Año 2008. La primera persona que me habló largo y tendido de la mina Cobre Las Cruces fue Isidoro Albarreal, entonces coordinador de Ecologistas en Acción Sevilla. Se cumplía el décimo aniversario de Aznalcóllar y le pedí que me acompañara a la zona para ver las secuelas de aquel desastre ambiental. «Mira, esto es lo que puede pasar también con esta nueva mina», me decía señalando un informe, posteriormente convertido en libro, titulado Crónica de una catástrofe anunciada. Lo llevaba en su autocaravana, siempre a mano, como la prueba de que lo que él decía no era ninguna locura. «Dos años antes, el ingeniero de minas Manuel Aguilar ya había avisado a la Administración de que la balsa de Aznalcóllar no estaba bien construida y que aquello podía terminar en lo que terminó», proseguía aquella tarde de abril, en los alrededores del Guadiamar. Ecologistas en Acción ya llevaba varios años denunciando irregularidades en los permisos y el proceder de Cobre Las Cruces, entonces filial de la canadiense Inmet Mining. La respuesta de la mina, a través de un gabinete de comunicación externo, siempre fue la misma: todo es correcto. «Todo se hará con garantías medioambientales», repetía igualmente la Junta de Andalucía. Mi amigo Antonio Avendaño, que entonces era mi jefe, me decía: «Vale, pero yo quiero saber quién tiene razón».
La denuncia de los ecologistas en los tribunales conllevó la rápida actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente, que acusó a la compañía de contaminar con arsénico un acuífero del que se abastecía la población. La Junta clausuró la explotación durante un tiempo por perforaciones ilegales y le impuso numerosas sanciones que la obligaron a invertir 30 millones de euros en una planta de depuración. Ni siquiera así la empresa admitía que el sistema creado para no dañar el acuífero -la condición con la que había sido aprobado el proyecto- había fallado. Aseguraba incluso ir «un paso por delante» en la compatibilidad entre la actividad minera y el medio ambiente. Y en un alarde de transparencia, llegó a invitar a los periodistas a comprobar, bebiendo agua recién salida de la depuradora, que allí no había gato encerrado. «Es un día caluroso; ¿alguien está sediento?», preguntó el entonces consejero delegado de la mina, Damien Marantelli. Creo que algún colega emuló a Fraga en Palomares. Yo, por si acaso, decidí tragar saliva. “No deben tener miedo, el agua es perfecta, hasta la Coca-Cola la querría”, dijo en el corazón de la instalación el entonces director de Aguas, Juan Carlos Baquero.
Los ecologistas continuaron con sus denuncias: contra la mina y la pasividad de la Administración. Un día se reunían con el Defensor del Pueblo, otro iban a recoger agua para analizarla, otro llamaban a la prensa, otro intentaban reunirse con algún responsable de la Junta, otro, con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, otro día acudían al juzgado, otro se desesperaban, otro los acusaban de insensatos, otro de intentar acabar con el empleo en una comarca necesitada de trabajo, otro asistían atónitos a la firma de convenios entre la mina y las administraciones… Y así pasaron los días y los meses y los años…
Albarreal, matemático de 49 años, continuó, además, con otras batallas, con otras luchas. Creció con el ruido de aviones militares sobre su cabeza. Es de Morón de la Frontera (Sevilla), sede de una de las bases estadounidenses en España. Allí da clases en un instituto. Su tesis doctoral, titulada Paralelización en tiempo y espacio de la resolución numérica de algunas ecuaciones en derivadas parciales, presentada en 2004 en la Universidad de Sevilla, incluyó por primera vez una cláusula de buen uso, que impide que nadie use esa investigación con fines militares. Cuando el 15-M aún no se había asomado por las plazas, él ya había impulsado un partido asambleario, azote de la corrupción. Y hoy, con las siglas Ama-Morón, son la segunda fuerza política en el pueblo, por detrás del PSOE.
Año 2016. Albarreal aparca su coche en zona azul, a la espalda de los juzgados de Sevilla. Saca un ticket y duda entre abrir o no el maletero. Entre coger la carga o no. Dentro hay miles y miles de folios que describen todo el proceso judicial iniciado contra Cobre Las Cruces. En ese momento, Ecologistas en Acción, como acusación popular, ya sabe que la empresa ha querido llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel. Son las doce menos cuarto de la mañana. El juicio está previsto a las doce en la sección tercera de la Audiencia Provincial. En la sala sólo está presente una de las acusadas, Paz Cosmen, actual directora de Medio Ambiente de la explotación, hoy propiedad de otra multinacional canadiense, First Quantum. Los otros dos acusados, el exconsejero delegado François Fleury y el exdirector William Thomas, asisten desde el otro lado del Atlántico por videoconferencia.
«Es increíble que la Administración no se haya personado en este proceso», advierte el ecologista Antonio Ramos. Albarreal escucha atentamente. «¿Acepta usted haber cometido un delito contra el medio ambiente y otro de daños?», pregunta la jueza. Cosmen titubea y finalmente asiente. «I accept it«, afirman contundentes desde la pantalla los otros dos acusados, ayudados por un traductor prácticamente prescindible. Y la empresa que durante años negó las irregularidades, una multinacional canadiense, asume que ha cometido dos delitos en una comarca de Sevilla, que contaminó un acuífero y extrajo más agua de la permitida. Un año y tres meses de cárcel para cada uno de ellos. Inhabilitación durante un año e indemnización al Estado con 43.688 euros por los daños generados por la contaminación y con 249.521 por los daños generados por la detracción ilegal de aguas. La jueza acuerda la suspensión de la pena de cárcel al ser la única condena de los acusados.
Los ecologistas salen contentos de la sala. Claro que hubieran preferido una condena mayor: cinco años y medio de cárcel para cada uno de ellos, como pedía la Fiscalía en el primer escrito de acusación. «Pero dentro de lo malo, lo menos malo», justifica Antonio Ramos, que temía que si hubieran esperado al juicio, previsto para dentro de un año, y los probables recursos -que hubieran alargado el proceso varios años más- el delito quedara impune. Lo importante, insisten, no es que vayan o no a la cárcel, que la pena sea más grande o más pequeña. Lo importante para el avance en la lucha medioambiental es que un gigante minero ha sido condenado y que los daños, como recoge la sentencia, no fueron mayores por la paralización de la actividad. «Nosotros no estamos en contra la minería como tal, sino de la minería mal hecha y así se lo advertimos a la Junta», afirma Ramos a los periodistas.
Los ecologistas no eran los enemigos, como adelantaba el periodista sevillano Juan Luis Pavón en un artículo publicado en 2008: «Cuando un ecologista denuncia un perjuicio al medio ambiente derivado de una actuación que interesa muy mucho, normalmente es tildado de catastrofista, chalanero y aguafiestas». En lo que ha durado el proceso, nunca escuché esos descalificativos, pero sí percibí desdén en algunas respuestas desde la Junta: «¿Pero eso quién lo dice? Ah, claro, los ecologistas…». La justicia ha condenado a Cobre Las Cruces. Pero previamente ha sido Cobre Las Cruces la que ha aceptado que delinquió. Juzguen ustedes mismos la credibilidad de unos y de otros. Han tenido que pasar ocho años para poder decirle a mi jefe quién llevaba razón.
