Las mujeres son mayoría entre jueces y magistrados. Representan un 52,4%, frente al 47,6% de hombres que se encontraban en activo en 2015, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, la foto de apertura del año judicial evidencia que las mujeres tienen una escasa presencia en los puestos altos. Hasta la fecha, solo han aparecido hombres. Más allá de esta imagen simbólica, las estadísticas del CGPJ corroboran que las mujeres se enfrentan a un techo de cristal en la carrera judicial. En los órganos centrales, entre los que se encuentra el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, había 39 mujeres en 2015, frente a 125 hombres. «Resulta paradójico», reconoce Lucía Avilés, de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE): «Somos los encargados de proteger el derecho a la igualdad, pero esta es, como en otros ámbitos, un espejismo».
Fuera del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional (TC) ha seguido el mismo camino en cuestiones de paridad. El primer TC, formado en 1980, contaba con 11 magistrados y una magistrada. En su tercera renovación parcial, nueve años después, no había ninguna mujer. Una ausencia de magistradas que se alargó hasta 1998, con la sexta renovación parcial. Desde 2011, son dos las mujeres que forman parte de este organismo: la vicepresidenta, Adela Asúa, y la magistrada María Encarnación Roca, que se incorporó en 2012. Ante la próxima renovación parcial, para la que las comunidades autónomas propondrán sus candidaturas el próximo 13 de enero, la Red Feminista de Derecho Constitucional ha solicitado a todos los partidos políticos con representación en los Parlamentos autonómicos y en el Senado que las candidaturas que las diferentes Asambleas legislativas eleven al Senado solo propongan mujeres. Asimismo, piden que el Senado presente únicamente a magistradas para ocupar los cuatro puestos que deben cubrirse en 2017.
En la misma línea, la Asociación de Mujeres Juezas de España ha lanzado la campaña Por un Tribunal Constitucional Equilibrado en la que denuncian que la representación igualitaria de hombres y mujeres en las altas jerarquías judiciales nacionales e internacionales sigue siendo «una quimera». «Hasta 2015, solo el 17% de los principales Tribunales Internacionales estaban integrados por mujeres y en los Tribunales Regionales de Derechos Humanos solo el 25% son magistradas», denuncian en un comunicado. La AMJE ha iniciado una recogida de firmas, que hasta el momento cuenta con 2.700 adscripciones, con el objetivo de que el TC sirva como «referente ejemplar de la pluralidad social y especialmente en la aplicación real del principio de igualdad», explican.
Un plan de igualdad que no prospera
A medida que ascendemos hacia la cúpula del poder judicial, la presencia de mujeres es cada vez más escasa. Suponen un 13,9% del Tribunal Supremo, que nunca ha tenido como presidenta a una mujer. «A la hora de acceder a la carrera judicial, todo el mundo lo hace en igualdad de condiciones. Sin embargo, más adelante aparecen una serie de condicionantes, como la carga laboral, la falta de medidas de conciliación, la falta de normas efectivas para promover la corresponsabilidad o el deficiente plan de igualdad. Todo esto hace que a la hora de optar a un cargo discrecional, ante dos candidatos, un hombre y una mujer, con los mismos méritos, o aún cuando la mujer tiene más, se opte por el hombre», explica Avilés. Para ella, un ejemplo de esta práctica es el nombramiento de Pasqual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el pasado enero. En este caso, Riquelme se encontraba a 1.160 puestos por debajo en el escalafón respecto a Pilar Alonso Saura, la otra candidata.
Para reducir las desigualdades por cuestiones de género en la carrera judicial, se creó una Comisión de Igualdad dentro del Consejo cuyo primer cometido fue el de confeccionar un plan de igualdad para este ámbito, que «se ha quedado sobre el papel», denuncia Avilés. «Desde la AMJE hemos presentado una serie de propuestas para mejorar el reglamento de la carrera judicial en materia de conciliación, ya que ahora mismo solo existe la reducción de la jornada laboral en aquellos casos en los que hay un familiar hospitalizado o con una enfermedad grave», añade. En este sentido, Avilés señala otras situaciones, como la de las familias monomarentales, para quienes la carga laboral dificulta la vida familiar.
Trabajo de cuidados
En 2015, el 100% de quienes pidieron una excedencia para el cuidado de sus hijos e hijas dentro del ámbito judicial fueron mujeres. Un dato que chocha frente al 75% de hombres que utilizaron los permisos para formarse, salir al extranjero y realizar cursos, algo que repercute de manera positiva en el currículum. «Según el plan de igualdad, una excendencia para cuidar a un familiar no penaliza sobre la carrera de una mujer, pero debería valorarse. En primer lugar porque el tiempo invertido en cuidados supone formación humana, que nos genera una experiencia que después plasmamos en la calidad de nuestras resoluciones judiciales. En segundo lugar porque, si bien no se penaliza directamente, contar con estas excendencias hace que juguemos en desigualdad de condiciones con aquellos candidatos que no han hecho uso de ellas», explica Avilés.
En este sentido, desde la AMJE apuestan por la formación, no solo para construir estructuras paritarias dentro del sistema judicial, sino para que desaparezcan los estereotipos machistas también en su actuación frente a la ciudadanía. «Si no hay formación de género para todos los miembros de la carrera judicial, como ocurre ahora, no podemos construir una justicia con perspectiva de género», concluye Avilés.
