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martes 16 octubre 2018

Medio ambiente

“El almacén de gas en Doñana es imposible”

En una manifestación en la aldea de El Rocío, la plataforma Salvemos Doñana reclama la paralización de la infraestructura de Gas Natural en el parque. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reiterado en el Parlamento su rechazo al proyecto.

24 noviembre 2016
13:37
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“El almacén de gas en Doñana es imposible”
Tuberías del proyecto de almacén de gas en Doñana. LAURA LEÓN

En #LaMarea44 incluimos un reportaje en profundidad sobre las amenazas de Doñana.

La plataforma Salvemos Doñana ha convocado una manifestación este sábado en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), en contra del proyecto de Gas Natural en el parque. Las obras iniciadas por la empresa se centran en la zona conocida como Marismas Occidental, una de las cuatro partes del almacén de gas a la que dio vía libre el Gobierno en funciones de Rajoy -y contó con la autorización ambiental de la Junta de Andalucía- que se localiza fuera del espacio protegido. También en el entorno de Doñana, la parte conocida como Aznalcázar cuenta con la autorización ambiental de la administración autonómica. Las otras dos, Marismas Oriental y Saladillo, dentro del espacio protegido, no tienen el aval de la Junta.

“Las cuatro afectan a espacios naturales con algún tipo de protección. Además de las dos que no obtuvieron la Autorización Ambiental Unificada por estar en el Entorno Natural Doñana, las otros dos, Marismas Occidental y Aznalcázar, afectan parcialmente a la Red Natura 2000, incluso el más alejado afecta al Corredor Verde del Guadiamar”, denuncia el portavoz de la plataforma, Juan Romero. “Todo ello requiere el estudio de afección sinérgica que la Unión Europea exige y aplicar el principio de precaución por los déficits detectados en la evaluación de la afección a Red Natura 2000”, añade.

El proyecto, cuya finalidad como almacén fue autorizada por el ministro socialista de Industria Miguel Sebastián en 2011, está generando una oleada de acciones y protestas impulsadas por la sociedad civil -expertos, universitarios, ecologistas y personas que habitan en la zona-, que lo califica como una infraestructura “imposible que ni tiene utilidad pública ni genera empleo ni es necesaria y solo busca el beneficio económico de una empresa”.

La Junta de Andalucía, que paralizó en 2013 la tramitación de las dos partes que afectan al espacio protegido y pidió al Gobierno central que evaluase el proyecto en su conjunto, ha reiterado en los últimos días su rechazo a la infraestructura a través del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, y la presidenta andaluza, Susana Díaz. Este jueves, la dirigente socialista respondió así en la sesión de control a una pregunta de la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que alertó de los riesgos sísmicos que puede generar el proyecto y acusó a la dirigente socialista de proteger los intereses de las empresas del IBEX-35: “¿Usted no se ha enterado que este gobierno está en contra y se ha opuesto a ese proyecto?”. Asimismo, Díaz reprochó a Rodríguez falta de rigor cuando le mostró una fotografía con los tubos que la empresa ha comenzado a instalar en Marismas Occidental: “Mire, esa foto que usted está sacando sabe perfectamente que no está ni dentro del parque nacional ni dentro del parque natural. ¿Y por qué saca aquí la foto? Porque usted trae aquí una pregunta follón”.

En respuesta a Rodríguez, Díaz también se refirió a la reclamación patrimonial de 358 millones de euros que Gas Natural ya ha pedido a la Junta por el rechazo al proyecto dentro del espacio protegido: “A pesar de que algunos piensan que troceando el proyecto lo van a hacer, no vamos a dar la autorización en las zonas competentes. En la Oriental ya nos hemos negado y eso es lo que ha hecho que nos haya llevado a los tribunales”.

Este mismo viernes, en una nota de prensa, la líder del Podemos ha vuelto a lanzar críticas a la presidenta de la Junta: “Lo que está pasando en Doñana es muy grave, gravísimo, no sólo para Doñana, también para los pueblos de alrededor, que podrían sufrir las consecuencias de un desastre natural, desastre como el de la mina de Aznalcóllar. Pero Díaz prefiere guardar silencio y mirar para otro lado”. En la situación actual, la administración competente para paralizar las obras es del Gobierno central.

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