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Las voces de la memoria: “No quisiéramos morirnos más, aprueben la ley antes, por favor”

Víctimas del franquismo, familiares, asociaciones, sindicatos, investigadores y juristas exponen en el Parlamento andaluz su visión sobre la futura norma, fundamentada en las recomendaciones de la ONU y mucho más avanzada que la estatal.

Olivia Carballar

22 abril 2016 Una lectura de 8 minutos

Paco Marín ha muerto. Tenía más de 90 años. Fue escuchado por primera vez por la justicia (argentina) hace apenas dos. Paco Marín ha muerto. Sin recuperar los restos de su padre, fusilado en 1936 en las tapias del cementerio de Sevilla. Sin que el Estado haya reconocido su lucha. Paco Marín ha muerto. “Han muerto muchas criaturas sin tener esa satisfacción de poder ver los restos de nuestros familiares, no quisiéramos morirnos más, a ver si es posible que este problema se solucione antes, por favor”, pidió este jueves en el Parlamento andaluz Antonio Romero, otra víctima del franquismo, otro niño que creció con dolor, otro español que no supo cómo había fallecido su tío Miguel, panadero, y siete familiares más hasta sesenta años después de aquellos crímenes. Que no han prescrito. Que siguen impunes. “Queremos una ley basada en la justicia internacional, que solucione este problema y que lo haga de manera constructiva, mirando al futuro. Y pediría con toda mi alma que esa ley saliera por unanimidad. Porque la unanimidad lleva la paz a la ciudadanía. La prueba más evidente de la confrontación política es que llevamos 80 años con esa dinámica. No queremos represalias, sino que este país civilizado supere de una vez este problema tan enorme que ha tenido, fortalezcamos la democracia. Por favor, póngase de acuerdo y aprueben la ley por unanimidad, por favor”, rogó a los diputados de la Comisión de Cultura, donde víctimas, familiares, asociaciones, sindicatos, investigadores y juristas, en una jornada intensa y muy esperada, expusieron su visión sobre la futura norma andaluza. El proyecto de ley, sustentado en las recomendaciones de la ONU y mucho más avanzado que la norma aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sigue su curso parlamentario sin ninguna enmienda a la totalidad.

Con más o menos críticas, la mayoría de los participantes manifestaron su apoyo a la ley, que obliga al Estado, en este caso a la Junta, a asumir las exhumaciones, hasta ahora realizadas por las propias familias. «¿Imaginan lo que sería poner fin a la angustia de tres generaciones?», lanzó Juan José López, nieto de fusilado y autor de un libro en el que concluye que sólo en El Madroño, un pueblo de Sevilla, fueron asesinados el 5,5% de los habitantes. «Mirar atrás es necesario. Esto no es una ley para abrir heridas, como le he oído decir incluso al presidente del Gobierno. Las heridas se van a cerrar, hay que hacer un país sin fosas. Yo soy hija de vencedores, nieta de vencedores, sobrina de vencedores… Pero nunca me he sentido de los vencedores porque los que perdimos siempre fuimos los ciudadanos», afirmó la abogada Cristina Almeida, que intervino por la Asociación de la Memoria Social y Democrática (Amesde). «Yo, que vengo de un pueblo de Badajoz, que leía a Antoñita la fantástica, que pasé de Primo de Rivera a Franco ya crecidito, dediqué mi tiempo como abogada a conseguir la democracia. Defendí a muchísimas personas, a presos políticos. Y cuando ya no me necesitaban más que para reírse, me empecé a acordar de otra gente que había muerto, gente que en silencio había ayudado a la lucha por la democracia», añadió con un recuerdo especial a Ascensión Mendieta, quien con 90 años ha conseguido por fin abrir la fosa de su padre. También gracias a la justicia argentina. Es, insistió el antropólogo Juan Miguel Guijo, una cuestión de justicia, no de venganza.

