Exterior de la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ
MADRID // El BOE recoge este lunes una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestima casi la totalidad del recurso presentado por la Generalitat de Catalunya hace un año contra la nueva Ley de Seguridad Nacional. El Gobierno catalán considera que la norma vulnera sus competencias en cuanto a seguridad y protección civil, pero el TC responde que el ejercicio de las competencias estatales en caso de una situación de interés para la seguridad nacional, la nueva figura creada por la ley, encajan en el
mandado de la Constitución.
La norma, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2015, añade a los estados de sitio, alarma y excepción establecidos en la ley de 1981 un cuarto estado: interés para la seguridad nacional. Mientras tanto el estado de excepción como el estado de sitio tienen que ser aprobados por el Congreso, tanto el estado de alarma como la nueva declaración de interés para la seguridad nacional pueden ser acordadas mediante decreto del Consejo de Ministros.
La Generalitat de Catalunya recurrió tres de sus preceptos: el que establece que será el Gobierno el encargado de diseñar la Estrategia de Seguridad Nacional (4.3), el que otorga al presidente del Gobierno la competencia de declarar la situación de interés para la seguridad nacional (15.c) y el artículo 24, que establece entre otras cosas la obligación de todas las autoridades de aportar medios humanos y materiales para responder ante esa situación. En concreto, lo que dice la ley es que «la Declaración de situación de interés para la seguridad nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación».
El TC desestima el recurso porque considera que la seguridad nacional sí es de competencia estatal. Y aclara cómo se debe interpretar ese artículo 24. Así, establece que «de la obligación de aportar recursos humanos y materiales no resulta una adscripción de los Mossos d’Esquadra a las autoridades estatales», puesto que eso sería algo permanente y una situación de crisis es, «por definición, temporal».
Así, la sentencia afirma que «no se vulneran las competencias autonómicas sobre protección civil o seguridad pública puesto que, tal y como la situación de interés para la seguridad nacional aparece configurada, estas competencias siguen siendo ejercitadas por las Comunidades Autónomas con sus propios recursos, si bien en el marco de una situación de mayor coordinación, justificada por la envergadura y relevancia de la crisis que debe afrontarse, la cual exige una movilización unitaria de los medios disponibles».
El recurso catalán también pone en duda la definición de «estado de interés para la seguridad nacional», que considera imprecisa y genérica. El TC no entra a juzgar ese punto de la ley, puesto que el artículo que la regula, el 23, no estaba incluido entre los recurridos por la Generalitat.
Pero, ¿qué es una situación de interés para la seguridad nacional? La ley que entra en vigor el martes 13 de diciembre no aclara a qué ámbitos aplica, sino que la define bajo términos genéricos. Así, el estado de alarma se define en la norma del 81 como una respuesta a «alteraciones graves de la normalidad» que incluyen supuestos delimitados:
a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
En cambio, la nueva situación de interés para la seguridad nacional es mucho menos concreta. Por definición es aquella en «la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley».
Eso sí, la nueva ley aclara que esta situación «en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos».
