«La sociedad, la cultura, la educación y el derecho conforman un conjunto de creencias, de saberes, que suponen una determinada realidad. El lenguaje es el hilo conductor y constructor de esta realidad. Las cosas que no se nombran no existen y, por eso, la legislación es un ámbito clave para realizar también una labor pedagógica», reflexiona la responsable del Área de Feminismos de Podemos Andalucía, Rocío Medina, sobre la proposición de ley que acaba de presentar su partido en el Parlamento andaluz para garantizar los derechos de las personas que se reconocen como LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) y para erradicar la LGTBIfobia en Andalucía. «Es importantísimo que los operadores jurídicos, desde los registros civiles a los juzgados, puedan disponer de los conceptos adecuados para resolver los conflictos cotidianos», prosigue.
La ambiciosa propuesta, elaborada con el consenso de asociaciones representativas de colectivo y sobre la base de otras leyes autonómicas, pretende hacer de la visibilización y aceptación de esta realidad, un asunto transversal que debe comenzar en primer lugar por la Administración pública, de donde proceden, en muchas ocasiones, las discriminaciones que sufren a diario estas personas. Con unas 300 al año, Andalucía es la comunidad con el mayor número de agresiones registradas por orientación sexual o identidad de género, según Interior. «Sin embargo, estas cifras son inciertas, pues se calcula que entre un 70% y un 90% de las personas agredidas no denuncian», matiza Medina.
Las sanciones por el incumplimiento de esta ley irán desde los 3.000 euros a los 45.000 en el caso de las infracciones muy graves, como adoptar comportamientos agresivos o constitutivos de acoso, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de estas personas. Entre las infracciones graves, la proposición de ley se refiere a la utilización o emisión de expresiones vejatorias o que inciten a la violencia contra las personas LGBTI o sus familias, en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en las redes sociales de forma reiterada. No facilitar la labor o negarse parcialmente a colaborar con la acción investigadora de los servicios de inspección de la Junta de Andalucía está dentro de las infracciones leves.
¿Por qué es necesaria esta ley?
La ley viene a cubrir una importante necesidad, reflejar en la legislación andaluza una realidad, la de la diversidad sexual y de género, que afecta transversalmente a muchos ámbitos de la vida en sociedad. Garantizar el libre desarrollo de la personalidad de quienes se reconocen como LGTBI supone tomar medidas en la sanidad, en la educación, en el deporte, en la familia… Por otra parte, todavía se produce un número alarmante de agresiones y actitudes discriminatorias por causa de esta diversidad sexual y/o de género, y es necesario emplear todos los recursos de la Administración pública, incluyendo la potestad sancionadora, para erradicarlos y prevenirlos.
¿Cómo puede cambiar esta ley el día a día de las personas que conforman el colectivo?
Se puede cambiar en aspectos tan comunes como que a un niño o una niña trans puedan darle un boletín de notas donde se refleje el nombre acorde al sexo sentido, no al administrativo al tiempo de nacer. Se cambia cuando el responsable de una discoteca sabe que será sancionado si su personal de seguridad comete un acto de discriminación expulsando a una persona del recinto por exteriorizar orientación sexual. También se cambia cuando se enseña en las escuelas que hay una anatomía y una sexualidad más allá del binarismo heteronormativo.
¿Qué aspectos de los que regula son más urgentes?
Es difícil escoger sólo uno o unos pocos. Quizás aquéllos relacionados con la salud y con la educación, pero no hay que dejar atrás las medidas que garantizan una libre expresión de la identidad o las que materializan la variedad y diversidad familiar que ya, hoy, se da en nuestra sociedad.
¿En qué se diferencia de las normativas ya existentes en otras comunidades autónomas?