Según el filósofo e investigador Manuel Reyes Mate, se trata de un proyecto obligado: «La transición hizo lo que pudo, hay que tratarla con justicia, pero es verdad que quedaron pendientes muchas tareas. No se pueden construir políticas sobre las víctimas y eso nos obliga a tomarnos en serio el sufrimiento de todas ellas, que son inocentes. Sin memoria no hay conocimiento, por eso la educación en valores pasa necesariamente por la memoria». La inclusión de la memoria histórica en las escuelas, en los institutos y en las universidades, un aspecto que también aborda el proyecto, fue otra de las cuestiones que suscitó más consenso. «Soy docente. Y si no entra un relato eficaz, científico y riguroso de lo que fue el periodo desde la República a la Transición, habremos perdido la batalla de la memoria para siempre», admitió Luis Naranjo, el exdirector de la Dirección General de Memoria Democrática, el departamento del que salió el armazón del texto ahora en tramitación, entonces gobernado por IU.

«Una cosa es ideologizar y otra ocultar realidades«, respondió la catedrática de la Universidad de Huelva Encarnación Lemus al diputado del PP que cuestionó la inclusión de la memoria en el sistema educativo, Juan Ramón Ferreira. Lemus puso como ejemplo una anécdota. En una fiesta de cumpleaños, hace dos semanas, surgió la palabra dictadura unida al franquismo: «La niña que cumplía años se sorprendió de que hubiera existido una dictadura. Hitler es un dictador, Mussolini es un dictador. ¿Y Franco? ¿Nada? El discurso de la nada tiene que ser desterrado. Qué fracaso como profesora que una niña de 15 años no sepa que en España ha habido una dictadura».

Los investigadores de la Universidad de Sevilla Miguel Vázquez y Custodio Velasco incidieron, además, en la necesidad de crear una cultura de la memoria histórica y unir las políticas de memoria a las políticas de comunicación. «Podemos hacer muchas jornadas en las universidad pero es importante la participación de los medios. Y tenemos que ver cómo incluirlos en el proceso. Qué papel tendrá, por ejemplo, Canal Sur, el Consejo Audiovisual, el Centro de Estudios Andaluces, si se reflejará en la Ley Audiovisual…», sugirió Vázquez.

Los puntos en discusión

Las críticas más repetidas apuntaron directamente al corazón de la norma: las exhumaciones y la falta de presupuesto para llevarlas a cabo. «El principio general de la exclusividad de la Administración para intervenir significa la subordinación absoluta de los familiares. Además, habría que preguntarse si la Junta tiene la capacidad suficiente para absorber las demandas para exhumar las fosas. La ley no puede ser tan restrictiva y debería permitir las actuaciones particulares siempre que acrediten profesionalidad y rigor«, denunció Santiago Fernández, miembro del grupo de trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía (RMHSA). Su familia realizó una exhumación sin el apoyo de ninguna administración. El proyecto, tal y como está redactado ahora mismo, prevé multas de hasta 150.000 euros por la realización de excavaciones sin la autorización de la Junta, una actuación tipificada como falta muy grave. Teniendo en cuenta que en Andalucía existen más de 600 fosas, el grupo de trabajo calcula que su resolución puede abarcar entre los cincuenta y setenta años. Si se quiere, se puede, vino a resumir el coordinador del grupo, Cecilio Gordillo, que hizo un repaso por distintos pueblos donde se exhumaron cuerpos y se retiraron nombres franquistas del callejero a finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando gobernaba la UCD: «Entendemos que ni dos presidentes del Gobierno estaban fuera de la ley ni más de 100 alcaldes de España tampoco estaban fuera cuando animaron o incluso protagonizaron esas intervenciones».

«Hay una marginación de las familias en el proceso y una falta de transparencia«, insistió el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Ronda, Francisco Pimentel. Santiago Fernández también denunció que ahora las exhumaciones se conciben como algo hermético, lo que «deteriora la función del movimiento memorialista y elude la función pedagógica de experiencias anteriores».

