¿Sabías que le acabamos de dar entre todos 470 millones de euros a Telefónica, Iberdrola y Repsol? Muy poco eco está teniendo la nueva ayuda pública que han recibido (así como la que van a seguir recibiendo) las grandes empresas europeas, y entre ellas las españolas. Una cuantiosa ayuda en forma de dinero público cuyos riesgos están siendo y serán asumidos por todos nosotros, los contribuyentes europeos. Parece una broma de mal gusto, pero no lo es: en una época de profundo estancamiento económico, en el que los niveles de paro están tan elevados y la desigualdad social rompe nuevos récords, resulta que el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido dar ayudas a las grandes empresas europeas (que son precisamente quienes menos ayuda necesitan) mientras las familias, autónomos y pequeñas empresas (los agentes económicos más necesitados) observan con estupefacción cómo son excluidos de las ayudas y prácticamente ignorados por los poderes públicos europeos. Pero el colmo de los colmos es que estos colectivos golpeados por la crisis son precisamente quienes acaban pagando en parte las ayudas a las grandes empresas.
El pasado 8 de junio el BCE, en el marco de su programa de compra de activos, comenzó a crear dinero (de la nada, pues tiene esa competencia) para comprar bonos de empresas privadas. Esto es algo que ya llevaba haciendo con los bonos públicos y otros pocos activos privados desde el 9 de marzo de 2015 a razón de 60.000 millones de euros mensuales, cuya cantidad fue ampliada en abril de 2016 a 80.000 millones. Pero en esta ocasión la novedad ha sido que el organismo ha comenzado a comprar deliberadamente bonos de empresas privadas del ámbito productivo (y, por lo tanto, no financiero –salvo algunas excepciones–) que tengan un rating superior al bono basura respaldado por una agencia de calificación y cuyo vencimiento oscile entre los 6 meses y los 31 años. Estos requisitos han conllevado que sean las grandes empresas las principales beneficiarias de estas ayudas, puesto que las pequeñas y medianas empresas (especialmente las españolas) no suelen financiarse a través de bonos sino a través de créditos y porque, de hacerlo, no suelen tener un rating respaldado por una agencia de calificación.
Un bono sirve para obtener financiación: la empresa en cuestión crea un bono y pide cambiarlo por una cantidad de dinero. Si alguien decide comprar el bono, éste entregará el dinero correspondiente, y esperará a que pase el tiempo establecido para devolver el bono y recuperar su dinero más unos intereses (aunque también puede intercambiarse ese bono con otros agentes económicos antes de que se cumpla el plazo). En esencia es como un crédito, aunque las características de comercialización y su propia naturaleza sean diferentes.
¿Qué supone entonces todo esto? Pues que desde el 8 de junio a las grandes empresas productivas europeas les ha salido muchísimo más barato que antes obtener financiación. El BCE ofrece unos tipos de interés prácticamente irrisorios, más bajos de los que obtendrían sin esta ayuda pública. Pero es que hay más: ¡El BCE también compra bonos con tipos negativos! Lo que quiere decir que el BCE, por prestar dinero, pagará intereses en vez de cobrar. Un chollo absoluto para estas empresas y las propietarias de los bonos; una ayuda pública de dimensiones mastodónticas.
Desde el inicio de este programa hasta la actualidad, el BCE ha ejecutado 440 compras de bonos de empresas europeas por valor de 10.427 millones de euros (con un vencimiento medio de 5,8 años y un rating promedio de BBB+). El 29% de las compras han beneficiado a empresas alemanas, otro 21% a empresas francesas, un 13% italianas y un 9% españolas. El 29% de estas empresas privadas ofrecen servicios públicos (abastecimiento de agua, infraestructuras, etc), el 25% ofrecen productos de consumo, el 11% son del sector de comunicaciones, y el 7% del sector financiero. La mitad de todas las ayudas a empresas españolas (470 millones) las han recibido sólo tres corporaciones: Telefónica, Iberdrola y Repsol. Otras empresas españolas destacadas que se han visto beneficiadas por este movimiento han sido Gas Natural, Red Eléctrica, Enagás, Abertis, Mapfre y Redexis. Otras empresas no españolas destacadas son Siemens, Renault y Anheuser-Busch (la mayor cervecera del mundo). Como se puede ver, todas son empresas altamente necesitadas de ayudas públicas.
Además, la doble vara de medir de la Unión Europea con respecto a lo público y lo privado es espectacular: no financia directamente a los Estados y a las administraciones públicas (lo tiene prohibido por su artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) alegando que los gobernantes pueden hacer un uso irresponsable del dinero, pero abre el grifo a mansalva para que las grandes empresas productivas se financien de la forma más barata posible. ¿Hemos de suponer entonces que los directivos de las empresas privadas son muy responsables con el dinero? No es eso lo que se desprende de diversos estudios de consultoras como KPMG, que cifran en un 5% del PIB mundial las cantidades que roban los directivos a sus propias empresas; esa corrupción 100% privada de la que nunca se habla.
Pero es que, en cualquier caso, ¿qué es esto de que el dinero público del BCE, cuyos riesgos al fin y al cabo recaen entre todos los contribuyentes europeos, se utilice única y exclusivamente para ayudar a las grandes empresas productivas? ¿Por qué no se ayuda también y sobre todo a las pymes, autónomos o incluso familias? ¿Cuándo nos han preguntado si queremos dar ayudas públicas a empresas tan colosales como Iberdrola o Siemens?
Preguntas indignantes que nos conducen siempre a la misma respuesta: ésta no es la Unión Europea de los pueblos, sino la Unión Europea del gran capital productivo y financiero, que antepone sus beneficios a las condiciones materiales de vida de la mayoría de su población.