Cataluña y Extremadura han sido leyes de referencia para elaborar esta proposición de ley andaluza. Hemos intentado reflejar todo lo novedoso y positivo de esos textos, complementándolo con las aportaciones concretas que los colectivos andaluces nos han puesto encima de la mesa. Hay novedades en el régimen sancionador, con nuevos supuestos, siendo más completo. Por ejemplo, se sancionarán las «terapias» para modificar la orientación sexual y la identidad sexual o de género, como aquel libro que asegura que puede «curar» a los gays. También se sancionará la no aprobación en plazo de los planes de prevención que recoge la ley, y actuaciones que promuevan, justifiquen u oculten por cualquier medio la discriminación, negando la naturaleza de la diversidad sexual y de género (con multas de hasta 45.000 euros). También hay novedades en el diseño de los órganos que velarán por el cumplimiento de la ley, dándole más importancia al Observatorio que conformarán colectivos y entidades LGTBI. Hemos intentado cubrir un espectro más amplio de colectivos vulnerables. Es lógico que las leyes más recientes vayan superando a las más veteranas, incorporando cada vez nuevos elementos, pero los precedentes que existían nos han sido de gran utilidad e inspiración.
¿Qué es la cláusula general antidiscriminatoria?
Esta cláusula es fundamental. Dispone qué organismos quedarán especialmente sujetos al contenido de la ley. Si la Administración pública no es el primer espacio donde se garantiza la igualdad de trato o el desarrollo de derechos y libertades, es difícil extender su realización hacia espacios más privados. A sabiendas de que muchas discriminaciones se producen en el seno de la Administración, hay que redoblar la exigencia hacia dentro.
¿Qué quiere decir esta definición incluida en la ley? Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de discriminación por orientación o identidad sexual como consecuencia de una apreciación errónea.
Por ejemplo, si una persona es víctima de una discriminación por ser homosexual aunque realmente no lo sea.
¿Cómo se van a reparar los derechos violados?
La principal reparación tiene que ser a futuro, esto es, procurando que nunca más se vuelva a repetir. De cara a experiencias desagradables ya vividas, las herramientas con las que se cuenta en la Administración es la restitución, dentro de lo posible (por ejemplo, un despido discriminatorio del puesto de trabajo) y las indemnizaciones económicas.
¿Qué aporta esta ley sobre la de transexualidad aprobada en Andalucía?
Integra la realidad trans en el marco general de la diversidad sexual y de género. Abunda en la protección a colectivos más vulnerables (menores, migrantes, mayores…) y urge a la Junta desarrollar los protocolos que aún faltan (sanidad, educación, formación del funcionariado…).
Otra novedad es la inversión de la carga de prueba.
En el ordenamiento penal se hace en determinados supuestos, como la violencia de género. Responde a casos donde hay una especial vulnerabilidad por parte de la parte agredida y donde se producen tal cantidad de casos que es urgente intervenir para erradicarlos.
¿Cómo se van a introducir todas estas cuestiones en la escuela?
Por múltiples vías: la actualización de los materiales didácticos, la formación específica del personal docente o la especial implicación de los centros en la prevención de la discriminación.
«El sistema sanitario público de Andalucía velará por la erradicación de las prácticas de asignación de sexo en bebés recién nacidos atendiendo únicamente a criterios quirúrgicos y en un momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida, todo ello con la salvedad de los criterios médicos basados en la protección de la salud de la persona recién nacida». ¿Cómo se explica esto a una familia con un bebé en estas circunstancias?
Esta medida no es incompatible con el trato que una familia dé a la persona recién nacida. Hace más referencia al rígido sistema burocrático civil y a cómo condiciona posteriormente la vida de las personas que tienen un sexo sentido diferente al que se le ha atribuido al nacer. Lo que se pretende es flexibilizar que una persona, en el momento en el que decide cuál es su identidad sexual, pueda hacerlo sin mayores obstáculos administrativos.
Hasta el momento, Podemos sólo ha conseguido iniciar la tramitación de una ley en Andalucía, la ley de senderos. ¿Qué perspectivas tenéis con esta?
Muy buenas porque la ley viene de los colectivos, que están pidiendo el apoyo de todos los grupos. Y esperamos que la Ley de Senderos haya sido un punto de inflexión en un Parlamento que estaba paralizado. Además, esta misma semana, la presidenta del grupo, Carmen Lizárraga, ha asegurado, haciendo balance de la legislatura, que Podemos ha ganado en capacidad de diálogo en la Cámara autonómica, que a lo largo de este año han ido aprendiendo, y que eso mejora las posibilidades.
