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A por el dinero oculto: las amnistías fiscales en el mundo

Varios países están facilitando la regularización de dinero para evasores fiscales a través de amnistías fiscales, pero las condiciones varían mucho. Del 3% en España al 30% en Brasil y la autodenuncia en Alemania

El despacho de Mossack Fonseca en Panamá.

Thilo Schäfer

13 junio 2016 Una lectura de 5 minutos

MADRID // La amnistía fiscal ha sido un instrumento muy frecuente en muchos países del mundo para facilitar el afloramiento de capitales ocultos. Se han hecho infinidad de amnistías en las últimas décadas con condiciones y resultados muy dispares. El objetivo principal es siempre recaudatorio, una forma para que el Estado pueda registrar unos ingresos extras inmediatos, además de consolidar las bases imponibles del capital aflorado para que tribute en los años siguientes.

Sin embargo, esta medida siempre suscita polémica. Para que los evasores se apunten a una amnistía fiscal, en la mayoría de los casos, hay que ofrecerles algún incentivo. Puede ser una rebaja del tipo de impuesto que tienen que pagar o simplemente librarse de una persecución judicial. Casi siempre parece injusto a la gran mayoría de contribuyentes honestos, por lo cual los expertos advierten de que las amnistías pueden socavar la moral tributaria de la ciudadanía.

Otro problema es que las amnistías fiscales pueden animar a la evasión de impuestos, sobre todo si se hacen con demasiada frecuencia. La gente que decide ocultar su dinero en el extranjero especula que, pronto o tarde, su gobierno hará una amnistía que les permitirá repatriar el capital sin penalización.

La amnistía fiscal del Gobierno del Partido Popular en 2012, la tercera en democracia tras otras dos durante el mandato del socialista Felipe González, fue también controvertida. Inicialmente se ofreció a los beneficiarios de la medida que pagaran un 10% sobre todo el capital aflorado, pero a final la media de tributación ha sido del 3% porque sólo se gravaban las plusvalías generadas y no la cantidad total del dinero repatriado (45.000 millones). En consecuencia, la recaudación fue la mitad de lo esperado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, unos 1.200 millones de euros.

A los que se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 se les garantizó el anonimato, pero se han llegado a conocer varios casos, los últimos por los Papeles de la Castellana, una investigación de La Marea con elDiario.es y Diagonal a base de documentos llegados al buzón Filtrala.

El miedo creciente a ser descubierto, acentuado por el robo de ficheros en bancos o filtraciones como los Papeles de Panamá, junto a una mejor cooperación entre las haciendas nacionales ha aumentado la presión para que los evasores se acojan a la posibilidad de regularizar su dinero.

Éstos son algunos casos de las últimas amnistías fiscales:

Argentina: El gobierno del presidente conservador Mauricio Macri acaba de anunciar una amnistía para que los argentinos afloren su dinero oculto. Pagarían un impuesto del 10% al 15% sobre el total del capital, según el plazo al que se acogen.

Brasil: En marzo, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores -que ha sido destituida temporalmente- aprobó una amnistía fiscal que exime a los evasores de la persecución judicial a cambio de pagar una multa del 30%.

Grecia: Atenas ha intentado en varias ocasiones incentivar la repatriación de las enormes cantidades de dinero que ocultan los griegos ricos en el extranjero, especialmente en Suiza, pero con poco éxito. Ahora, el Ejecutivo de Alexis Tsipras está ultimando una nueva amnistía fiscal para lograr ingresos extras para las maltrechas arcas públicas. Esta medida podría incluir la impunidad y un impuesto de más del 15%, según contaron fuentes del Gobierno de la formación de izquierda Syriza a la agencia Bloomberg.

Italia: En lo que va de siglo, se han hecho nada menos que cuatro amnistías fiscales con resultados mixtos. La penúltima, del exprimer ministro Silvio Berlusconi en 2010, logró aflorar 85.000 millones de euros, la inmensa mayoría procedentes de cuentas en Suiza. A este dinero se le aplicó un impuesto del 5% -el 6% para los que lo declararon más tarde-, lo cual generó al Estado 5.800 millones de euros. El año pasado, el Gobierno de centroizquierda de Matteo Renzi superó sus expectativas al recuadar 4.000 millones de euros en impuestos sobre capitales aflorados en el marco de otra amnistía fiscal. El beneficio para los evasores esta vez sólo consistió en librarse de sanciones penales. Ahora, Renzo está pensando en abrir otro plazo para que los defraudadores regularicen su fortuna.

Alemania: Con el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder se hizo una amnistía fiscal en 2005 que se quedó muy lejos de sus objetivos. El Estado ofrecía impunidad y un tipo del 25% sobre el capital aflorado en el primer año y del 35% en el segundo antes de cerrarse el plazo. Sólo recaudó 1.400 millones de euros frente a los 5.000 millones que se había calculado.

Desde entonces, Alemania tiene una especie de amnistía fiscal permanente. Los evasores tienen la posiblidad de autodenunciarse (Selbstanzeige) ante Hacienda en cualquier momento. La condición es que no serán investigados por los inspectores y deben presentar todos los detalles de su dinero oculto. El exdirigente del FC Bayern de Múnich, Uli Hoeness, acabó en la cárcel pese a haberse autodenunciado porque no declaró todo su dinero oculto en un primer momento.

Bajo esta fórmula, el evasor confeso paga todos los impuestos que debe, más un interés de demora del 6% y una multa del 5%. No sale nada barato pero a cambio el defraudador se libra de una posible condena. El año pasado se endurecieron las condiciones. A las cantidades defraudadas de más de 100.000 euros se aplica una multa del 15% y hasta un 20% a partir de un millón.

Anticipando el cambio, el número de autodenuncias se disparó en 2015. Pero incluso en el primer trimestre de este año, las agencias tributarias de los 16 Estados federados contaron 1.270 casos. A ello contribuyó el efecto pánico por la polémica compra de datos de clientes bancarios en Suiza en los últimos años. Varios Estados federados con competencia en materia fiscal adquirieron ficheros informáticos supuestamente robados por dinero. Los críticos en Alemania piensan que la administración pública, de esta forma, se hace cómplice de un delito, que es el robo de datos. Los partidarios, sin embargo, argumentan que la compra es justificada por el fin de destapar a otro delito que es la evasión fiscal.

Cada vez que salta una noticia sobre un fichero robado, se disparan las autodenuncias porque los defraudadores temen que sus nombres podrían estar en los ficheros. El ministro de Finanzas de Renania del Norte-Westfalia, el mayor de los länder alemanes con 17 millones de habitantes, admite que su gobierno se ha gastado dos millones de euros hasta hoy en la compra de datos robados. A cambio obtuvo 2.100 millones de euros en recaudación de impuestos y multas. “La cantidad de autodenuncias obviamente es consecuencia de la compra de datos”, afirmó Norbert Walter-Borjans en una reciente entrevista con el diario Westdeutsche Zeitung. En todo el país, se embolsaron 18 millones de euros para comprar ficheros extraviados de bancos extranjeros, lo cual generó ingresos de 6.000 millones, según el ministro del Partido Socialdemócrata (SPD).

Revelaciones como los Papeles de Panamá incrementan aún más la presión, opina Walter-Borjans. “Con cada filtración aumenta el riesgo para los defraudadores de estar entre los datos destapados. Recomiendo a todos autodenunciarse ahora antes de que sea demasiado tarde”.