7% en una situación de pobreza energética. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro regiones señaladas con mayor grado de afección.