También hubo coincidencia entre varios grupos en el rechazo a la fecha elegida por la Junta para homenajear a las víctimas del franquismo, el 14 de junio, que se refiere a la primera exhumación que se hizo de manera pública en Andalucía, en el verano de 2003 en Lecrín (Granada). «La fecha tiene que ser el 18 de julio«, pidió desde la asociación Nuestra memoria María Luisa López, quien manifestó su más absoluto rechazo a que las políticas de memoria estén gestionadas por la Consejería de Cultura, en vez de por Justicia: «Los nuestros, los que están en las cunetas, en los caminos, en los pozos, en los cementerios… no son fenicios ni griegos». El periodista Francisco Vigueras, de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, también incidió en la cuestión: «Tiene que ser una ley transversal. No hay que buscar restos arqueológicos, sino dar respuesta a la violación de los derechos humanos». Vigueras recordó su visita al Parlamento el pasado febrero, durante el debate de totalidad de la ley, junto a dos víctimas del franquismo: «Era la primera vez que venían y se fueron indignados y decepcionados por la actitud del PP, que vio innecesaria la ley«.

En esta jornada, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, invitado por el PP, también cuestionó la necesidad de una norma andaluza: «Hay un exceso de producción legislativa. Ya hay una ley de memoria estatal. Esta ley, además, va más allá de la estatal y no debe ser así desde el punto de vista jurídico. Andalucía no tiene competencias para una ley de este calado, con un talante que carga mucho las tintas en una parte de la ciudadanía en detrimento de otra, y no quiero hablar de colores. Creo que la estatal es mas conciliadora y recoge más el espíritu de la Transición, respetando la ley de amnistía».

Hubo también otras intervenciones contrarias a derogar la ley de amnistía, como Eduardo Saborido, uno de aquellos presos políticos del Proceso 1001 defendidos por Almeida: «Mi etapa no se siente representada en este proyecto de ley. Tampoco reconoce la lucha de los sindicatos y el movimiento estudiantil, muy importante porque entonces quienes estudiaban eran los hijos de papá, no los hijos de los obreros. Y fueron ellos los que comenzaron la reconciliación y pusieron en contradicción al régimen franquista. Por eso la ley de amnistía, pilar de la democracia, pactada entre todos, debe seguir vigente», dijo el exdirector de la Fundación Centro de Estudios Sindicales de CCOO. Almeida también se refirió a ello: «¿Cómo vamos a hacer otra Transición? Ya se hizo como se pudo. Ahora hay que hacer una regeneración democrática. No hay que anular ninguna ley de amnistía, hay que aplicarla. Y no se puede aplicar la ley de amnistía para unos delitos imprescriptibles. Me siento muy orgullosa de haber trabajado en esa ley, y los que salieron de la cárcel con ella también deben ser recordados en esta norma andaluza».

Los bebés robados y las mujeres

La presidenta de la Asociación por la lucha de madres de bebés robados en Andalucía (Alumbra), María Bueno, puso el énfasis en las mujeres, aquellas víctimas sobre las que el régimen franquista ejerció una represión específica: «Hubo un ataque sistemático contra una parte de la población, las más vulnerables, las mujeres y los niños, y sobre todo las madres solteras. Yo concibo la memoria desde la reconciliación pero desde el enfado más visceral, porque como no arranquemos desde las propias vísceras este ley, seguirá siendo una ley más. Yo creo en todos ustedes. Cuando se trata de la verdad no hay colores».

Varios comparecientes reclamaron, además, una comisión de la verdad, entre ellos María Garzón, hija del juez que intentó investigar, sin éxito, los crímenes del franquismo en España: «Esperamos que el Parlamento andaluz pueda acercar al Estado a un clamor que es de muchos, pero que sobre todo es justo: saciar el derecho a la verdad«. Como la que buscaba Paco Marín. «El más pesado de todos nosotros, y murió anoche sin haber podido enterrar a su padre. Esta ley llega tarde para él», recordó Concha Morón, de la Asociación Memoria Histórica de Huelva. Paco Marín ha muerto. Que todo el mundo lo sepa.

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