BARCELONA // Anna Celma
Son las ocho de la mañana. En la solitaria calle de Roger, en Barcelona, se concentran grupos de personas que reparten panfletos y llevan pancartas con ilustraciones de fetos y rosarios colgados al cuello. Se autodenominan «rescatadores» y se encuentran cada semana en la Clínica Ginecológica de Sants (CGS) y en otros centros del resto del Estado para emprender su labor antiabortista.
Los pacientes acuden a la CGS para hacerse revisiones, someterse a procedimientos quirúrgicos o bien a interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). La localización de la clínica parece pensada para cuidar la intimidad de quien acude hasta allí. Pero cada viernes y sábado, esta intimidad es vulnerada por un grupo de manifestantes que, con pancartas, panfletos y rosarios se concentran en las puertas de la clínica y sus alrededores. Para llegar hasta el local, situado en una planta baja, hay que pasar entre las personas congregadas.
Interceptan a los viandantes y les preguntan si se dirigen a la clínica. Después les entregan uno de los panfletos. Si la persona se detiene, proceden a describirle lo que denominan «abortorio», donde se produce «el asesinato indiscriminado del bebé». Los grupos, en su mayoría mujeres y algún acompañante masculino, han reducido sus apariciones a dos días semanales porque han descubierto que son los días en que se programan las IVE en esta clínica, que sufre estas manifestaciones desde el año 2009. El personal de la CGS denuncia las formas violentas e intimidatorias de estos grupos provida.
«Hay muchas mujeres que llegan nerviosas, no necesitan que ninguno les aborde acusándolas de ser unas asesinas. Nosotros tampoco nos merecemos que nos asedien al entrar y salir del local, cuando ven que formamos parte del personal», explica una de las doctoras. Los pacientes que vienen aquí lo hacen por propia iniciativa o bien derivados por la sanidad pública, ya que la CGS forma parte de la red de clínicas acreditadas para practicar interrupciones voluntarias del embarazo.
En este segundo caso, el coste de la intervención lo asume la sanidad catalana, siempre que se encuadre dentro de los límites de actuación legal de acuerdo a la actual ley de plazos, que marca la semana 22 de gestación como el límite máximo para practicar una IVE. Dentro de este margen, el procedimiento varía en función de la semana de embarazo. Entre otras opciones, puede ser farmacológico o consistir en una intervención ambulatoria.
El equipo de profesionales de la clínica explica que estos grupos provida tienen derecho a expresar su desacuerdo ideológico con las IVE, pero se quejan: «Esto no debería significar que puedan increpar a los trabajadores o molestar a los pacientes. Es una situación muy incómoda y agresiva». En concreto, les preocupan las informaciones que facilitan a las mujeres. En muchos casos, dicen, son falsas desde un punto de vista médico, sobre todo las relacionadas con los periodos de gestación y las posibles consecuencias del aborto.
Los profesionales han alertado a la Policía Local y a los Mossos d’Esquadra, y también han contactado con el Ayuntamiento de Barcelona. Desde prensa del consistorio aseguran a La Directa que los servicios municipales están trabajando por la defensa del derecho al aborto impulsando un grupo de trabajo específico. En el caso concreto de la Clínica Ginecológica de Sants, están «valorando las opciones jurídicas». De momento, añaden: «Los informes que recibimos no son positivos porque hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en casos similares, han valorado que prevalece el derecho a la libertad de expresión».
¿Rescatadores o asediarores?
Durante las visitas realizas en diferentes semanas, La Directa ha comprobado que los manifestantes detienen a la gente indiscriminadamente. Cada persona que se acerca a la clínica recibe los mismos argumentos, sea un periodista, un peatón o una paciente que se dispone a hacerse una prueba. Mientras algunas de las congregadas se ocupa de hablar con la gente, el resto de acompañantes está ante el local, rezando el rosario y sosteniendo pancartas con lemas provida. Aseguran que también están presentes en otros «abortorios».
Los antiabortistas, de un lado, acusan a las clínicas de ser empresas que se lucran del asesinato de fetos. Afirman que se saltan todos los protocolos establecidos por el marco legal, una acusación que incluiría no respetar el margen de tres días entre el inicio del procedimiento y la IVE, o no mostrar las ecografías a las gestantes. La doctora que nos recibe refuta estas afirmaciones. «En primer lugar, en muchos casos, los tres días deberían comenzara contar a partir del momento en que la mujer va a la Seguridad Social a pedir una IVE. La cita que tienen con nosotros no es inmediata, por tanto, el margen de tiempo ya se ha cumplido». También explica que, cuando hacen la primera visita, informan a los pacientes de que deben dejar este periodo como el tiempo mínimo hasta la próxima cita. En caso de que las mujeres no quieran esperar, por los motivos que sean, añade que están obligadas a pedir una visita in situ con los profesionales de psiquiatría del centro, que harán una evaluación para determinar si se puede dar el consentimiento médico a esta IVE. Si es así, entonces proceden a la intervención, de acuerdo a los horarios disponibles.
El personal de la clínica muestra a La Directa el circuito de ingreso ambulatorio, los quirófanos donde se practican las IVE y las pruebas y las salas de espera y de recuperación para cuando ha finalizado la intervención. La actividad médica se concentra los viernes y los sábados para garantizar el reposo durante el fin de semana y evitar así complicaciones. Pasados 15 días, las pacientes tienen una cita de revisión para garantizar que todo ha ido bien.
En la CGS, como en el resto de clínicas, tienen muy presente el caso del doctor Morín, condenado a 18 meses de prisión por practicar once abortos ilegales. Por eso, aseguran que cada paso del procedimiento conlleva permisos, documentación y consentimientos firmados. «La IVE deja un camino muy claramente marcado que se puede repasar para saber si se ha cometido alguna irregularidad», inciden.
En defensa de las adopciones ilegales
Las «rescatadoras» acusan de homicida a quien decide abortar. Se compadecen de las jóvenes que acuden a las clínicas porque las describen como chicas destrozadas, con vidas marcadas por la violencia, abandonos, falta de recursos económicos, problemas pos su situación legal, sufrimiento emocional y psicológico… Todas estas situaciones, en su opinión, no justifican una IVE: «No puedes solucionar un problema haciendo una cosa que está mal, come es abortar», sostienen. Partiendo de la premisa de que se es persona desde el momento de la concepción, añaden que habría de prevalecer «el derecho de la persona por delante del de la madre». «¿Verdad que si tu madre te dijera, ‘como eres mía, te puedo cortar un brazo’, no se lo permitirías? Pues aquí pasa igual, pero la criatura no puede oponer resistencia», argumenta un de los hombres presentes. «Las madres se confieren un derecho sobre lo que tienen en su vientre que no es suyo. Porque son personas diferentes. Y después, las que deciden abortar salen destrozadas», asegura.
Coma alternativa, ofrecen asistencia médica, ayudas, cestas con donativos y asesoramiento a las madres que deciden tener la valentía de a su hijo recién nacido. Lo que más publicitan es un espacio de asesoría situado en Badalona, denominado Hogar de María. Allí ofrecen productos de primera necesidad, consejos o talleres para las madres y niños. Según explican, también ayudan a encontrar trabajo y alojamiento o piso de acogida. Además, disponen de médicos afines que realizan pruebas gratuitas.
«Todo antes que matar a una persona», sentencian. En dos ocasiones, nos indican la posibilidad de entregar a la criatura en adopción. Cuando se les plantea la reticencia a dejar la criatura recién nacida en manos del sistema de adopciones estatal, argumentan que no es necesario pasar por estos trámites: «Lo puedes tener y donarlo en adopción. Mucha gente lo acogería y querría», nos dicen. «Si tú decides entregarlo y la familia lo empadrona como hijo suyo, ¿quién ha de decir a esa familia que el hijo no es suyo?», afirman. Ante las dudas de si esto garantiza una buena solución hacia el pequeño, nos contestan: «¿Serías más buena persona matándole? ¿Cuál es la solución? ¿Matarlo antes de que nazca?».
Otras clínicas como EMECE, situada en la barcelonesa calle de Anglí, también reciben visitas de los antiabortistas. La Directa ha contactado con el centro, pero sus responsables han declinado ofrecer información al respecto. Les últimas estadísticos oficiales del Ministerio de Sanidad, del año 2014, indican que se llevaron a cabo 94.796 interrupciones voluntarias del embarazo. Fue el tercer periodo en que las cifras descendían, y es el número más bajo de los últimos diez años.
